La comisión investigadora conformada en el seno del Concejo Deliberante de la localidad de Aguaray que se formó el pasado 2 de junio para analizar la conducta del intendente Enrique Prado, concluye su trabajo en estos días.
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La comisión investigadora conformada en el seno del Concejo Deliberante de la localidad de Aguaray que se formó el pasado 2 de junio para analizar la conducta del intendente Enrique Prado, concluye su trabajo en estos días.
Si bien en todo este tiempo nunca lograron que los funcionarios de la gestión ni el propio Prado respondan ningún tipo de preguntas ni acerquen ninguna documentación que respalde su accionar, en 30 días hábiles deben emitir dictamen.
El plaza antedicho, cabe recordar, se encuentra previsto en le Carta Orgánica Municipal de esta ciudad.
Argumentos valederos
La comisión del Deliberante conformado por 7 ediles -4 oficialistas y 3 opositores- busca determinar cuáles fueron los argumentos para que el intendenten Enrique Prado -mediante una resolución municipal que lleva su firma- haya autorizado el retiro de 35 kilómetros de caños pertenecientes al Gasoducto del NEA.
Estos caños, cabe recordar, atravesaban por la jurisdicción de ese municipio y fueron llevados hacia la provincia de Mendoza por un empresario que se encuentra prófugo en la Justicia federal, la misma que le imputó a Prado y al secretario de Hacienda de la comuna, los delitos de fraude a la administración pública.
Esto, como se deduce fácilmente, le significó un perjuicio multimillonario en dólares a las arcas del Estado nacional, mediante una maniobra facilitadas por la resolución que lleva la firma de ambos.
Responsabilidad política
Juan José Sarzur, vicepresidente primero del cuerpo y uno de los integrantes de la comisión de juicio político, precisó: "En el caso nuestro, el cargo hacia Prado es por mal desempeño en sus funciones, ya que lo que analizamos es la conducta política, no así su responsabilidad penal que es competencia de la Justicia".
"Este proceso se inició el día 2 de junio, se reglamentó la tarea que tendrá la comisión, por lo que en el lapso de 30 días hábiles -que se cumplirán el 16 de julio- debíamos emitir dictámen", explicó el edil norteño.
Y agregó: "Nosotros queríamos conocer los motivos por los que el intendente Prado sancionó la resolución 1.215 mediante la cual autorizaba a una empresa foránea a retirar los caños, documento con el que los camiones que los transportaban pudieron llevarlos sin ningún tipo de inconveniente. Con eso queda claro la importancia de este documento del Ejecutivo, que no pasó por el Concejo Deliberante, sino que en su momento fue directamente ocultada por el intendente Prado y ni siquiera se publicó en el boletín oficial".
Sin funcionarios
Sarzur consideró: "Más allá que tres concejales somos del bloque opositor, consideramos que un escándalo de tal magnitud no podía pasar desapercibido para el cuerpo, más aún, luego de la intervención de la justicia Federal que los imputó, al intendente y a su secretario de Hacienda por un delito contra el Estado".
"Eso nos llevó a conformar la comisión investigadora , más allá de que Prado terminó diciendo que reconoce que él se equivocó pero eso no lo exime de toda su responsabilidad", sentenció el concejal.
35 kilómetros de caños correspondientes al gasoducto del NEA fueron sustraídos de Aguaray con un permiso de la Municipalidad firmado por Prado.
Sarzur explicó también: "A pesar de que el intendente dice por todos los medios que el más interesado en que se aclare la situación es él, cuando tuvo que presentarse a la comisión investigadora no quiso venir, como tampoco vino ningún funcionario de su gestión. Habíamos invitado al exsecretario de Hacienda que después de ser imputado por la Justicia renunció, al de Medio Ambiente, al secretario de Gobierno y de Obras Públicas. Ninguno se presentó y tampoco dieron justificación alguna de los motivos por los cuáles no vinieron".
"Evidentemente, ningún funcionario tuvo la más mínima intención de echar claridad sobre el por qué de su accionar", repitió tajante Sarzur.
Plazo de gracia
La comisión investigadora se reunió el martes anterior. "El dictamen final tendríamos que presentarlo el día 16 de julio, pero debido a la falta de respuestas del propio Prado y de sus funcionarios, lo que decidimos es otorgarle 9 días hábiles más de plazo para que puedan formular su descargo con lo que estaríamos cumpliendo ese período de gracia", dijo.
"Somos conscientes de que necesitamos 4 de los 7 votos y que no los tenemos, porque ese número solo se completaría con un voto del oficialismo. Nuestra responsabilidad era conformar la comisión y citar a todos los que podían realizar algún aporte", precisó el vicepresidente del cuerpo.
El oficialismo no colabora con nada
El oficialismo no colabora en nada y nada indica que puedan votar a favor de la destitución del intendente.
“Pero nuestra tarea ha sido cumplir con la Carta Orgánica. Los concejales oficialistas están abocados a las actividades partidarias tratando de desviar la atención o limpiar un poco la imagen del intendente mientras los tres opositores trataremos hasta el 16 de julio de conocer el porqué de esta resolución que emitió Prado”, dijo Sarzur.