Primer revés judicial que se puede repetir. Ayer la Justicia procesó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno -el funcionario más polémico y duro de la Casa Rosada-, en la causa que le iniciara hace dos años una consultora que él multó con medio millón de pesos por publicar una inflación superior en más del 100% a la que calcula el Indec.
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Primer revés judicial que se puede repetir. Ayer la Justicia procesó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno -el funcionario más polémico y duro de la Casa Rosada-, en la causa que le iniciara hace dos años una consultora que él multó con medio millón de pesos por publicar una inflación superior en más del 100% a la que calcula el Indec.
“Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” son los delitos que caratulan la causa iniciada el 11 de marzo de 2011 por la consultora Finsoport, del economista y exviceministro de Economía Jorge Todesca, contra Moreno y otros funcionarios, a raíz de la multa que le aplicaron para impedirle que publicara su cálculo del índice de precios al consumidor.
Según fuentes judiciales, el fallo del juez federal Claudio Bonadío incluyó un embargo de 50.000 pesos sobre los bienes de Moreno, y lo eximió de la prisión preventiva.
También fueron procesados y embargados dos subordinados de Moreno: el director nacional de Comercio Interior, Fernando Carro, y el director nacional de Lealtad comercial, Adalberto Guillermo Rotella, en tanto que un tercero, Guillermo David, resultó sobreseído.
Los delitos que el juez imputa a Moreno y dos colaboradores (abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público) suyos figuran tipificados en el artículo 248 del Código Penal de la Nación y están castigados con “prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo”.
Correlato con la realidad
A raíz de comparaciones que hizo entre los índices de precios evaluados por la consultora Finsoport y los que calculan varias provincias, el juez Bonadío sostuvo que los privados “hallan correlato con la realidad, extremo que a la luz de la información colectada, es indiscutible”.
“Queda claro que la supuesta falta de seriedad técnica o de la cantidad de medios utilizados por las consultoras en general y de Finsoport S.A. en particular, de cara a la obtención del IPC -o aún su deliberada falsedad-, se diluye ante lo concreto de la similitud de los guarismos inflacionarios comparados, los cuales no pueden suponerse obtenidos mediante un proceso de simple adivinación sino con una técnica que, a la luz de sus resultados, permitió arribar a la paridad de resultados estadísticos antes establecida, aun teniendo en cuenta la necesaria diferencia de infraestructura que media entre una consultora privada y un ente público”, añadió el magistrado.
En la denuncia, Todesca había asegurado que su empresa fue víctima “de una ilegítima e ilegal sanción pecuniaria. Estas sanciones “importaron pretender obturar la labor profesional de los expertos de las ciencias económicas a fin de intentar intimidarlos de modo tal que no difundieran ningún informe micro, macroeconómico o de ninguna índole que difiriera de los que proporciona el gobierno central”, señaló.
“Intención maliciosa”
En su fallo, el juez Bonadío aseguró que Moreno y sus segundos quisieron “silenciar a Finsoport SA” impidiéndoles que publicaran los índices que elaboraban, y para ello “excedieron las facultades de las cuales disponían y “sin mensura alguna en cuanto al medio elegido”.
A Finsoport “se la multó con el máximo de la previsión de la norma invocada ilegalmente, y cuando tal intención incluso es tangencialmente reconocido por los propios responsables -solo que justificándolo en una visión subjetiva y arbitraria de la cuestión-, no es mucho lo que a ello puede agregarse”, añadió.
“La arbitrariedad de los funcionarios y su intención maliciosa también se trasluce en la violación al derecho de los particulares a exponer sus opiniones (que no es otro que el derecho a la libertad de expresión), independientemente de la pretendida cobertura científica que ella tenga como soporte”, añadió el juez.
El pasado 10 de julio, Moreno había declarado como imputado en la causa y allí había acusado a Finsoport y otras consultoras de querer “forzar una devaluación en el mercado argentino”.
“El Estado no puede impedir trabajar”
“Buscaba un resultado moral o espiritual” porque el Estado “no le puede caer a uno encima para impedirle trabajar”. Con estas palabras el exviceministro de Economía y titular de la consultora Finsoport, Jorge Todesca, se mostró complacido con el procesamiento dictado por el juez federal Claudio Bonadío contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“Para mí es muy reconfortante que Bonadío procese a Moreno”, declaró Todesca en referencia al fallo del juez que le trabó ayer un embargo -más de 50.000 pesos- por el delito de “abuso de autoridad” por haber multado con medio millón de pesos a Finsoport por publicar una inflación superior a la del Indec.
En su fallo el magistrado consideró que la Secretaría de Comercio Interior no tenía facultades para multar a la consultora privada.
Es el primer revés judicial para Moreno, pero la segunda decisión judicial que favorece a las consultoras ya que en mayo pasado la Cámara en lo Contencioso Administrativo había dejado sin efecto las multas de la Secretaría.