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Numerosos hechos se están registrando por el uso de armas en la vida civil de las sociedades. El mundo hoy está viendo el uso creciente y en muchos lugares indiscriminado y desmesurado, de las armas como salida o solución a situaciones de conflicto que, se alega, no podrían remediarse por medios pacíficos.
Muchas veces son la expresión de posturas fundamentalistas o raciales y por ende alejadas de toda forma de raciocinio.
Así vemos lo sucedido en el gran país del norte donde un joven de 18 años mató a 21 personas, 19 niños y dos profesores, ingresando a una escuela primaria.
Ese país, civilizado a punta de pistola desde el este hacia el far west (lejano oeste) o el wild west (salvaje oeste) como se quiera, desde el año 1791 tiene vigente la Segunda Enmienda de su Constitución que protege el derecho del pueblo norteamericano a poseer y portar armas.
A pesar de que, con periodicidad cíclica, se van renovando este tipo de hechos de sangre, se mantiene inalterable la enmienda de su Constitución y se la respeta más allá de todo.
John Wayne, paradigma del cow boy y férreo defensor de la portación de armas. ¿Quién no lo recuerda en películas de corte vaquero?
En Brasil podemos contabilizar la muerte de 25 personas en un operativo policial contra narcotraficantes en una favela de Río de Janeiro. Y llegamos a nuestra Argentina en donde el narcotráfico diariamente se cobra vidas, convirtiendo a la hermosa ciudad de Rosario y sur santafesino en una zona de alta inseguridad que compromete la decencia y vida de las familias. La mirada atónita e inerte de nuestras autoridades rebela a los argentinos de bien.
La inseguridad junto a la inflación son los dos temas urticantes que la sociedad les viene enrostrando a sus autoridades a las cuales, como diría el vulgo, no les mueven el amperímetro.
La seguridad debería ser indiscutiblemente una política de Estado porque así está contemplado en nuestra Constitución.
La libertad sin seguridad no tiene sentido ni razón de ser en una democracia. El Gobierno y sus instituciones republicanas deben ser garantes de esos derechos.
Días pasados, Javier Milei, el economista devenido en político ha manifestado que está a favor de la portación de armas, algo que la cultura de este pueblo niega pero que se ha expresado afirmativamente en distintas oportunidades de nuestra historia reciente.
No solo el sur santafesino: todo el país está en una situación de seguridad totalmente desbordada con el triste promedio de crímenes diarios.
El conurbano bonaerense y prácticamente el país todo carecen de esa seguridad que permitiría vivir a la sociedad en condiciones dignamente normales. No solo el narcotráfico se hace presente, todo tipo de delincuencia se suma. Dinero fácil y rápido, ésa es la ecuación.
Existen ejemplos en el mundo de Gobiernos que han tomado y mantenido a ultranza la decisión de poner fin a la inseguridad.
Para ello deberán accionar de manera firme, coordinada y mancomunada todas las fuerzas de seguridad, provincial y federal y de una Justicia independiente que, además de cumplir con un servicio eficiente, deberá también poner el ojo en dejar al descubierto los contubernios de esas autoridades con los vectores del mal. Esto es un hecho demostrado y ratificado.
La corrupción que anida en todos los estratos del poder no deberá seguir quedando impune. Tal vez sea el tiempo de recrear en Argentina una versión sui generis de las "Mani pulite" (Manos limpias), la mayor campaña judicial contra la corrupción que se conozca, registrada en Italia. Curiosamente está cumpliendo, ahora, treinta años.
¿Se atreverán los argentinos?