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Luego de publicados los datos de cada censo, suele plantearse el debate respecto a la necesaria readecuación de la cantidad de diputados nacionales a la población de las provincias. Es que, a pesar de que el art. 45 de la Constitución Nacional establece que "después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo", esta actualización se cumplió por última vez en 1983 a través de la ley de facto 22.847, que estableció como base de reparto asignar una banca a cada distrito por cada 161.000 habitantes o fracción mayor a 80.500, agregando a esa representación 3 diputados adicionales por distrito con un piso mínimo de 5 diputados por provincia.
En virtud de dicha normativa, la provincia de Salta (que según el censo de 1980 tenía una población de 662.870 habitantes) eligió, a partir de las elecciones de 1983, 7 diputados nacionales sobre un total de 257. Sin embargo, aunque se realizaron censos en 1991, 2001, 2010 y 2022, ese cálculo nunca se actualizó, existiendo incluso un pronunciamiento del año 2018 de la Cámara Nacional Electoral, por el que se requirió al Congreso de la Nación que "en ejercicio de sus atribuciones, extreme los recaudos para ejecutar el mandato que establece el art. 45 de la Constitución Nacional".
Tal incumplimiento ocasiona que los ciudadanos de nuestra provincia hoy se encuentren subrepresentados, pues Salta es uno de los distritos que mayor crecimiento demográfico tuvo en los últimos 40 años, aumentando su población en ese período un 117% frente a una media nacional del 65%, no obstante, su participación en la Cámara Baja se mantuvo inalterable (7 bancas sobre 257).
Esa falta de actualización, que tiene como mayores perjudicados a los habitantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Salta, genera importantes asimetrías; así por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires con una población de 3.120.612 elige 25 diputados nacionales, mientras que Córdoba y Santa Fe tienen 18 y 19 diputados con 3.978.984 y 3.556.522 habitantes respectivamente. Del mismo modo, Entre Ríos tiene dos diputados más que Salta a pesar de que la última la supera en población.
Por otro lado, el piso mínimo de 5 diputados por distrito genera una sobrerrepresentación para los habitantes de las provincias con menor población que distorsiona el principio de "un ciudadano un voto", debiendo recordarse que es en la Cámara de Senadores donde se asegura una representación igualitaria a todas las jurisdicciones. En este sentido, cabe precisar que Salta apenas supera en dos diputados nacionales a Tierra del Fuego (7 vs. 5 escaños) cuando tiene una población casi ocho veces superior (1.440.672 vs. 190.641 habitantes). Es decir, si se efectúa una relación entre población y cantidad de bancas, hoy un diputado representa, por un lado, a 250.986 bonaerenses, 205.810 salteños o 201.453 mendocinos, pero, por otro, a 38.128 fueguinos, 66.694 santacruceños o 73.204 pampeanos.
En tal escenario, en la búsqueda de que el voto de cada elector tenga un peso relativo semejante al de los demás, se presentaron diversos proyectos de ley que en su mayoría proponen aumentar la cantidad de diputados nacionales asignando las nuevas bancas a las provincias que hoy se encuentran subrepresentadas (proyectos del año 2018 del diputado Del Caño y del 2016 de los diputados Conti, Bregman y Plaini que plantea elevar los escaños a 328; proyecto del 2016 de la diputada Stolbizer que procura aumentar las bancas a 297).
A su vez, resulta de interés el proyecto del entonces senador Juan Carlos Maqueda (hoy ministro de la Corte Suprema de Justicia), quien en 2002 propuso reducir el número de diputados nacionales a 177, bajando el piso mínimo a dos diputados por distrito electoral.
Quizá la solución para procurar un mayor equilibrio entre la cantidad de habitantes por distrito y el número de diputados que se eligen, sin el crecimiento del gasto público que demandaría la ampliación de la Cámara Baja, sea la de mantener los 257 escaños actuales pero aumentando la base poblacional de reparto para asignar una banca a cada distrito. Al mismo tiempo, se deberían suprimir los 3 diputados nacionales adicionales por distrito y bajar el piso por provincia de 5 a 3 (menos de este número impediría el acceso de las minorías en ciertas provincias).
En definitiva, las propuestas que se pueden formular para actualizar la composición de la Cámara de Diputados son múltiples, pero urge que los legisladores nacionales -sobre todo los que representan a los distritos más perjudicados- se aboquen a cumplir la manda constitucional del art. 45 de la Constitución Nacional, pues como bien lo señala el Prof. Vanossi la desactualización tiene como consecuencia práctica, que el voto de un ciudadano en algunas zonas tiene un valor inferior al de otro en otras zonas, en las que cada representante es elegido por un número mucho menor de ciudadanos".
* Docente de Derecho Constitucional. Secretario del Instituto de Derecho Constitucional de la Ucasal