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La diputada nacional por Salta, Alcira Elsa Figueroa, presentó ayer un proyecto de declaración alertando sobre la situación de las población indígenas del norte del país por las “acciones policiales y judiciales” que tienden a “desafectar de la posesión comunitaria y ancestral campesina e indígena a distintas comunidades originarias de la región”. En este tramo de la pandemia hubo una seguidilla de pedidos de desalojos y la legisladora aseguran que son “violatorias al artículo 2 de la ley nacional 26.160”.
“Es un proyecto que busca visibilizar y alertar sobre los intentos de desalojos en comunidades periurbanas y rurales de originarios. También denunciamos la criminalización de la protesta, el armado de causas, el amedrentamiento y las denuncias de usurpadores a los pobladores originarios; todo esto en las provincias de Salta y Jujuy.
También advertimos sobre la crítica situación de falta de agua en Rivadavia Banda Sur y en Anta. Lo presentamos ayer, recibimos el apoyo de las demás diputados y diputados del bloque oficialista y recibimos más pedidos de ayuda de las comunidades de Morillo y Dragones”, dijo Figueroa.
El texto detalla lo siguiente:
“En la comunidad Wichi Yokwepehen, km 20 de la ruta nacional 86 de la localidad de Tartagal, departamento San Martín, el miércoles 21 de octubre, del corriente, a las 17 aproximadamente, personal policial de la Provincia, se presentó en la Comunidad con una orden judicial de desalojo. El mismo obligó, mediante amenazas, a firmar la orden a un joven, familiar del presidente de la comunidad nombrada. El operativo contó con 10 móviles (camionetas), 6 policía de la montada, 5 motorizados y aproximadamente 150 efectivos de la policía provincial. La comunidad está compuesta por 10 familias, entre las cuales se encuentran muchos niños y niñas. Pese a que las familias decidieron retirarse de forma voluntaria y pacífica del territorio que ancestralmente ocupan, el personal policial, de forma violenta, procedió a desarmar y romper sus viviendas prefabricadas. Sin un lugar donde ir, hoy las familias se encuentran varadas al costado de la ruta 86 en el km 5 (inmediaciones de la comunidad wichí Loira). El territorio en conflicto está relevado por el INAI (en aplicación de la ley nacional 26.160) donde se reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad desalojada. El día 20 y 21 de octubre en la provincia de Jujuy, en la localidad de Palpalá, se llevó adelante un violento desalojo por parte de más de 60 efectivos policiales contra la comunidad de Tusca Pacha de Los Alisos, pertenecientes al pueblo Kolla. En el operativo detuvieron a referentes de organizaciones campesinas, una comunera y a una funcionaria de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, delegación Jujuy y se destruyeron ranchos que tenían finalidad de vivienda de muchos miembros de la Comunidad y distintas plantaciones de subsistencia pertenecientes a la comunidad. Ante este conflicto el INAI había intervenido previamente mediante una nota al juzgado correspondiente solicitando la suspensión de cualquier medida que pueda llegar a vulnerar o comprometer derechos de comunidades indígenas conforme lo establece la ley nacional 26.160 y sus prórrogas. El día 15 de octubre del presente, se hicieron presentes personal policial y civiles que se presentaron como titulares registrales en inmediaciones del territorio de la comunidad wichi El Algarrobal, en la localidad de Pichanal, Departamento Orán, Salta. El personal policial ordenó a los miembros de la comunidad presentes, sin presentar ninguna orden judicial, que abandonaran de inmediato el territorio sobre el cual estaban realizando tareas de agricultura familiar y comunitaria de subsistencia, propias de las comunidades que habitan ancestralmente esos territorios. El mencionado territorio en conflicto se encuentra relevado por el INAI, en el marco de la implementación de la ley nacional 26.160 como territorio con posesión comunitaria y ancestral de la comunidad wich mencionada (Resolución 323/2018). La Fiscalía Penal interviniente de la localidad de Pichanal, dispuso la imputación del presidente de la comunidad, audiencia que se realizará el día viernes 23 , a 12. En el departamento de Cachi, provincia de Salta, desde el mes de marzo hasta el día de la fecha supuestos titulares registrales han llevado adelante tareas de labranza y construcción de postes de alambrado mediante el uso de tractores en inmediaciones del territorio comunitario de la comunidad originaria diaguita kallchaki La Aguada. El mencionado territorio está relevado, en el marco de la aplicación de la ley nacional 26.160, por el INAI donde se reconoce la ocupación actual, tradicional y pública (Resolución Nº 755). La comunidad realizó diversas denuncias penales y demandas civiles exigiendo el cese de estos actos que tienen como objeto desafectar de la posesión del territorio comunitario a la comunidad. En el ámbito penal decidieron desestimar las denuncias y archivar la causa, pese que el mismo INAI intervino en el proceso mediante notas solicitando una intervención activa protectora de los derechos de las comunidades indígenas, amparados por nuestra Constitución Nacional y por diversos instrumentos internacionales. Cabe señalar que en relación a la protección de la Propiedad Comunitaria, el Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento del precepto constitucional establecido en el Art. 75 inc. 17 y del Convenio 169 de la OIT (Ley 24071), sancionó con fuerza de norma de Orden Público la ley 26.160 con fecha 01 de noviembre de 2006 (B.O. 29/11/06), la cual declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que de forma actual, tradicional y pública ocupan las comunidades indígenas del país, ordenando la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que tiendan al desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Dicha ley se encuentra actualmente prorrogada por la ley 27400”.