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El Consejo Económico y Social de Salta realizó varias observaciones a los alcances y atribuciones que otorga el controvertido proyecto de ley de tierras a organismos del Ejecutivo. El dictamen, que no es vinculante para el posterior tratamiento en la Legislatura, fue aprobado ayer por los consejeros y será girado a la Cámara de Diputados el próximo lunes.
El proyecto de ley está trabado en la Cámara baja desde noviembre de 2012, ya que sus argumentos y finalidades dividen las aguas hasta entre los legisladores oficialistas.
El Ejecutivo provincial, a través de la iniciativa, concentrará poder para comprar, vender y ceder lotes fiscales sin la necesidad de una aprobación legislativa y podrá blanquear algunos cuestionados manejos como la explotación agrícola de Salta Forestal en la finca Potrero de Linares.
En el pronunciamiento, el Consejo Económico y Social cuestionó que no se defina en el proyecto cómo se conformará la autoridad de aplicación de la ley. En este caso, recomendaron que ese órgano, que tendrá facultades por sobre la Dirección General de Inmuebles, sea creado como ente autárquico "en el mismo cuerpo normativo estableciendo su estructura, forma de integración y competencias".
De acuerdo con la propuesta oficialista, los recursos producidos por la venta de un terreno fiscal serán administrados por la mencionada autoridad de aplicación, pero los consejeros rechazaron esa posibilidad. También se opusieron a que la valuaciones de lotes tanto en ventas como en compras quede en manos de Inmuebles y consideraron conveniente que esa función la ostente el Tribunal de Tasación de la Provincia.
El proyecto de ley está trabado en la Cámara baja desde noviembre de 2012, ya que sus argumentos y finalidades dividen las aguas hasta entre los legisladores oficialistas.
El Ejecutivo provincial, a través de la iniciativa, concentrará poder para comprar, vender y ceder lotes fiscales sin la necesidad de una aprobación legislativa y podrá blanquear algunos cuestionados manejos como la explotación agrícola de Salta Forestal en la finca Potrero de Linares.
En el pronunciamiento, el Consejo Económico y Social cuestionó que no se defina en el proyecto cómo se conformará la autoridad de aplicación de la ley. En este caso, recomendaron que ese órgano, que tendrá facultades por sobre la Dirección General de Inmuebles, sea creado como ente autárquico "en el mismo cuerpo normativo estableciendo su estructura, forma de integración y competencias".
De acuerdo con la propuesta oficialista, los recursos producidos por la venta de un terreno fiscal serán administrados por la mencionada autoridad de aplicación, pero los consejeros rechazaron esa posibilidad. También se opusieron a que la valuaciones de lotes tanto en ventas como en compras quede en manos de Inmuebles y consideraron conveniente que esa función la ostente el Tribunal de Tasación de la Provincia.
Como disposición transitoria, el documento, que elaboró el actual senador Rodolfo Urtubey junto con una comisión de profesionales, propone que se suspendan durante doce meses los procesos judiciales iniciados por prescripción adquisitiva sobre terrenos con superficie superiores a 500 metros.
Al objetar ese punto, los consejeros insistieron en que no se especificaron los motivos de esa pretensión. A más de uno le llamó la atención que se hayan fijado términos de tiempo para esos casos, mientras que no se marcaron plazos para el inventario sobre la ocupación de tierras fiscales.
De ese modo, recomendaron modificar el límite de 500 metros en el caso de prescripciones adquisitivas por "unidades económicas" que se ajusten a las características de cada región de la provincia.
Durante el plenario que se concretó ayer en la sede de la Cámara de Comercio e Industria, los representantes de las entidades empresarias, colegios de profesionales, asociaciones civiles y sociales consideraron necesario que en casos de regularización dominial para campesinos o puesteros se fije un límite a la cantidad de unidades económicas por familia que puedan ser objeto de "procedimientos abreviados".
Contrapuntos
El cruce de palabras se suscitó durante la sesión cuando miembros de la comisión indicaron que el debate legislativo debe ser inmediato para que el proyecto no pierda estado parlamentario. Cabe recordar que el plazo vence el 27 de noviembre de este año.
