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La Mesa de DDHH y la Asociación Pensamiento Penal pasaron ayer por la Legislatura provincial para presentar un relevamiento que realizaron y denunciar casos de violencia institucional en Salta, tras la puesta en marcha del DNU 255 surgido por la pandemia de coronavirus.
La movida de las organizaciones de DDHH se realizó en la misma jornada en la que el DNU que le otorga superpoderes a la Policía adquirió fuerza de ley.
"Le presentamos el informe a cada uno de los diputados de la comisión de Derechos Humanos de la Provincia. Hablamos de la inacción de la Justicia en los casos de denuncias por violencia institucional y cuestionamos a la Legislatura por no haber dado tratamiento al DNU 255 y recién ahora están actuando para sacar la derogación", dijo Canela Álvarez, representante de HIJOS Salta.
La mayor polémica que origina el DNU 255 es porque otorga más facultades a las fuerzas policiales. En primer lugar prevé hasta 60 días de arresto, o multa, a quien "injustificadamente desobedezca órdenes legítimas en ejercicio de las funciones de los agentes del orden público que tengan por la causa la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19".
En el centro de los cuestionamientos está el artículo 3§, que dice textual: "El Jefe de Policía de la Provincia tendrá competencia para resolver sobre la infracción establecida en el presente". Además las apelaciones no tienen "efecto suspensivo".
Eso quedó con fuerza de ley desde ahora y ya está publicado a primera hora, del 30 de junio, en el Boletín Oficial.
Según el artículo 145 de la Constitución Provincial, para quedar convertido en ley el decreto debe ser aprobado por la Legislatura. En caso que eso no suceda dentro de los 90 días desde que es puesto en vigencia, automáticamente adquiere ese carácter legal. Y ese plazo se dejó vencer. No se trató en la cámara y ayer llegaron las representantes de todas las organizaciones de DDHH para plantear sus serios cuestionamientos. Denuncian que se vulneran derechos constitucionales y que de pronto un jefe de policía se convierte en juez.
"Ya realizamos las presentaciones formales a Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Ministerio de Seguridad de la Provincia, Procuración General, Corte de Justicia y Concejo Deliberante de la capital salteña. Desde la Justicia nos dijeron, nos aseguraron, nos juraron que se va a abordar el tema. Esperamos que cumplan porque en la Legislatura dejaron vencer los plazos", confirmo Álvarez.
Convocatoria
En el marco de esta semana convulsionada, desde HIJOS Salta y Asociación Pensamiento Penal convocaron a una conferencia de prensa para hoy para informar -de acuerdo al relevamiento que realizaron- las consecuencias que ya tuvo el DNU que ayer se convirtió en ley.
"Queremos visibilizar los hechos de violencia policial ocurridos tras el decreto 255/20 y convocar a la comunidad a denunciar la violencia policial que se vive en estos tiempos. Estos informes serán enviados también ante autoridades provinciales, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación", advirtió el abogado de APP, Martín Plaza.
La conferencia se brindará desde las 10 hasta las 12 de hoy, en Jujuy 59. Según informaron, se trata de 16 casos testigos de violencia institucional que ocurrieron desde la creación del DNU 255.
Al mediodía habrá una teleconferencia con autoridades nacionales donde se presentará el informe y se detallarán los casos y su estado. Participarán el director nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski; y el titular del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Martín Fresneda.