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A partir del proyecto de ley que presentaron los diputados Guillermo Martinelli y Jorge Guaymás, se instaló el debate en torno de la sindicalización policial. Se trata de una propuesta progresista y democrática, que mira hacia el futuro. El gobernador, Juan Manuel Urtubey, se mostró totalmente en contra y dijo que para discutir el tema, primero hay que modificar la Constitución Provincial. Martinelli aseguró que no encontró ninguna razón de orden constitucional sobre este tema. “Me parece que el señor gobernador lee una Constitución distinta a la que leo yo”, analizó el diputado en diálogo con El Tribuno.
¿En que estado se encuentra el proyecto que presentaron?
Está en estado de hibernación, oficialmente no se tocó el tema todavía, pero sé que muchos legisladores están estudiando esta situación, en forma individual. Están viendo cosas que son positivas, que las están descubriendo, que esto es posible y que esto es legal.
El gobernador Urtubey se mostró totalmente en contra...
La verdad que escuché algo, como eso del señor gobernador, y me parece que lee una Constitución distinta a la que leo yo. La Constitución Nacional y la Constitución Provincial nada de eso dicen. Por el contrario, la Nacional establece la sindicalización libre. Significa para todos, que pueden agremiarse y no pone ningún requisito para agremiarse. Dice que deberán inscribirse en un registro y nada más. Es decir que lo pueden hacer. No hay ninguna mengua ni menos limitación para que las fuerzas policiales o penitenciaria puedan sindicalizarse.
¿Qué dice la Constitución Provincial?
La Constitución Provincial, en su articulo 65, todavía es mucho más enfática en que el empleado público pueda sindicalizarse. Garantiza la sindicalización y no pone ninguna limitación. La Policía es una organización civil y, como tal, está dentro de lo que precisamente ambas constituciones hacen posible que los trabajadores, tanto policía como penitenciario, puedan buscar los mecanismos para garantizar su mejor trabajo, el derecho que les corresponde, al progreso que aspiran, estar representados en las negociaciones colectivas y salariales. Todo eso hoy le está negado a la persona que precisamente hace un trabajo muy importante, que es la seguridad de la provincia y de sus habitantes. No encontré ninguna razón de orden constitucional sobre este tema.
¿Hay algún impedimento de otro orden?
El único impedimento que hay en la provincia de Salta no es constitucional, sino que es legal. El de la ley 6193, que en su artículo 28 dice que los policías no pueden realizar actividades gremiales. Esta ley es de noviembre de 1983 y la promulgó el contador José Edgardo Plaza, el último de los gobernantes del Proceso que tuvo Salta. Dejó instaladas dos leyes. Una, la ley orgánica de la policía y la otra la ley de personal policial. La primera fue derogada y se dictó una ley orgánica conforme a los parámetros actuales legales y funcionales de las sociedades modernas. Queda la ley 6193, postergando los derechos de los trabajadores como por ejemplo ese artículo que impide la actividad gremial como impide también otro tipo de actividades, entre ellas la de hacer política y es un tema que también habrá que revisar. Entonces, desde el punto de vista constitucional no tenemos ninguna limitante y desde el punto de vista legal, las cámaras de Diputados y de Senadores están habilitadas para el tratamiento. Y esto que dejó el proceso, que no es bueno, tenemos la obligación de revisar y de cambiar.
El debate ya se instaló
Creo que más tarde o más temprano, la Policía va a tener su régimen sindicalizado formalmente, reconocido por las autoridades nacionales y por cierto también por las provinciales. Pero hay pensamientos que están atados más al pasado que al presente y eso impide realmente ponerse al frente de la situación que ocurre.
¿La sindicalización policial es tabú?
Creo que hay una premisa desconocida por parte de algunos que opinan del tema. Piensan que ser afiliados a un gremio pareciera que fuera significado del desorden, de anarquía, de desorganización. Es absolutamente al revés. Yo no imagino ninguna fábrica en que no haya orden ni disciplina y el poder de orden y disciplina lo sigue teniendo, de acuerdo a nuestra ley, el empleador.
Contribuirá a una plena seguridad
El superior cree que perderá autoridad...
Si un trabajador, en cualquier estado que estuviera y comete un error, un hecho antidisciplinario, debe ser sancionado conforme las leyes. En la Policía es exactamente igual. No significa que el superior no tenga autoridad, la van seguir teniendo todos en la pirámide con que se maneja en función del cumplimiento de órdenes por parte de las instituciones policiales. Soy un convencido de que un trabajador satisfecho, bien reconocido, tiene producción para la empresa. También estoy convencido de que cuando tengamos policías que sean escuchados, que puedan discutir sus derechos, que no haya abusos en ellos, cuando esté realmente satisfecho con lo que hace y como lo tratan, vamos a tener una mejor y una mas plena seguridad en la provincia.
Es importante el debate.
Es importante conocer voces en favor y en contra y hacer lo necesario para que la sociedad toda tome conocimiento.
Muchos países en el mundo tienen sindicalizada la policía. Uruguay, España, Francia, Portugal, Malta, Irlanda, Italia, Alemania, Bélgica, Chipre, Hungría, Polonia, Bulgaria, República Checa y algunos estados de los Estados Unidos.
No podemos decir que son países con desorden en la organización de estas entidades y menos de la seguridad. Hay que sacarse la modorra intelectual de esto y ponerse al frente de lo que son los derechos.
Lo más difícil no es lo que hacen las leyes que pueden transformar a través de las letras, sino lo más difícil es transformar a través de los hechos.