La causa en la que cinco agentes del Servicio Penitenciario Federal están acusados de torturar en el penal de Ezeiza a dos jóvenes que habían sido condenados a prisión perpetua siendo menores de edad, comenzó en el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata.
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La causa en la que cinco agentes del Servicio Penitenciario Federal están acusados de torturar en el penal de Ezeiza a dos jóvenes que habían sido condenados a prisión perpetua siendo menores de edad, comenzó en el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata.
Los cinco agentes que llegaron a juicio son Rubén Oscar Constantin, Jorge Enrique Puppo, Víctor Darío Salto, Sergio Hernán Giménez y Pablo Andrés Jara, quienes están imputados como coautores del delito de torturas, según publicó el portal Fiscales.gob.ar.
Tras la investigación se pudo determinar que el 9 de diciembre de 2007 los cinco imputados retiraron a Lucas Mendoza y Claudio Nuñez del pabellón donde estaban presos y los trasladaron hasta la celda de alojamiento transitorio.
Una vez allí, Mendoza y Nuñez, y según consta en la causa, fueron arrojados al piso y esposados con sus manos en la espalda y, en esa condición, "golpeados con palos y/o bastones" en las plantas de los pies, tobillos y pantorrillas. En el mismo contexto, los atacantes intentaron introducirle a las víctimas los bastones en el ano, sin quitarles los pantalones.
La agresión ocurrió mientras les inquirían "¿Dónde están los fierros?" y los amenazaban con bajarles su calificación.
Se comprobó también que los penitenciarios labraron actuaciones donde insertaron hechos falsos sobre el origen de las heridas.
La causa penal había sido archivada al inicio, pero en 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó la reapertura de la investigación.
Las víctimas
En el momento de los hechos, una de las víctimas, Lucas Mendoza, se encontraba cumpliendo una condena a prisión perpetua que le fue dictada cuando aún era menor de edad.
Mendoza, que en la actualidad se encuentra en libertad, ya declaró en el debate oral y dio su versión de los hechos.
En tanto, Claudio Nuñez, el otro joven que denunció las torturas y que también se encontraba cumpliendo una condena a prisión perpetua que le dictaron cuando era menor de edad, se suicidó el año pasado.
La investigación fue llevada a cabo por la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, con la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).
Las estadísticas sobre torturas en las cárceles
En una nota publicada en Clarín, en septiembre de 2017, se señala que en el primer semestre de ese año se registraron al menos 343 casos de maltratos y torturas en cárceles federales de todo el país. De esas denuncias se desprendieron luego 120 causas penales. De mantenerse durante la segunda parte del año, el número superaría al registrado durante todo 2016, que terminó con 606 casos. El pico más alto se dio en 2014, con 823 denuncias.
Las cifras surgen de un estudio realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, a cargo de Francisco Mugnolo, quien al presentarlas en el Senado de la Nación había señalado que “las cosas que pasan en la cárcel son tremendas, cuesta pensar que no podemos resolver esta cuestión”. Y calificó la situación como “gravísima”.
Según el informe, la cárcel de Ezeiza concentró la mayoría de las denuncias, con 92 hechos, seguido por el penal de Marcos Paz, con 40. En promedio, todas las prisiones del SPF arrojan otro dato alarmante: sólo el 40% de los detenidos tiene condena firme. Todos los números se dan acompañados de un crecimiento de la población, que ascendió a 11.530.
El maltrato y las torturas también fueron advertidas por un estudio más extenso del Registro Nacional de casos Contra la Tortura (RNCT), que incluye también datos del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. En este último se recopilan y se detallan, según diversas variables, los casos de maltratos y denuncias de todo 2016, tanto en las cárceles federales como en las bonaerenses y en algunas del interior del país.
De acuerdo a este documento, en 2016 se registraron 1.953 víctimas de torturas y malos tratos “que nos permiten la individualización de un total de 6.391 hechos (ya que en algunos casos se denuncia más de un episodio)”, dice el documento.
El trabajo de campo del RNCT - que analiza la problemática desde 2010- se realizó en 18 unidades penales y 5 institutos de menores de la Provincia de Buenos Aires, 23 unidades penales del Servicio Penitenciario Federal, 2 alcaidías penitenciarias, cuatro comisarías de la Policía Federal Argentina, una comisaría de la Policía Metropolitana y un escuadrón de la Gendarmería Nacional en la Provincia de Jujuy. También se relevaron víctimas en otras 25 unidades federales y en unidades de servicios penitenciarios provinciales (Misiones, Córdoba y Mendoza).
“Este informe confirma la persistencia de la tortura como una práctica sistemática y extendida en lugares de encierro de la Provincia de Buenos Aires y de la República Argentina. La situación se agrava por la profundización y consolidación de políticas criminales regresivas desde la perspectiva de los derechos humanos. La reforma a la ley de ejecución penal y el proceso de flagrancia, entre otras medidas, profundizarán el colapso carcelario. A esto se agrega la falta de políticas públicas destinadas a la prevención y sanción de la tortura”, advirtió Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión por la Memoria.