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Una Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Gonzalo Gómez Amado y Diego Nicolás Rodríguez, no hizo lugar ayer al pedido de imputación de Mariela Cuevas, la cuestionada suegra del asesinado peluquero Víctor René Córdoba.
Lo había solicitado el abogado querellante de la familia de la víctima, Federico Delgado, quien destacó que la mujer viene entorpeciendo la investigación y estuvo en la casa el día que golpearon al peluquero, entre otros argumentos. La parte querellante apelará lo dispuesto por la Unidad Fiscal ante una Fiscalía de Impugnación.
La Unidad Fiscal consideró que ya se había expedido al respecto. "No existiendo hasta el momento material probatorio que amerite encuadrar la conducta de la misma en una figura penal. No obstante ello de surgir de la testimonial aportada datos relevantes y certeros para la investigación se le hace saber que se actuará en consecuencia", destacaron los fiscales Gómez Amado y Rodríguez.
Sí consideraron pertinente la extracción de ADN de la señora Mariela Karina Soledad Cuevas, para el cotejo con el material genético indubitado, mediante la extracción de hisopado bucal. También rechazaron otras medidas solicitadas por Delgado al considerar que "Mariela Cuevas no se encuentra en calidad de imputada".
Sin embargo, el juez de Garantías, Mario Herminio Teseyra, quien tiene una amplia trayectoria y experiencia, luego de analizar el caso, tuvo un criterio totalmente distinto y dispuso la semana pasada la inmediata detención de Cuevas, pero luego la liberó ante la falta de acusación por parte del fiscal Gómez Amado.
Cruces y criterios diferentes
En un procedimiento inusual, sin precedentes en el Distrito Judicial del Sur, el abogado querellante, Federico Delgado, había solicitado la detención directamente al Juzgado de Garantías 2, que está a cargo en forma interina del juez, Mario Herminio Teseyra. El abogado fundamentó que lo hizo ante la falta de respuestas de la Fiscalía.
Teseyra le dio la razón a la querella, lo que desató una puja y una "batalla legal" entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Mientras tanto, permanecen detenidos e imputados por homicidio calificado la esposa de Córdoba, Macarena Peralta, de 25 años, y su suegro, José Luis "Gallina" Peralta, de 59. El peluquero murió el 22 de abril pasado tras agonizar durante cuatro días en el hospital San Bernardo de Salta capital.
Pidieron justicia de rodillas
En la mañana de ayer hubo una nueva marcha de familiares, vecinos y amigos para pedir justicia por el asesinato del peluquero Víctor Córdoba. Un grupo de personas marchó con carteles y pancartas por las calles de San José de Metán.
Luego los protestantes se concentraron frente a la Ciudad Judicial, donde se pusieron de rodillas en la puerta de acceso para pedir el esclarecimiento del caso y la detención definitiva de la suegra de la víctima, Mariela Cuevas.
La mujer había sido aprehendida el lunes de la semana pasada y recuperó la libertad el viernes siguiente, debido a que el fiscal Gonzalo Gómez Amado, no la imputó.
Mirian Del Valle Córdoba era la abuela del peluquero y ayer llegó desde el paraje Alto Alegre, en Anta, para participar de la manifestación. "Yo lo crié a Víctor como si fuera mi hijo, desde muy pequeño. Pedimos justicia, deben estar detenidas las tres personas que lo asesinaron", dijo la mujer a El Tribuno.
"Parece que él era maltratado desde hace mucho, pero nosotros no sabíamos eso. Él salió de Alto Alegre buscando un futuro mejor y le arrebataron la vida. Venimos a reclamar la detención de Mariela Cuevas y que le den perpetua a los tres, porque no tienen perdón de Dios por lo que hicieron", destacó la abuela, indignada.
No hubo imputación
"Que de conformidad a las constancias de autos surge que el fiscal interviniente tuvo a la detenida a su disposición en alcaldía general y no le realizó imputación alguna. Entiende el proveyente que corresponde sin más ordenar que la misma recupere la libertad. Arriba a esta conclusión el suscripto, tras analizar meticulosamente la presente causa, de donde surge claramente la voluntad del fiscal de no realizar imputación alguna en contra de la Sra. Cuevas ni de seguir la línea investigativa propuesta por el querellante quedándole a este último la instancia prevista en el cuarto párrafo del Art. 108 del C.P.P. que establece claramente que si el fiscal penal se negara a investigar los hechos contenidos en la querella, formulará Decreto de Desestimación, entonces la víctima podrá solicitar la revisión ante el fiscal de Impugnación, el que deberá ordenar a otro fiscal que inicie la investigación si ello correspondiere", destacó el juez Teseyra en la resolución en la que no tuvo otra opción que liberar a Cuevas ante la falta de acusación fiscal.
Prohibición en medio de una puja en la Justicia
A solicitud de la Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Gómez Amado y Rodríguez López, el juez de Garantías interviniente intimó a las partes que conforman la investigación a no divulgar información y material que forma parte de la investigación en curso.
Los fiscales penales, en el marco de la investigación que llevan adelante en Unidad Fiscal por el homicidio calificado de Víctor René Córdoba, solicitaron al Juzgado de Garantías 2 del distrito Metán que se intime a las partes intervinientes a no divulgar información sensible e incluso material fotográfico que integra la causa a través de medios periodísticos o redes sociales.
Señalan en la solicitud que estos comportamientos afectan el desarrollo de la investigación y la sensibilidad de las familias de las partes, constituyendo un comportamiento reprochable.
El juez Mario Dilascio hizo lugar a la solicitud fiscal y resolvió intimar al abogado defensor de los imputados y al abogado querellante, a dar estricto cumplimiento de lo dispuesto por los Arts. 257 y 259 del Código Procesal Penal, bajo apercibimiento de correr vista al Colegio de Abogados de la Provincia de Salta y/o a la autoridad que corresponda.
La medida fue informada ayer a través de la página oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF), luego de que el diario El Tribuno publicara una serie de notas en alusión a la causa.
Los artículos mencionados que fueron citados por el magistrado señalan lo siguiente: artículo 257: Los actos de la investigación y su documentación serán secretos para quienes no sean parte en el procedimiento o no tuvieren expresa autorización legal o de la autoridad para conocerlos. En casos especiales y no existiendo peligro para la investigación, la autoridad interviniente podrá dispensar la reserva establecida.
Toda persona que por su función o participación tuviera acceso a los actos cumplidos en la investigación penal preparatoria, deberá guardar reserva y abstenerse de informar sobre los mismos.
Mientras que el artículo 259 hace alusión al carácter de las actuaciones donde el legajo de investigación es público para las partes inmersas en la causa, el resto de las personas que tengan acceso al mismo deberán guardar secreto.