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En junio de 2019, el diputado Iván Mizzau, de Orán, hizo una presentación penal contra la AMT y Transporte Urkupiña por facturaciones irregulares de pases libres.
La presentación, que recayó en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, se centró en las exorbitantes cantidades de pasajes escolares subsidiados a la citada empresa en los servicios urbanos de El Bordo, Campo Santo y General Güemes.
El legislador denunció que el entonces titular de la AMT, Federico Hanne, “estaba al tanto de la situación y no hizo nada” para frenar las liquidaciones indebidas.
Un mes antes El Tribuno había dado cuenta de notorias inequidades e inconsistencias en los boletos estudiantiles subsidiados con fondos públicos en diferentes líneas.
En El Bordo la empresa Urkupiña llegó a facturar 103.000 pasajes mensuales, que supuestamente beneficiaban con la gratuidad a 2.295 estudiantes, cuando la matrícula de la localidad apenas superaba los 1.800 alumnos en todos los niveles de enseñanza.
En General Güemes y Campo Santo el cruce de datos con los registros del Ministerio de Educación reflejó incongruencias parecidas.
Recién en septiembre de 2019, luego de una auditoría que siguió los pasos del chequeo periodístico, la Gerencia Económica de la AMT empezó a ajustar las compensaciones por los pases libres estudiantiles a la realidad de las matrículas escolares y las flotas de colectivos en servicio.
Quedó para la Justicia determinar las sumas que se liquidaron indebidamente desde 2014, con perjuicio para el erario público, y las responsabilidades penales.
Imputación por cohecho
Un exfuncionario de Transporte está citado a declarar el 7 de febrero.
En la Justicia provincial se tramitan dos causas conexas con las defraudaciones que investigan los jueces federales Carlos Martínez Frugoni y Miguel Medina en los subsidios y compensaciones liquidados a Transporte Urkupiña.
En uno de los expedientes, un exfuncionario de la Comisión Provincial de Regulación del Transporte (CNRP), el abogado Oscar Alberto Cruz, está imputado desde 2016 por cohecho junto al titular de la empresa, Rubén Severich.
En esa causa hay constancias de que Cruz adquirió una flamante camioneta Toyota Hilux con cheques que libró el dueño de Urkupiña en momentos en que el exfuncionario ocupaba el cargo de control del transporte.
La denuncia se presentó el 24 de noviembre de 2015 en la Fiscalía de Delitos Económicos de Orán, a cargo de Mónica Araceli Viazzi. Severich ya prestó declaración como imputado y Cruz está citado para el próximo 7 de febrero.
Tras dejar su cargo, el exfuncionario comenzó a desempeñarse como asesor legal de la firma denunciada. Cruz apareció ligado también a otra empresa de colectivos, San Francisco, que Severich registró en 2016 en Salvador Mazza.