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"Querer seguir sosteniendo una Junta de Calificaciones con múltiples denuncias por irregularidades en titularizaciones, falsificación de títulos y otros actos administrativos viciados es injustificable. Gobernador Urtubey, ministra Berruezo pedimos se derogue el decreto 1.471 y se convoque a elecciones como dice la ley, porque es inadmisible que esta comisión esté al frente de las nuevas designaciones en febrero", señaló la docente Cintia Vuistaz, disidente de la Asociación Docente Provincial (ADP), de la que ella misma formó parte hace unos años y se fue mal.
Mañana, a las 10, en la plazoleta IV Siglos, Vuistaz junto con Tribuna Docente, agrupación del Partido Obrero (PO), y docentes autoconvocados se manifestarán en contra del decreto 1.471 que posterga hasta abril los comicios y prorroga por un año, hasta noviembre, el mandato de los miembros de la actual comisión.
La Junta Calificadora de Méritos y Disciplina es un órgano colegiado que tiene la función de evaluar el ingreso, la permanencia y los ascensos a lo largo de la carrera docente.
De acuerdo a la normativa, la elección de sus miembros se debe realizar cada tres años. La gestión vencida en noviembre pasado está conformada por siete representantes de la ADP y tres del Ministerio de Educación.
Vuistaz y el sector del PO remarcan que es esta la Junta Calificadora cuestionada por las denuncias de corrupción que involucran a la comisión directiva de la ADP y a su secretaria general Patricia Argañaraz, acusada por supuestos desfalcos, estafas, violaciones en los estatutos de designaciones docentes y aprietes.
Mañana se juntarán firmas para respaldar el petitorio que se presentará ante el Ministerio de Educación y se realizará una conferencia de prensa, donde, según anticiparon, se darán a conocer por los menos 30 casos de docentes que habrían conseguido beneficios y acomodos por medio de contactos y amiguismo.
"Si tenés personas que no son idóneas en el cargo, acomodados y no están capacitados es que tenemos la escuela pública que tenemos", planteó Vuistaz, recordando que anteriormente ya realizó sendas presentaciones en Educación, inclusive inició acciones en la Justicia, pero ninguna avanzó.
"Berruezo está al tanto de los 30 títulos truchos por eso ella misma sacó una resolución iniciándole sumario a los operadores de Secretaría Técnica, pero a nadie más, no se miró para arriba, a la secretaria técnica o a la presidenta de Junta. En definitiva, los chicos de Técnica son el último orejón del tarro", añadió.
Sobre el decreto que argumenta la prórroga debido al tratamiento del estatuto del educador cuestionó: "El estatuto actual va a regir hasta tanto se realicen las modificatorias, y una vez que se realicen, va a ser a partir de eso en adelante".