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María Cristina Garros Martínez es abogada, codirectora de la Diplomatura en Derecho Ambiental y Gestión Minera de la Universidad Católica de Salta, especialista en Derecho Ambiental. Entre su destacado y extenso Currículum Vitae figura que fue la primera mujer en integrar la Corte de Justicia de Salta.
La profesional también participó el viernes pasado del panel denominado "Minería: pasado, presente y futuro", donde contó su experiencia ante más de 200 asistentes que siguieron de forma presencial las charlas en el Centro de Convenciones de Limache.
La exjueza durante sus 15 minutos que duró su charla contó como el sector comenzó a demandar profesionales formados pero sobre todo con conocimiento en gestión minera. Detalló que fue lo que la motivó en crear una diplomatura en la Ucasal y que incluyera a diferentes carreras.
"Una vez, el rector Universidad decide invitar a la Cámara de Minería y consultarle qué tipo de profesionales consideraba que hacían falta. Recuerdo que el representante de la Cámara de Minería dijo se necesitaban profesionales formados que tengan conocimiento pleno de la gestión minera. Entonces ahí nos pusimos a pensar y dije armemos una diplomatura pero diferente a lo que son las carreras de grado que están estratificadas y armemos algo referido a gestión de esta industria que es la minería. Así planteamos tres módulos. El módulo jurídico, el geológico y el de gestión", detalló Garros Martínez.
La abogada explicó que para la gestión era necesaria "la interdisciplinariedad", y es por eso que se debía convocar a abogados, geólogos, ingenieros, economistas, licenciados en higiene y seguridad y todas aquellas profesiones que iban a estar involucradas en lo que es la gestión minera.
"Digo interdisciplinariedad porque hacía falta el intercambio de conocimientos y la coordinación en ellos para llevar una buena gestión. Tiene que ser una gestión que lleve a que económicamente sean rentables, eficientes y eficaces. Entonces estamos hablando que para que la gestión sea eficiente, eficaz y económica tiene cada uno de esos términos un desarrollo particular. Desde mi condición de abogada decía ¿cómo hacemos para que esta gestión sea útil en la minería? A partir de ahí tenemos que considerar que somos una República que tiene leyes, que se ha adherido a tratados internacionales", expresó la profesional.
Además, explicó que por nuestra forma de organización hay leyes nacionales, provinciales, ordenanzas municipales, todas ellas vigentes y todas ellas con normas aplicables a la minería.
"Entonces ¿cómo hacemos para coordinar todo eso? Así conseguimos armar esto que sea armonioso y comprensible para todos en el marco de un desarrollo sostenible. A mí siempre me dicen ¿cómo puede ser que alguien que esté en el ambientalismo hable sobre minería?. Y ahí es donde tenemos que sacar los preconceptos, que tenían algún fundamento porque cierto es que hubo una minería antigua que le interesaba poco de como quedaba la mina cuando se iba, pero la minería de hoy es otra cosa. Ha avanzado la técnica, la ciencia, las normativas y que los países se han adherido y las provincias con su poder de policía tienen la obligación de controlar", agregó.
La profesional destacó que se tiene que hacer ese balance entre la capacitación de los profesionales, la capacitación en estos en estos diferentes conceptos y en esta ligazón necesaria que hace falta que los geólogos conozcan de derecho.
"Ellos antes de insertar el primer pico en la tierra tiene que conocer que dice la ley, que dice el código, que dice el procedimiento. Entonces ese diálogo necesario entre las diferentes profesiones es lo que nosotros procuramos hacer desde esta diplomatura", finalizó Cristina Garros Martínez.
Tomar en cuenta la opinión de las comunidades y los criollos
Al finalizar su exposición, la exjueza María Cristina Garros Martínez hizo un paréntesis sobre la legislación que pesa sobre este país y como la minería tiene que adaptarla para poder llevar adelante su actividad. La especialista destacó la necesidad de tener en cuenta la opinión de las comunidades originarias y criollas durante este proceso.
"En este país hemos pasado de una democracia representativa a una democracia bastante participativa como consecuencia quizás a esta adhesión a estos a estos convenios. Para la minería en especial, entra la Resolución 169 de la OIT )Organización Internacional del Trabajo) que es la que se refiere a la necesaria consulta previa de las comunidades originarias y nosotros no solo tenemos la obligación de hacerla con las comunidades sino también con los criollos porque lo señala nuestra Constitución", expresó la abogada.
Garros Martínez afirmó que se deben hacer las consultas previa de una manera informada para no caer en cómo se hacía originariamente donde se realizaban audiencias públicas en lugares alejados sin saber para qué sino que se deben hacer con la información certera, de buena fe que tienen que hacer los empresarios y el Estado a las comunidades.
"Ahí viene la ligazón entre lo que lo ambiental, lo que es el derecho minero y lo que es el ejercicio y la gestión de una minería responsable, de una minería con una información de buena fe, el control necesario del Estado y una gestión con todas las ciencias y las técnicas que hoy están disponibles para todas", finalizó la codirectora de la Diplomatura en Derecho Ambiental y Gestión Minera de la Universidad Católica de Salta.