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Al terminar su período de gobierno Alberto Fernández y su ministro Sergio Massa dejan a la economía argentina en una situación muy compleja. Las políticas seguidas generaron un fuerte aumento en el gasto público (141,2% entre agosto 2022 y octubre 2023) y también de los ingresos tributarios y previsionales (151,2%) impulsados por el "impuesto PAIS", los adelantos del impuesto a las ganancias de las grandes empresas y los derechos de exportación.
A pesar de ello, el resultado fiscal primario (es decir antes de los pagos e ingresos financieros) fue negativo a lo largo de los 15 meses de gestión del ministro Massa, excepto en el mes de septiembre 2022.
Y como ese déficit era financiado en parte con nuevo endeudamiento, el déficit fiscal financiero acumulado en esos meses, medido en pesos constantes a mayo de 2023, llevó el déficit fiscal a 7,3 billones de pesos en el último mes (el doble que al inicio de su gestión).
Esto originó un fuerte aumento de la emisión monetaria -el M3 está en 41 billones de pesos (*)- y para evitar un mayor crecimiento del circulante, con el consecuente impacto inflacionario o la "fuga hacia el dólar", el Banco Central se vio obligado a una fuerte y continua colocación de letras y notas de liquidez en el sistema bancario. En este aumento de dichas colocaciones jugó también un rol importante el aumento del pago de intereses, producto de otro problema que deja en herencia esta gestión: las crecientes tasas de interés que ha tenido que fijar el Banco Central para lograr la renovación de sus letras y las del Tesoro Nacional, y evitar la fuga de capitales hacia el dólar.
Estanflación
El resultado de estas políticas se ha expresado claramente en la tasa de inflación: 12,7% en septiembre de 2023 y una reducción al 8,3% el último mes, lo que resulta en una tasa anual de inflación del 142,7%, con una proyección, según las entidades consultadas por el Banco Central, del 194,5% para los próximos doce meses. Una consecuencia importante de esto es la progresiva parálisis de la economía: -2,8% para el último trimestre, lo que se refleja también en el bajo nivel de creación de empleo en el sector privado formal (166.000 puestos de trabajo en quince meses).
Para hacer frente a esta situación, el próximo gobierno no podrá contar con aquellas "percepciones"(adelantos de impuestos) que le permitieron a la actual gestión contar con recursos para financiar parte de su campaña electoral, ni con los dólares de la exportación liquidados anticipadamente a través de los planes "soja 1, 2 y siguientes".
Además, en el BCRA no quedan mayores recursos de libre disponibilidad y los que quedan podríamos decir que están comprometidos por la existencia de deudas y obligaciones que deberán ser atendidas, en algunos, casos a la brevedad. La primera de ellas son los depósitos de particulares en cuentas denominadas en moneda extranjera y que han sido utilizados por el Gobierno, vía Banco Central, para pagar importaciones y otras obligaciones. El segundo es el "exceso" de lo que podríamos denominar la "deuda flotante", que consiste en los depósitos efectuados por particulares para atender obligaciones provenientes de importaciones, fletes, seguros, deudas, dividendos u otros conceptos, y que no han sido transferidos a sus beneficiarios por falta de divisas.
La deuda
Al próximo gobierno, el actual le deja no solo el citado "estrés" monetario y la presión inflacionaria, sino también vencimientos de deuda, algunos impostergables o de corto plazo, pero sin los recursos necesarios para hacerles frente, sin acceso a los mercados de crédito y con una situación extremadamente compleja con nuestro prestamista de última instancia: el Fondo Monetario Internacional.
A la deuda con el FMI (que el gobierno entrante tendrá que renegociar rápidamente), hay que agregar aquella con los organismos financieros internacionales (BID, Banco Mundial, CAF y otros) que en parte podrá ser compensada con nuevos ingresos, pero solo en parte; los pagos pendientes del Club de París (a ser renegociados desde septiembre de 2024), y una cifra indeterminada proveniente de los "swaps" con China, cuyas condiciones no se conocen.
Heredará, además, la deuda de las provincias con bonistas privados (hay algún pequeño monto con organismos internacionales) la mayor parte de la cual ya ha sido renegociada y que aun cuando no tenga garantía de la Nación terminará saliendo de la única fuente por ahora disponible para entregar las divisas: el BCRA (excepto un par de casos que pueden ser eventualmente atendidos con regalías percibidas en dólares). A esto hay que sumar los vencimientos de los bonos públicos resultantes de las sucesivas renegociaciones, que terminaron consolidándose en la del año 2021/22. Según un cálculo del estudio Broda, US$ 50.164 millones de esta deuda vencen en 2024.
