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El próximo 24 de diciembre se cumplen los 10 días que la jueza Griselda Nieto le dio a Raúl Costes, un periodista padre de 6 niños menores de edad para que desaloje una precaria vivienda ubicada entre las calles 9 de Julio y Joaquín Castellanos en la localidad fronteriza de Salvador Mazza, al lado del cuartel de bomberos.
Costes fue notificado la semana anterior y explicó que "ante la decisión de la doctora Nieto y antes de someter a mis hijos a un momento que puede ser traumatizante de por vida, con mi esposa decidimos salir antes que llegue la Policía y nos tire nuestras pocas pertenencias a la calle. Seguramente vamos a pasar Navidad en la calle, pero soy respetuoso de la Justicia aunque estoy seguro que quienes me demandaron y que lograron esta sentencia judicial, no lo fueron y eso es lo que más duele".
Un litigio de varios años
Raúl Costes, padre de 6 niños menores de edad -la mayor de 17 y el menor de un año y medio- recordó que "todo comenzó hace mucho tiempo, más precisamente en el año 1983, cuando el entonces intendente de Salvador Mazza, Correa le donó al Rotary Club Pocitos un terreno para que allí la entidad benéfica construyera una sede social. El Rotary construyó en esos años un salón, pero en el año 2004 Rotary Internacional le retiró la autorización porque hacía años que no tenía ninguna actividad. En ese tiempo uno de los miembros de esta entidad era el comerciante y exfuncionario municipal, el señor Fuad Darrul. El 30 de noviembre de 2007 -10 días antes que terminara la gestión de Francisco Ibáñez en la cual Darrul era funcionario- la Municipalidad que había recuperado el inmueble donado al no cumplirse el objeto de la donación, se lo vendió al mismo Darrul por un precio irrisorio. Por ese inmueble nunca se había pagado obligaciones tributarias municipales y la venta a un funcionario municipal, sumado a ese precio, violaba las leyes vigentes de ética pública. No obstante consiguieron que Inmueble de la Provincia le hiciera la escritura a nombre de Darrul".
Un cúmulo de irregularidades y la crisis habitacional
Costes relata que “como esa propiedad estaba abandonada hacía muchos años y como yo no podía seguir pagando el alquiler de la casa donde vivía, me fui a vivir a ese lugar y los vecinos y los propios bomberos estuvieron agradecidos porque hasta ese momento era un lugar donde se juntaban marginales y representaba un verdadero peligro. Con mi esposa y mis hijos limpiamos el lugar, le hicimos algunos arreglos y mejoras y al poco tiempo el empresario Darrul hizo la denuncia en contra mía por usurparle la vivienda. No me aparto de todos los derechos que lo asisten, pero sé positivamente de qué manera se la obtuvo, causándole un perjuicio al municipio, algo en lo que la Justicia nunca se abocó a investigar. Sé que una cosa no quita la otra, pero mi situación es muy delicada porque sencillamente no tengo dónde vivir. Sé que la decisión de la doctora Nieto está tomada y por eso no me quedará otra opción que quedarme en la calle porque lo que gano por mi trabajo de periodista no me alcanza para alquilar una casa; mis hijos son seis y debo darles de comer”, expresó el hombre profundamente conmovido por su situación y agregó que “en septiembre pasado la Defensoría había apelado el fallo de la doctora Nieto, pero la jueza la desestimó en todos sus términos por eso avanzó con la orden del desalojo”.
El caso revela otro costado de la crisis habitacional que afecta a toda la provincia.