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El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) le quitará una casa a Patricia Argañaraz, secretaria general de Agremiación Docente Provincial (ADP), por no habitar la propiedad y por realizar ampliaciones.
El IPV comunicó ayer que comenzó el proceso de desadjudicación de la vivienda otorgada a Argañaraz y otra a Ana María Cerezo. Estas unidades están ubicadas en el grupo Construcción 35 Viviendas del barrio Parque General Belgrano. La urbanización surgió tras un convenio entre la ADP y el IPV. El organismo expuso que se incumplió la normativa vigente.
Convenio
"Las preadjudicaciones de las viviendas fueron otorgadas por medio de un convenio entre el Ministerio de Educación y la ADP, siendo el gremio quien proponía a los beneficiarios, las mismas fueron entregadas bajo el régimen de tenencia precaria en noviembre de 2014, teniendo las beneficiarias a partir de la fecha que cumplimentar con los requisitos establecidos por el IPV", señalaron desde las oficinas que preside Sergio Zorpudes.
El mencionado proceso se produce por dos incumplimientos, el primero de ellos se refiere al cargo de la obligación de habitar la vivienda en tiempo y forma por el lapso de cinco años a partir del día de entrega.
Inspecciones
"Luego de realizar reiteradas inspecciones en distintos días y horarios, se comprueba que los grupos familiares beneficiarios no habitan la casa", agregaron.
En tanto, el segundo incumplimiento corresponde a que las obras de ampliación y modificación observadas no fueron puestas en conocimiento ante ese organismo. El IPV, por cierto, debe autorizar tales ejecuciones.
En la resolución 032/10 del IPV se establece como causales de la revocatoria de adjudicaciones las ampliaciones, modificaciones o cualquier clase de obra que altere el estado edilicio del inmueble sin autorización.
Desde el organismo precisaron que esa situación "se configura en los casos que nos ocupa y que hacen posible la desadjudicación prevista".