El Gobierno de la Provincia se encamina a obtener el aval legislativo para renegociar la deuda que mantiene por los créditos del Fondo de Reparación Histórica y del Bono del Bicentenario para evitar entrar en default. Con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto enviado por el Ejecutivo, quedan algunas aristas por analizar para poner en contexto y entender lo que se está definiendo en materia económica y financiera, no solo para el Gobierno sino para los intereses del conjunto de los salteños.
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El Gobierno de la Provincia se encamina a obtener el aval legislativo para renegociar la deuda que mantiene por los créditos del Fondo de Reparación Histórica y del Bono del Bicentenario para evitar entrar en default. Con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto enviado por el Ejecutivo, quedan algunas aristas por analizar para poner en contexto y entender lo que se está definiendo en materia económica y financiera, no solo para el Gobierno sino para los intereses del conjunto de los salteños.
Hay dos puntos fundamentales a tomar en cuenta frente a este proyecto: el primero es que la Provincia necesita refinanciar la deuda para poder hacerle frente a sus compromisos. Es imposible, no solo hoy sino en cualquier contexto económico para una provincia argentina, pagar cuotas anuales (como las que enfrenta Salta con el crédito del Bono del Bicentenario) por 100 millones de dólares. La segunda, es que es necesario controlar el déficit fiscal, ser ordenados en las cuentas y los gastos de la Provincia para no volver a caer en esta situación, porque la única forma de solventar el déficit fiscal es con endeudamiento.
Para entender cómo se llega a esta situación hay que remontarse unos pocos años hacia atrás. Entre 2001 y 2011 inclusive la Provincia tuvo superávit fiscal que le permitió desendeudarse y tener solvencia financiera. Ese período se interrumpió en 2012 y, hasta el 2017 inclusive, se atravesó un período de seis años consecutivos de déficits fiscales donde se producen las dos tomas de deudas en dólares que hoy comprometen a la provincia (2012 el Fondo de Reparación Histórica y 2016 Bono del Bicentenario). Eran para financiar obras pero se usaron en parte para gastos corrientes y muchas ejecuciones quedaron inconclusas.
No obstante lo expuesto, otro dato que llama la atención es que se busque sancionar una ley para refinanciar deuda, cuando el Gobierno provincial tiene la herramienta para hacerlo, mejorando plazos o tasas, en el artículo 44 de la Ley de Presupuesto del 2019 que fue prorrogado este año (y que además figura en todos los presupuestos de los últimos años). Con este panorama, la pregunta que surge (El Tribuno intentó contactar al ministro de Economía y Servicios Públicos para realizar la consulta) es si el Gobierno provincial solo busca reestructurar sus obligaciones o si, por el contrario, la Provincia evalúa la posibilidad de contraer nueva deuda.