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Tras las irregularidades que se denunciaron en El Huayco y en Atocha, donde una empresa concursada abandonó las obras de 460 casas que le habían adjudicado con fondos federales sin licitación, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se guardó ayer en un silencio de radio. Tampoco hizo aclaraciones el denominado Instituto de Vivienda de los Trabajadores (IVT), contraparte de un acuerdo que transgredió normas y controles del Estado con onerosas consecuencias para el erario público y 250 trabajadores afectados.
La que sí ofreció un descargo, aunque no por responsables de su directorio, fue la contratista que acaba de caer en cesación de pagos, luego de dejar a medio construir 300 viviendas sociales en El Huayco y otras 160 casas apenas iniciadas en la localidad Atocha.
Desde Ilarent manifestaron que esa empresa dejó las obras porque el IPV, siguiendo órdenes del Ministerio de Economía de Salta, le trabó las redeterminaciones de precios obligadas por la inflación y le impuso una pesada multa para terminar de “ahogarla” y ponerla en “situación de quiebra”.
Según las fuentes de la empresa que entró en concurso de acreedores, el organismo de vivienda de Salta “se ensañó contra Ilarent” por una “disputa de intereses contrapuestos” en altas esferas del Gobierno provincial.
Los portavoces de Ilarent aludieron, concretamente, una supuesta división de aguas en la que los principales oponentes serían, de un lado, el ministro Carlos Parodi y, del otro, Facundo Urtubey, uno de los hermanos del gobernador.
Según el descargo de la empresa, que podría plasmarse en demandas, el saliente titular del IPV, Fernando Alesanco, respondía a Parodi, mientras que el actual interventor, Matías Posadas, sería un puntal del desembarco de Facundo Urtubey en el organismo de vivienda de la Provincia.
Más allá de las especulaciones ligadas al descargo de Ilarent, lo cierto es que el IVT, una asociación civil vinculada a la Uocra, firmó con el IPV un convenio por el que las obras abandonadas se adjudicaron sin licitación, por unos $120 millones, y en terrenos que aportó la Provincia. Además de incumplirse con ello el artículo noveno del acuerdo marco del Programa Federal de Viviendas, se pagaron millonarios anticipos financieros y comisiones que también esperan un esclarecimiento judicial.
Otra vez sopa
Por Hugo Krasnobroda
Otra vez el IPV, otra vez empresas adjudicadas sin licitación y otra vez la frustración de los que menos tienen.
Si Juan Manuel Urtubey no da rápidamente alguna señal de transparencia en el organismo, buena parte de la credibilidad de su gestión puede terminar por el piso en pocos días.
Mientras el gobernador hace gala de revolucionario por quitar un peaje que no pagarán ni autos de alta gama ni camiones que rompen la ruta ni micros comerciales repletos de subsidios, el IPV sigue avergonzando a la gente que espera por años una vivienda digna. No se está hablando de monedas, sino de 120 millones de pesos.
En política no solo hay que parecer, sino también ser.
Ese último punto es el que aún le falta al gobernador, quién aún no condenó enfáticamente la corrupción generalizada que aflora en el IPV ni se mostró preocupado por las irregularidades que se denuncian semana tras semana.
La campaña mediática que argumenta Urtubey cada vez que no puede explicar algún caso de corrupción se parece en todo a la supuesta persecución periodística que dice sufrir el desprestigiado Amado Boudou, quién fue procesado el viernes tras una lluvia de pruebas en su contra.
La responsabilidad política por los recurrentes hechos de corrupción no puede buscarse en otro lado que en la cúspide del Gobierno, ya sea por acción u omisión.
Dicho sea de paso, aún no se conocieron los resultados de las auditorías sobre la adjudicación de obras en el IPV sin licitación a compañías ligadas a funcionarios del Grand Bourg.
¿O el análisis que se está haciendo es tan exhaustivo que demora eternamente o lo que se está buscando es lisa y llanamente la impunidad? Una de dos.
Repercusión en las redes
Antonio Vale: tienen que despedir a todos los ineptos del IPV. Yo sigo esperando después de 22 años.
Margarita Cañizares: Y dónde está el defensor del pueblo???? Que cobra de arriba??? Ah no para esto,nunca están!!; o no le “corresponde controlar”??? Y a quién entonces???? Basta de irregularidades!!!!
Mónica Zalazar: y bueno se puede pensar que le robaron al IPV porque es imposible comprobar la seriedad , solvencia y permanencia estable de una empresa que gana una licitación por ofrecer un precio razonable eso es una ruleta rusa... Ahora hay que ver como se salva este problema y si por si acaso entregan las viviendas en el estado en que se encuentran a terminar por los adjudicatarios. Anótenme que yo igual quiero unita o las pueden entregar para que las terminen con el plan Procrear y ya avanzadas están las obras también me anoto...
Mauricio Nino Sanguedolce: que mal loco con la falta que me hace una casa va!! a tanta gente que le hace falta.
Norma Yolanda Argañaraz: así serán de serias todas las adjudicaciones en las licitaciones??
Fabricio Leguin: que mal y uno pagando una pieza d 4x4 a $ 2000 de alquiler
Juan Domingo Gonza: está más que demostrado que en las oficinas de Instituto Provincial de la Vivienda pasó la manita de la corrupción. Las sospechas por parte del Gobierno provincial no se puede negar. Lo malo de todo esto, más allá de que una institución este sospechada o machada por la corrupción, es que somos los propios salteños lo que seguimos esperando y viendo como algunos (personajes conocidos o familiares de estos personajes conocidos) van logrando obtener una casa, que en muchos casos no son habitadas. Todos sabemos o tenemos conocidos que conocen a alguien que obtuvo su casa y no la habita, la alquila. Tiene que haber transparencia... tiene que haber control. Mientras tanto, mientras nos acostamos preguntándos si este mes me subirán el alquiler, si tendré plata para poder pagarlo, si mis hijos tendrán para comer, seguimos levantándonos todas las mañana con la ilusión de que algún día tendremos nuestra propia casa.
Cesar: toda adjudicación tiene dos parte:
1.- la contratante (en este caso el estado provincial)
2.- la ejecutora (Llaren), quiénes son, cómo está constituida esta Sociedad Anónima, me imagino que debe ser una S.A. tan anónima que no se conocen ni siquiera las socios integrantes.
Una más de la gestión de estos políticos.
Dorys: ¡Saben muy bien como robarnos! Nada más que como son profesionales para hacerlo y están en la función pública, saben cómo cubrirse bien, sobrefacturando, haciendo entregas de licitaciones según les convenga la comisión que pueden rapiñar. ¡Otra que los fondos buitres...los BUITRES los tenemos en el gobierno!!
Virgi: Si el IPV opera incorrectamente, la Justicia debe investigar y dictaminar, pero la Gobernación sigue construyendo y entregando.
Albert: Siempre sostuve que esta administración es el fiel reflejo a nivel Nacional....... representado por otro dirigente..... Una vez expuse el grado de corrupción en Salta. Quedará para la historia de nuestra provincia..... son grandes casos como por ej. Caso AUSTIN. Ahora comprenderán el por qué de insistencia de ciertas personalidades en la JUSTICIA SALTEÑA.....todos pertenecen al mismo circo....mucho millones en juego.....todo termine en sola persona....es ni más ni menos ... “NO hay peor ciego que el que NO quiere ver” Es la realidad de esta ADMINISTRACIÓN, una VERGÜENZA.... Por lo menos este Sr BIELLA , hasta ahora uno de los pocos que acusa directamente... falta su denuncia formal.... ...