La decisión, según confiaron, está tomada. El Gobierno porteño trabaja para llevar a juicio político a la jueza Patricia López Vergara, que el lunes por la mañana prohibió el uso de armas de fuego por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo a cargo del operativo en los alrededores del Congreso y que, para la Ciudad, fue "bisagra". "La jueza se extralimitó claramente en sus funciones. Estamos trabajando en el juicio político", confirmaron altas fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, visiblemente molestas con la resolución de la titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N§ 6 de la Ciudad de Buenos Aires, que ya fue apelada por el Ejecutivo porteño.
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La decisión, según confiaron, está tomada. El Gobierno porteño trabaja para llevar a juicio político a la jueza Patricia López Vergara, que el lunes por la mañana prohibió el uso de armas de fuego por parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo a cargo del operativo en los alrededores del Congreso y que, para la Ciudad, fue "bisagra". "La jueza se extralimitó claramente en sus funciones. Estamos trabajando en el juicio político", confirmaron altas fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, visiblemente molestas con la resolución de la titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N§ 6 de la Ciudad de Buenos Aires, que ya fue apelada por el Ejecutivo porteño.
En su fallo, López Vergara consideró que estaba "obligada a ponderar el estado de crispación de la población en orden a velar por la paz social y la preservación de vulneración de los derechos, tanto de ciudadanos como de personal policial". E instó a las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad a recurrir al uso de balas de goma y gases lacrimógenos como "último recurso", a "una distancia que minimice posibles consecuencias nocivas".
El malestar se trasladó ayer al propio Presidente, que criticó duramente a la jueza con nombre y apellido durante la conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada. Más temprano lo había hecho en declaraciones radiales, e incluso con mayor dureza, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.
"Deja muy mal parada a la Justicia argentina, invadiendo competencias que no le correspondían", fustigó Macri en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
Katopodis presentó un recurso de amparo
El randazzista Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, dijo que no van “a permitir que el Gobierno tome medidas que le quitan poder adquisitivo a los más débiles”. La resistencia política y social a la reforma previsional que fue aprobada por la Cámara de Diputados ahora llegó a la Justicia, ya que el intendente de San Martín, presentó un recurso de amparo ante un tribunal de esa localidad para que el proyecto oficialista sea declarado inconstitucional. En un comunicado, el randazzista Katopodis contó que junto con “los presidentes de 13 centros de jubilados”, presentaron la denuncia ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1 de San Martín, al que le pidieron “que se dicte la medida cautelar de no innovar debiendo el Estado nacional -Anses- liquidar los haberes jubilatorios conforme la ley 24,241”. Este amparo de Katopodis seguramente sea el primero de una serie de recursos judiciales que distintos dirigentes de la oposición, organizaciones sociales y de jubilados presentarán ante la Justicia para intentar frenar la aplicación de la reforma.