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24 de Mayo,  Salta, Centro, Argentina
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Por información pública accesible

Los datos deben difundirse por la mayor cantidad de medios posible.
Viernes, 07 de febrero de 2020 02:12

Jueces de la Corte de Justicia de Salta se reunieron ayer con el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, y el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, para avanzar en la implementación de la ley de acceso a la información pública.

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Jueces de la Corte de Justicia de Salta se reunieron ayer con el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, y el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas, para avanzar en la implementación de la ley de acceso a la información pública.

El 10 de diciembre se promulgó la ley provincial 8.173, por la cual la Provincia adhirió a la ley nacional 21.275, que garantiza el derecho de los ciudadanos a obtener información relacionada con actos de gobierno, gestión del Estado y políticas públicas.

La norma especifica que la información pública debe difundirse "de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles".

También promueve que se use la tecnología para llegar a la población. "La información debe ser accesible en formatos electrónicos abiertos, que faciliten su procesamiento por medios automáticos que permitan su reutilización o su redistribución por parte de terceros", indica la ley.

El presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, encabezó las dos reuniones que se realizaron ayer en Ciudad Judicial. También estuvieron el vicepresidente Ernesto Samsón, el vicepresidente segundo Fabián Vittar, las juezas de Corte Sandra Bonari y Teresa Ovejero y el juez de Corte Pablo López Viñals.

En noviembre de 2019 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la legislación que busca garantizar el ejercicio del derecho de acceder a la información pública, promover la participación de los ciudadanos y generar transparencia en la gestión pública.

La norma contempla principios relacionados con la publicidad y divulgación de los actos de gobierno que son de interés de los ciudadanos. Además, establece pautas para evitar la difusión de información falsa. El proyecto de ley había pasado al Poder Ejecutivo para su promulgación en 2019.

 

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