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La Sociedad Interamericana de Prensa formuló una severa advertencia al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, en relación con sus acusaciones y las de sus colaboradores acerca de imaginarios vínculos de El Tribuno con la delincuencia y el narcotráfico. En una carta fechada el 11 de septiembre de 2013, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, invita a Urtubey a “no extender descalificaciones difamatorias con el objetivo de desprestigiar y restar credibilidad a un medio de comunicación”. En el texto, el representante de la SIP reclama que “se garantice el pleno derecho a la libertad de prensa y se incentive la tolerancia ante informaciones, opiniones o críticas periodísticas”.
El contexto
El cuestionamiento de la SIP se refiere, puntualmente, a la acusación del doctor Urtubey cuando, en mayo de este año, vinculó a El Tribuno con el narcotráfico. Los ataques del gobierno provincial contra El Tribuno comenzaron hace tiempo como reacción frente a informaciones acerca del deterioro de la educación, la salud, la vivienda y el empleo, publicadas por el diario y que nunca pudieron ser desmentidas.
En mayo de 2011, cuando dos oficiales policiales de alto rango fueron detenidos en un operativo que incluyó drogas, tráfico de dinero y torturas contra detenidos, en un caso que dejó al descubierto graves fisuras en el sistema de seguridad de la provincia, el gobernador Urtubey, secundado por el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, encabezó una campaña de injurias destinada a acallar al diario.
Poco después, tras un informe elaborado por los corresponsales donde se consignaba el faltante de patrulleros en todo el territorio provincial, la Policía de la provincia emitió un comunicado donde acusó a El Tribuno y de alentar "a los malechores” (sic), de dar una “opinión antidemocrática y tendenciosa” y de “provocar desestabilización social”. Sin embargo, en ningún momento desmintió la información.
En mayo de este año, la irritación por la publicación de una foto de Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador, haciendo campaña electoral a bordo del helicóptero provincial, llevó el agravio al extremo.
Fue entonces cuando Urtubey y el ex ministro de Gobierno y Seguridad Pablo Kosiner (responsable directo de los dos narcopolicías al momento del operativo de 2011) acusaron a El Tribuno de vínculos con el narcotráfico.
Sipro Argentina 11 Sept by El Tribuno
Un llamado de atención en defensa de derechos elementales de los ciudadanos
Por Francisco Sotelo
La nota de la comisión de Libertad de Prensa de la SIP pone de relieve la gravedad de los ataques del gobernador Juan Manuel Urtubey y algunos de sus colaboradores contra El Tribuno.
En la cultura democrática, tales actitudes son anacrónicas, inconcebibles y nada más que un reflejo de intolerancia.
Todo gobernante tiene el derecho y el deber de defender su gestión, pero no puede pretender controlar la edición de la prensa independiente.
Los diarios cuentan la realidad como la ven; habitualmente, en esa realidad aparecen muchas cosas que al gobernante le gustaría omitir, pero el sistema republicano y democrático fue concebido, justamente, para que el debate publico gire sobre los datos de la realidad y no esté regido por el capricho de quien ejerce circunstancialmente el poder. Esta es la diferencia entre nuestro sistema y las monarquías absolutistas o las teocracias inquisidoras.
La descalificación de El Tribuno fue una constante, que apareció como respuesta a la publicación de hechos graves como las muertes de niños por mala atención en los hospitales públicos, el deterioro del sistema edilicio, que provocó tragedias como la del Hogar Escuela, las sospechas de enriquecimiento ilícito de los principales funcionarios, la negligencia frente a fenómenos como la sequía y las heladas en el área productiva y la inacción ante el crecimiento constante del delito y la violencia social.
La misma actitud puso de manifiesto el Gobierno frente a los cuestionamientos por la reforma del Código Procesal Penal y a la designación como fiscales a personas que habían tenido manifestaciones incompatibles con los derechos humanos, los derechos de la mujer y la integridad de los menores de edad.
Las injurias pronunciadas personalmente por el gobernador Urtubey comenzaron en setiembre de 2010, cuando en ocasión de la Expocruz, en Santa Cruz de la Sierra, el delegado regional del Zicosur informó que la provincia de Jujuy había quedado establecida como cabecera de los intercambios comerciales en la región, a través del Paso de Jama. Fue entonces cuando Urtubey, a través de una de las páginas oficiales, afirmó: “El Tribuno miente”. La realidad, no obstante, se ocupó de dar la razón al diario y desmentir al mandatario.
A partir de diciembre de 2012 fue evidente que la campaña electoral del oficialismo se iba a centrar en el agravio contra la familia Romero y contra El Tribuno y contra los periodistas del diario. Esto se puso de manifiesto no solamente en las expresiones de Urtubey y sus colaboradores, sino también en la estrategia mediática financiada con los recursos presupuestarios.
Fue alarmante la declaración del gobernador cuando le pidieron que fundamentara sus acusaciones de narcotráfico y apeló a una frase típica de los gobiernos dictatoriales: "lo leí en un libro y, cuando el río suena...", dijo. En 1976 se decía "algo habrán hecho".
Para la SIP, la cuestión trasciende a la provincia; considera, en cambio, que la conducta de Urtubey lo encolumna dentro de las tendencias autoritarias que, en particular en algunos países de Latinoamérica, tratan de construir su poder eliminando las voces disidentes. Vislumbra, entonces, en las expresiones del gobernador salteño, una amenaza grave para el derecho de los pueblos a informarse y a contar con una pluralidad de voces y opiniones.