Sin ser especialista en economía, creo poder discernir algunos conceptos esenciales, como que, para optimizar la eficiencia, se debe intentar "incrementar los ingresos y reducir los gastos", y que entre sus fundamentos, se halla el de "atender de la mejor manera posible, con recursos escasos o reducidos, a demandas que son ilimitadas o infinitas".
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Sin ser especialista en economía, creo poder discernir algunos conceptos esenciales, como que, para optimizar la eficiencia, se debe intentar "incrementar los ingresos y reducir los gastos", y que entre sus fundamentos, se halla el de "atender de la mejor manera posible, con recursos escasos o reducidos, a demandas que son ilimitadas o infinitas".
Considero que son preceptos aplicables a nivel familiar, empresarial, y también a la macroeconomía de un país.
Basta leer o escuchar las noticias de cada día, para ver la cantidad de reclamaciones, pedidos, exigencias o requerimientos que se hacen, sobre todo a las autoridades públicas, que sólo algunos responsables saben que representan costos que no podrán ser cubiertos, al menos totalmente o por ahora. Son obras, bienes, servicios, productos, infraestructura, retribuciones, prestaciones, y demás erogaciones del erario público. Igual que en lo familiar: pagar impuestos y tasas, arreglar la casa o el auto, solventar la alimentación, vestimenta, escolaridad, esparcimiento, etc., que no nos permiten concretar el viaje de nuestros sueños.
No queda más que establecer prioridades y optar por lo más urgente y necesario, para subordinar, postergar, o descartar, lo que puede esperar, lo superfluo o prescindible.
En todos los casos tendría que ser una saludable costumbre, y no una utopía, reservar una parte de los recursos y ahorrar, para afrontar contingencias imprevistas y eventualmente perjudiciales, preparados para los tiempos de "vacas flacas", y después no tener que destinar una parte importante de los ingresos para saldar deudas.
Dentro de esos lineamientos, está claro que, si llevo a lavar el auto, no será para que a la hora vuelva a entrar a otro lavadero, y al día siguiente repita el procedimiento. Es, claro, una pérdida de tiempo y de dinero. En caso de que quiera asegurar mi casa contra incendio, puedo buscar una aseguradora, pero no creo que contrate a otra, para que me indemnice si se incendian las cenizas. Si necesito una empresa que brinde atención médica y traslados urgentes, contrataré el servicio de una con una retribución mensual. Pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría pagar mensualmente a dos o tres de ellas en forma simultánea, ¿no es así?
Accidentes de tránsito
Ahora, observo que ese celo que ponemos cuando obramos en interés propio, administrando nuestro limitado dinero -que nos costó ganar-, no es el mismo cuando actuamos como contribuyentes, respecto de los también escasos recursos del erario público, que creemos un barril sin fondo. Un par de trámites difíciles me llevaron a pensar que los recursos humanos disponibles, que creo que debían estar ahí, quizás fueron incorrectamente asignados y distraídos con otras funciones.
Después escuché por radio un anuncio por el cual el Concejo Deliberante municipal ofrece servicios de contención y asesoramiento a las víctimas de accidentes de tránsito, y eso me decidió a escribir estas líneas.
No se pretende menospreciar la importancia del problema ni de sus consecuencias en las víctimas, ni los loables propósitos buscados, ni despreciar la labor que allí realizan los profesionales y empleados encargados. No se trata de denigrar a este servicio, ni a sus responsables, ni al Concejo Deliberante, ni a la gestión municipal (ésta o cualquiera). Es tan sólo un ejemplo ilustrativo, dentro de los muchísimos casos que se pudieron tomar en cuenta, de las funciones superpuestas que se pueden encontrar en las autonomías municipales, los distintos entes del estado nacional y del provincial, y aún entre distintos poderes, órganos extrapoder o descentralizados, y aún con organizaciones no gubernamentales.
Posiblemente deberíamos plantearnos si debería ser de competencia provincial, donde ya existe una Subsecretaría de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos.
Con arreglo a lo dispuesto en su carta orgánica, el Ministerio Público Fiscal cuenta con otro servicio de asistencia a la víctima, con amplias facultades, sobre las cuales sólo referiré que comprende tratamiento inmediato e integral.
Las defensorías oficiales en lo penal y en lo civil tienen también magnas potestades para asesorar a los damnificados.
Paralelamente, el Colegio de Abogados y Procuradores y hasta la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta (Ucasal), hasta donde llega mi conocimiento, también ofrecían asesoramiento jurídico gratuito.
Quizá se podría haber explorado un mecanismo de coordinación de funciones, acompañado de un programa de capacitación e instrucción de los empleados para guiar a los damnificados directos e indirectos del siniestro y de sus secuelas, para su debida atención, sin engrosar el aparato estatal.
¿Altruismo o clientelismo?
Esa superposición de funciones no esenciales se observa con mayor frecuencia en materias de actualidad que al poder público o a ciertos funcionarios les interesa promover (algunos mal pensados dirán: con la finalidad egoísta de extender sus competencias y su planta de personal "clientelar"): defensa del consumidor, juventud, asuntos indígenas, discapacidad, violencia doméstica, políticas de género, derechos humanos, participación ciudadana, y el siempre presente asistencialismo del Estado benefactor, entre otros. Se propone enfocar el tema desde una visión rigurosa y estrictamente económica, insoslayable cuando lo que se gasta es el limitado dinero de los contribuyentes, porque es innegable que a veces se emplean mal los recursos.
Por encima de las posibilidades, se derrocha o se malgasta.
Que cualquiera quiera hacerse cargo de cualquier rol denota caos y desorganización del sistema. Hoy la regla tácita entre los entes públicos con funciones superpuestas pareciera ser la coexistencia pacífica y distante, sin coordinación ni vinculación estrecha.
Tal vez haya llegado el momento de interrogarnos si con relación a la estructura del Estado nacional, las provincias y los municipios, no es necesario hacer un sinceramiento y, posiblemente, un reparto de competencias más razonable.
Desde esta perspectiva, no se puede dejar de revisar cómo, dónde, ni para qué se gasta, y más aún, cuando el déficit fiscal está reconocido como un mal endémico del país, y es señalado como causa de la alta inflación o el excesivo endeudamiento.
La descentralización, la delegación, y el acercamiento al ciudadano de las decisiones que le incumben en su vida cotidiana, no pueden ser instrumentos para acumular servicios no esenciales del Estado, desentendiéndose de su costo.
Recientemente, en España -reino parlamentario y no estado federal-, un partido político propuso reformar la constitución con el objeto de eliminar las autonomías regionales para suprimir gastos y destinar esos fondos a las pensiones, un problema serio en ese país ante la caída de la tasa de natalidad. No lo hizo sino después de criticar que el gobierno independentista catalán había creado delegaciones en el exterior, como si fueran embajadas de un estado soberano.
La administración moderna
Un estado sano, eficiente y moderno pone la lupa sobre el gasto, fija prioridades, atiende lo urgente antes que lo indispensable, detecta lo innecesario, pero ante todo, evita que se superpongan funciones similares en distintas áreas, o que se presten duplicadas o triplicadas.
Gestionar administrativamente con mayor eficiencia, sensatez y prudencia es todo un desafío, pero seguramente conducirá al éxito, porque contribuirá sin dudas a reconstruir la confianza, y asegurará que a la larga el contribuyente valore la presencia beneficiosa del Estado allí donde más se lo necesita, y que los servicios que reciba sean de mejor calidad.