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El juez de Garantías 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, declaró inadmisible el recurso de apelación sobre la prisión domiciliaria de la imputada por el robo de una bebé de la etnia wichi en Tartagal, el 14 de julio pasado. El recurso de apelación fue interpuesto por dos de los tres integrantes de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) que actúan en la causa.
Fuentes del caso consideraron que "la declaración de inadmisibilidad por parte de Mariscal Astigueta al recurso presentado por los fiscales que investigan la sustracción de la bebé plantea dudas respecto a la solidez de sus argumentos en una decisión que procura impedir que el Tribunal de Impugnación revise su decisión de otorgar el beneficio de detención domiciliaria a la principal imputada. Es relevante destacar que los plazos para apelar aún están en curso".
De acuerdo con la información proporcionada, el juez Mariscal Astigueta basó su argumentación en el hecho de que el recurso fue presentado por dos de los tres miembros de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) establecida en el Legajo de Investigación 52/23.
En su escrito, el juez señala que, mediante "averiguaciones telefónicas", ha tomado conocimiento de que el fiscal Rafael Medina se encuentra de licencia y que el fiscal Gonzalo Ariel Vega está trabajando en su reemplazo. Aclara el juez que ignora si corresponde que Vega asuma como tercer integrante de la UFI de manera interina. "Esta acción llevó a Mariscal Astigueta a involucrarse en cuestiones organizativas que son competencia exclusiva del Ministerio Público Fiscal", hicieron notar fuentes. "Además, el juez realiza más adelante una apreciación subjetiva, poniendo en duda la colaboración efectiva entre los fiscales, al plantear la posibilidad de que la ausencia de la firma de un fiscal (de licencia) indique una falta de coordinación dentro de la Unidad Fiscal", agregaron.
La exigencia planteada por el juez Mariscal Astigueta representa una formalidad inexistente que pasa por alto el principio de unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal, añadieron fuentes de ese sector. Este principio establece que las acciones de los fiscales se desarrollan bajo la autoridad y dirección del Ministerio Público Fiscal como institución, lo que permite que la firma de un único fiscal represente a toda la entidad. Esto refuerza la idea de que las decisiones de los fiscales están respaldadas por el conjunto de la institución del Ministerio Público Fiscal. "En este contexto, los jueces no deben intervenir en las cuestiones organizativas y funcionales propias de los fiscales, siempre y cuando estos estén actuando de acuerdo con las leyes del Ministerio Público Fiscal", remarcaron.
"Esta circunstancia suscita interrogantes sobre la razón que motiva al juez de Garantías a declarar la inadmisibilidad apoyándose en un razonamiento poco sólido, lo que aparentemente busca obstaculizar una revisión de su dictamen por parte del Tribunal de Impugnación", explican.
En su reciente presentación, el Ministerio Público de la Provincia de Salta, a través de los fiscales penales Lorena Martínez y Pablo Cabot, ha interpuesto un recurso de apelación ante el juez de Garantías de 2ª Nominación, Fernando Mariscal Astigueta, expresando preocupación respecto a la decisión de otorgar arresto domiciliario a la imputada en la causa por el robo de la bebé de Tartagal, en lugar de la prisión preventiva solicitada. Los fiscales argumentan múltiples factores para sustentar la probabilidad de fuga.
Respecto a la afirmación del juez sobre el arraigo de la imputada en una comunidad originaria, para los fiscales, "esto carece de sustento real y se basa en una generalización insuficiente que no garantiza que no exista riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación". Sostienen que "la imputada podría influir en testigos o posibles cómplices del delito, comprometiendo la búsqueda de la verdad y posiblemente destruyendo pruebas". Argumentan que "la medida de arresto domiciliario no es suficiente para asegurar la presencia de la imputada en el proceso".
Un caso conmovedor
La causa se sigue contra una mujer de 25 años acusada del delito de sustracción de persona menor de edad. El 14 de julio de este año, un hombre perteneciente a una comunidad originaria y padre de una niña recién nacida denunció que su hija no estaba en la sala de Maternidad del hospital Perón de Tartagal. La menor fue encontrada casi 24 horas después por un vecino en un baldío en cercanías del nosocomio.