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La situación de hacinamiento en las cárceles de Salta es alarmante. Más sabiendo que en la última década la población carcelaria creció 90% y en la actualidad, el sistema tiene 800 presos por encima de su capacidad.
En este contexto, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, anunció que será creada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal la figura del Procurador Penitenciario. Su función será la de verificar el respeto a los derechos humanos de las personas internadas o detenidas en establecimientos penitenciarios y de detención provinciales.
El procurador general de la Provincia tiene entre sus potestades la de "visitar en la forma que lo disponga el Reglamento, las cárceles y los establecimientos de corrección, detención, prisión y dependencias policiales, a los fines de verificar el respeto a los derechos humanos de las personas internadas o detenidas en tales establecimientos provinciales", según lo establece en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 8.
Ante la delicada situación por la que atraviesan los detenidos en los establecimientos penitenciarios, Cornejo anunció que creará tal figura con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad, comprendidas dentro del régimen penitenciario provincial. "El proyecto es el de constituir un órgano de control estricto de la actividad de la administración penitenciaria, a fin de garantizar que la ejecución de la pena se desarrolle en el pleno respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad", ratificó el procurador general.
En 2008, la población penitenciaria provincial era de 1.714 internos. Diez años después se incrementó en un 90% y llegó a 3.266.
Días pasados, el procurador señaló que en 2018 la superpoblación en cárceles salteñas fue del 41%, cuando la media del país en el mismo año era del 25%. Cornejo contó que en Villa Las Rosas hay más de 1.400 personas detenidas, cuando la capacidad del penal es para mil internos. Y en la Alcaidía, por su parte, hay 700 detenidos, pero la capacidad es para 300.
La preocupación por el nivel de sobrepoblación es que ésta "deriva en peligrosas condiciones de hacinamiento que inciden en la imposibilidad de prestar asistencia básica y ambientes dignos, atentan contra la integridad física de los detenidos y el personal que los custodia", explicó el funcionario.
El Procurador Penitenciario coordinaría un equipo multidisciplinario capaz de evaluar sobre detención domiciliaria o conmutación de penas a quienes hayan alcanzado la edad que establece la ley, hayan cumplido la mitad de la condena y reúnan las demás condiciones para obtener la libertad condicional; mujeres con hijos menores de 5 años, que hayan cumplido la mitad de la condena y otras situaciones especiales.
A la conmutación no accederían los penados por delitos contra la integridad sexual y contra la administración pública o cometidos en ejercicio de la función pública.