Las provincias son preexistentes a la Nación. Inicialmente le otorgamos la función de representarnos ante los países del mundo. A partir de allí y de a poco fuimos cediendo derechos y riquezas al Estado Nacional, hasta terminar conformándonos con un porcentaje mensual que nos envían, llamado coparticipación.
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Las provincias son preexistentes a la Nación. Inicialmente le otorgamos la función de representarnos ante los países del mundo. A partir de allí y de a poco fuimos cediendo derechos y riquezas al Estado Nacional, hasta terminar conformándonos con un porcentaje mensual que nos envían, llamado coparticipación.
El resultado está a la vista. Todo el poder lo maneja el Estado nacional y a nosotros nos fue mal. Debemos regresar a la fuente, hacer de Argentina un país federal y no seguir dependiendo de la buena voluntad del presidente de turno que acapara el poder absoluto.
Vivienda, infraestructura, educación, salud, seguridad, justicia e inversiones privadas no escapan a esta realidad de país unitario.
Salta tiene actualmente un déficit habitacional aproximado de 75.000 viviendas y comparado con otras provincias se encuentra entre los más altos, solo superada por la provincia de Formosa y Chaco. Existe un Plan Nacional de Viviendas (FONAVI), cuyos recursos se obtienen sobre un porcentaje aplicado a los combustibles líquidos y se distribuyen a las provincias según un coeficiente. A Salta le corresponde un 4% de dicho fondo. Los senadores nacionales Juan Carlos Romero y Sonia Escudero presentaron el año pasado un Proyecto de Ley solicitando se eleve ese coeficiente actual del 4% teniendo en cuenta el déficit habitacional de las provincias. El objeto de ese proyecto es justamente disminuir el déficit en nuestra provincia. Por supuesto, está cajoneado, y el motivo es simple. Basta saber como fue disminuyendo el número de viviendas que se construyen a nivel nacional a través del FONAVI.
En el año 1999 se construyeron 49.585 viviendas mientras que en el año 2011 solo fueron 6.280.
Aquí es donde el Estado nacional, con su poder absoluto vuelve a actuar, armando nuevos planes de viviendas, entre ellos el más importante es el Fondo Federal de la Vivienda, que se distribuye a las provincias según sus intereses políticos. Salta necesita gobernantes con espíritu federal.
El otro poder absoluto es el del gobernador. No es mi intención juzgar la idoneidad del Dr. Juan Manuel Urtubey. No puedo dejar pasar la responsabilidad que le cabe al elegir sus colaboradores, los cuales deben ser idóneos, creativos y honestos.
Ya hemos leído demasiado sobre las presuntas irregularidades que cometió el que fue presidente del Instituto de la Vivienda de Salta. La Justicia deberá determinar la existencia o no de tales irregularidades.
El tema Viviendas es muy sensible para la población de Salta. No tengo dudas de la desesperanza de la gente ante la arbitrariedad con que se adjudican. Sólo cabe mencionar la vergenza de Lomas de Medeiros y de las ampliaciones que se hicieron y, más aún, conociendo la forma de pensar del nuevo Interventor del I.P.V., que sostiene que todos tenemos derecho a tener una vivienda social.
No comparto lo que sostiene un legislador provincial de que el IPV es inviable. Aprendamos de los errores cometidos y miremos hacia adelante. El Instituto Provincial de la Vivienda es totalmente viable. Solamente debemos enfocarnos en cuatro puntos fundamentales:
* Luchar para conseguir de la Nación lo que nos corresponde.
* Con los Fondos obtenidos, armar un Fondo Provincial de la Vivienda que sea sustentable en el tiempo.
* Debe existir un “principio de solidaridad” entre quienes ya recibieron una vivienda y los que están esperando ser adjudicatarios. Esto es, las viviendas no se pueden regalar. Se deben pagar a valores que la autoridad competente determine en función de la capacidad de pago. Por ello es muy importante que el adjudicatario pague su cuota.
* La adjudicación de las viviendas deben ser transparente.
Por ultimo quiero expresar algo sobre las empresas constructoras. He leído varios comentarios duros. Sin empresas no existen proyectos de viviendas; las constructoras son generadoras de empleo y, por lo tanto, de inclusión social. El sistema actual, aparentemente, permite irregularidades. Hay que corregirlo y someterlo a la Justicia.