Lucía Ruíz, miembro del Foro de Agricultura Familiar, manifestó su desacuerdo con un tratamiento exprés. "Como está este proyecto, por mi que duerma toda la vida", expresó.
El proyecto de ley no solo busca legislar sobre tierras públicas, además se le permitirá a la autoridad de aplicación mediar entre privados.
Al respecto, Fernando de San Román, presidente de la Cámara de Comercio de Metán, sostuvo que el capítulo sobre regularización voluntaria sobre inmuebles de particulares debiera extraerse de la ley. Dijo que dejarlo como está generará una confusión.
En el dictamen, el Consejo avaló la propuesta oficialista señalando que "la autoridad de aplicación intentará conciliar los intereses" y que "dicha instancia no resulta obligatoria sino que brinda una herramienta más para la resolución de conflictos".
Al objetar ese punto, los consejeros insistieron en que no se especificaron los motivos de esa pretensión. A más de uno le llamó la atención que se hayan fijado términos de tiempo para esos casos, mientras que no se marcaron plazos para el inventario sobre la ocupación de tierras fiscales.
De ese modo, recomendaron modificar el límite de 500 metros en el caso de prescripciones adquisitivas por "unidades económicas" que se ajusten a las características de cada región de la provincia.
Durante el plenario que se concretó ayer en la sede de la Cámara de Comercio e Industria, los representantes de las entidades empresarias, colegios de profesionales, asociaciones civiles y sociales consideraron necesario que en casos de regularización dominial para campesinos o puesteros se fije un límite a la cantidad de unidades económicas por familia que puedan ser objeto de "procedimientos abreviados".
Contrapuntos
El cruce de palabras se suscitó durante la sesión cuando miembros de la comisión indicaron que el debate legislativo debe ser inmediato para que el proyecto no pierda estado parlamentario. Cabe recordar que el plazo vence el 27 de noviembre de este año.
Lucía Ruíz, miembro del Foro de Agricultura Familiar, manifestó su desacuerdo con un tratamiento exprés. "Como está este proyecto, por mi que duerma toda la vida", expresó.
El proyecto de ley no solo busca legislar sobre tierras públicas, además se le permitirá a la autoridad de aplicación mediar entre privados.
Al respecto, Fernando de San Román, presidente de la Cámara de Comercio de Metán, sostuvo que el capítulo sobre regularización voluntaria sobre inmuebles de particulares debiera extraerse de la ley. Dijo que dejarlo como está generará una confusión.
En el dictamen, el Consejo avaló la propuesta oficialista señalando que "la autoridad de aplicación intentará conciliar los intereses" y que "dicha instancia no resulta obligatoria sino que brinda una herramienta más para la resolución de conflictos".
López: "no a un cheque en blanco"
El diputado nacional del Partido Obrero, Pablo López, se pronunció en contra del proyecto de ley sobre tierras que el gobernador Juan Manuel Urtubey remitió a Diputados en noviembre de 2012. "Es un cheque en blanco para el Gobierno"', manifestó.
En la edición de ayer, el equipo de investigación de El Tribuno publicó un informe sobre las atribuciones que tendrá el órgano responsable de las tierras fiscales para enajenar parcelas sin rendición de cuentas y sin autorización de los legisladores.
"En la medida en que haya más controles de la Legislatura, todo será mucho mejor", dijo el diputado nacional.
El proyecto de ley del Ejecutivo también le permitirá a la autoridad de aplicación realizar compras directas de loteos para regularización dominial, obras públicas y planes de viviendas. Esto será una puerta abierta para la discrecionalidad, como ya ocurrió con procedimientos similares en el Instituto Provincial de la Vivienda.
La iniciativa, además, habilita al Gobierno provincial a disponer o afectar terrenos para distintos fines como proyectos de urbanización, explotación minera o hidrocarburífera, generación de energías alternativas, fomento a actividades comunitarias o a nuevos proyectos, entre otros. Esta diversidad deja nichos abiertos para cualquier iniciativa privada que apunte a beneficiarse con el patrimonio de los salteños.
Ayer, los miembros del Consejo Económico y Social firmaron el dictamen sobre el proyecto de tierras destacando los aspectos positivos que vieron en la norma pero solicitaron que la Legislatura contemple objeciones clave.
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