Según nuestros cálculos, de esa cifra, 22.876 millones no son, en principio, renegociables, pues se trata de intereses o deudas fruto de renegociaciones previas.
Tenemos que agregar también un capítulo de deudas indefinidas, en el sentido de que no sabemos si serán revisadas en alguna instancia, si podrán renegociarse, por qué montos y en qué plazos. La mayor proviene del juicio recientemente perdido por la Nación por el caso de la "nacionalización" de YPF, cuyo valor actual ronda los 16.000 millones de dólares. Hay también alguna deuda por otras acciones en tribunales extranjeros (una de ellas en Londres) y por lo menos el resultado de un laudo en el CIADI que permanece impago.
La deuda interna
El siguiente capítulo que tendrá que enfrentar el próximo gobierno desde un comienzo es el de la deuda interna. Según estimaciones privadas, en el 2024 vencerán colocaciones del Tesoro Nacional por un valor nominal cercano a los $80 billones, de los cuales la mayor parte está en manos de entidades públicas y algo más de 24 billones en manos privadas.
Buena parte de esa deuda está indexada, ya sea a través de los bonos "dólar linked" o de bonos duales. De este modo, poco será lo que pueda ser "licuado" por la inflación y los montos que puedan ser "roleados" en manos de bancos, fondos de inversión, empresas de seguros y particulares, dependerán de la evolución futura de la inflación y de la tasa de interés.
Obviamente, una parte de la deuda en manos de entidades públicas podrá ser cancelada y cargada a la pérdida de dichas entidades, pero otra parte importante no podrá serlo (aquella en manos del Banco de la Nación, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, del PAMI) ya sea por consideraciones legales o por la inconveniencia de privar de esos recursos a dichas entidades.
Otra es la situación de los títulos en poder de algunas provincias o de bancos provinciales, tema que probablemente entrará en el marco de una negociación más amplia con estas. En todo caso, el manejo de esta importante deuda tendrá que ser considerada conjuntamente con las colocaciones remuneradas del Banco Central, dado que ambos grupos de deudas y sus intereses juegan para determinar el nivel de emisión, la tasa de interés y la salud del sistema bancario.
Según el último balance del BCRA, las colocaciones remuneradas llegaban a 24,5 billones de pesos y se traducían en un pago mensual de intereses del orden de los 2,6 billones.
Pobreza e indigencia
Como consecuencia de estas políticas, el próximo gobierno deberá hacer frente a esta difícil coyuntura económica con un contexto social muy deteriorado, hoy caracterizado por un índice de pobreza cercano al 45% de la población y otro de indigencia que afecta, dentro de ese conjunto, a no menos del 10% del total de la población urbana del país. Estos millones de argentinos (no menos de cuatro o cinco millones) viven en deplorables condiciones, gran parte de ellos en los más de cinco mil quinientos llamados "barrios populares", que carecen de los servicios más elementales: acceso al agua potable, a redes cloacales o de alcantarillado, la mayoría colgados del sistema eléctrico o carentes de acceso a la red de gas. Debemos agregar a ellos a crecientes sectores de la "clase media" y especialmente de los niveles de ingresos más bajos dentro de ese grupo social, sobre los que resultará imprescindible no cargar más presión económica para evitar un deterioro aún mayor de sus condiciones de vida y no dar argumentos para sumarlos a los conflictos que intentarán generar diversos sectores extremistas o afectados por las reformas institucionales imprescindibles para poder hacer frente a una situación tan grave como la descrita. Para colmo, buena parte de esa población está desempleada o subempleada. Según nuestros cálculos, el desempleo abierto está muy por encima de las cifras provistas por el Indec (no menos del 13% de la PEA), acotadas por las definiciones utilizadas para las distintas categorías de empleo.
La actual capacidad de generación de empleo se ve limitada, más allá de los factores económicos y en particular la baja tasa de inversión que generan las políticas predominantes, por problemas de falta de formación profesional, la mala calidad de la educación básica e incluso la incapacidad de los afectados para adaptarse a las exigencias de un trabajo regular y continuo.
¡Maravilla de herencia la que dejan Alberto Fernández y su ministro Sergio Massa! Por suerte el pueblo argentino lo comprendió y lo expresó con su voto.
* Circulante más depósitos en pesos del sector público y privado no financiero.