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La semana pasada el norte de la provincia, donde se localiza la mayor actividad industrial de los hidrocarburos, se vio sacudido por la viralización de audios y videos de reuniones entre miembros de la comisión directiva del Sindicato de Petroleros Privados, que lidera Sebastián Barrios, con funcionarios de la Provincia. En los mismos se escucha la voz de Barrios y otros dirigentes que integran la comisión directiva del fuerte gremio de Salta y Jujuy, refiriéndose a la contratación de empresas locales para la realización de servicios en las diferentes locaciones, sobre todo en el inicio de las obras de perforación o work over (reparación de pozos). Los dirigentes gremiales, después de la difusión, publicaron una solicitada en varios medios pidiendo disculpas públicas a varios funcionarios provinciales y el propio secretario general del sindicato se refirió a la situación “que le ha causado un gran daño a nuestra institución y a quienes la integramos en forma personal, porque cuando se editan materiales para hacer creer que valiéndonos de nuestra condición de sindicalistas apretamos a las empresas o al Gobierno para obtener beneficios propios, después resulta muy difícil explicar que todo fue una maniobra falaz y malintencionada, motivada por cuestiones políticas”, consideró.
Barrios, junto a titulares de empresas locales de servicio que tienen grandes dificultades para insertarse laboralmente en esta industria, cuya actividad es cada vez más escasa, ha planteado públicamente y en diversas oportunidades la necesidad de que los grandes consorcios no dejen de lado a estas empresas locales que se conformaron con los extrabajadores de YPF en su momento o que en base a la experiencia y por ser trabajadores de alta calificación intentan contener a quienes quedan desvinculados laboralmente de la industria.
¿Por qué publicaron una solicitada pidiendo disculpas a ministros del Gobierno de Salta?
Porque a consecuencia de una maniobra malintencionada del señor Pablo Mancilla, a quien teníamos contratado para que se encargue de contenidos audiovisuales y redes sociales del sindicato, se difundieron fragmentos y audios editados de reuniones con funcionarios provinciales, como la ministra Flavia Royón, el ministro Martín de los Ríos, el director de hidrocarburos Pablo Guantay, entre otros. Todo tuvo una motivación política, de eso no tenemos dudas. Por eso publicamos esa solicitada pidiendo disculpas a todos ellos y a quienes se hayan sentido perjudicados. Mancilla había trabajado un tiempo en el sindicato y a fines del año pasado nos pidió un aumento de honorarios que no estábamos en condiciones de pagar, por lo que fue desvinculado el día 30 de noviembre de 2021. Desconozco con qué intención, pero la semana anterior a las publicaciones que hizo, lo llamó al secretario adjunto advirtiéndole que tenía “una bomba” en contra nuestra y la respuesta de mi compañero fue que haga su trabajo y que nosotros íbamos a seguir haciendo el nuestro.
Se difundió que ustedes presionan para que las operadoras contraten a empresas locales...
Jamás hicimos eso y la prueba es que la empresa que yo personalmente menciono en esa reunión ante los ministros Royón y De los Ríos, y cuyos audios se difundieron, nunca tuvo un contrato de servicios de cementación en ninguna de las seis operadoras del área de la cuenca del NOA. Les hemos pedido a estos consorcios que formalicen una respuesta en ese sentido para darla a conocer a los medios de prensa, pero también para presentarlas en la Justicia, porque cuando se injuria lamentablemente somos nosotros los que tenemos que salir a demostrar que somos inocentes. El diálogo que el señor Mancilla difundió está referido a la empresa local Ingeniería Well Service, dedicada al servicio de cementación de pozos. La reunión que se difundió, donde se titula que nosotros presionábamos para que la operadora President Energy S.A. la contrate, se realizó en el mes de octubre del año pasado, y si bien Ingeniería Well Service había presentado su propuesta de servicios a la operadora de las áreas Puesto Guardián y Dos Puntitas, nunca fue contratada porque President eligió a otra empresa.
¿De qué hablaron con los ministros Royón y De los Ríos?
Fue una tercera reunión después de dos que habíamos realizado en Tartagal y planteamos el tema relacionado al inicio de obras de intervención de tres pozos en el área Puesto Guardián y Dos Puntitas, a cargo de la operadora President. Hasta ese momento habíamos tenido reuniones con la operadora de esas dos áreas que nos había anticipado que no iban a contratarse ni empresas de servicio ni mano de obra local; nosotros por nuestra parte ya le habíamos informado a la compañía cuáles eran las empresas radicadas en la zona en condiciones de brindar servicios y cuáles eran esos servicios. En cementación la única local era I-Well, en gamela contábamos con tres empresas, en soldaduras un número similar y en locación seca, que es otro servicio, teníamos una sola local. En uno de los diálogos que se difundieron la ministra hace referencia a que la contratación tenía que ser legal, pero sacada totalmente de contexto se quiere hacer aparecer que nosotros estábamos pidiendo que se haga algo fuera de la ley. Pero en realidad se hacía referencia a que en el listado que le habíamos pasado a President había empresas que no cumplían con los estándares que exige la industria, y por eso la ingeniera Royón remarcaba que a pesar de ser empresas locales, no calificaban.
¿Que relación tiene la empresa local de cementación I-Well con el sindicato petrolero?
Ninguna relación, más allá de que el propietario es hermano de un exmiembro de la comisión directiva del sindicato, Bruno Reyes, quien había renunciado meses atrás cuando la empresa en la que prestaba servicios se fue de la zona. Los que integramos la comisión como el propio Reyes tenemos mandato hasta el año 2026; pero este compañero por una cuestión personal y porque siempre cuestionamos que no podemos ser dirigentes sindicales si no somos trabajadores, decidió renunciar al sindicato.
Sí, el hermano de Reyes compró los equipos y está cumplimentando una serie de requisitos para alcanzar los estándares que exigen las operadoras del área para el servicio de cementación de pozos , no hay argumentos para querer generar suspicacias de que esta comisión directiva tiene un interés particular en esa empresa de servicios. Como dirigentes sindicales podemos dar todas las explicaciones y seguramente nuestro error fue la inexperiencia, el exceso de confianza y el pensar que la gente que trabaja con nosotros lo hace de buena fe. De todos modos vamos a ir a la Justicia, pero sabemos que el daño está hecho. (Agencia Tartagal)