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Pocos han definido mejor un sistema perverso que garantiza la impunidad de los corruptos y nos condena al atraso y la pobreza que Ayn Rand, la escritora rusa que huyó a los Estados Unidos en 1950, escapando de la URSS.
"Cuando advierta que para producir se necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare en que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su sociedad está condenada".
Pensando en el 22/10
Faltando menos de 6 semanas para las elecciones nacionales, es esta una buena ocasión para realizar un análisis sobre las graves deficiencias y el deterioro que hemos venido sufriendo a nivel institucional.
Hoy la Argentina atraviesa nuevamente una crisis de gran magnitud en el terreno social, con una economía en recesión y un angustioso nivel de pobreza e indigencia. El clima político está signado por los enfrentamientos y peleas que impiden desde hace décadas el diálogo necesario para encaminar el país. Las instituciones democráticas están debilitadas y la sociedad descree de los gobernantes, los legisladores y la Justicia.
Por otro lado, se aceleran los cambios en las modalidades laborales, productivas, de relacionamiento, de seguridad, educativas, etc. Es, entonces una oportunidad para proponernos una remozada institucionalidad que debe regirnos durante las próximas décadas, enfocada en dos cuestiones centrales.
* La primera, instaurar los gobiernos de coalición. Quedó visto que los gobiernos de un solo color político, así como los liderazgos personalistas, son incapaces de resolver los problemas del país. Solo la necedad en este sentido ha llevado a tropezar continuamente con la misma piedra.
* La segunda, acabar con la corrupción estructural en el Estado y establecer una normativa que garantice la más absoluta transparencia de las actividades de las instituciones públicas. Por poner un solo ejemplo, si queremos acabar con la corrupción es absolutamente impensable mantener un régimen legal que permite que el Gobierno sea quien controle la legalidad de sus propios actos.
Corrupción sistemática
Está claro que no se trata de un fenómeno de aparición reciente. Todo lo contrario. Corruptos hubo siempre. Y los hay en todos lados, pero desde hace cuatro décadas comenzó a crecer entre nosotros la corrupción estructural, la que se instala más allá de las personas, en los procesos y los sistemas.
En el tiempo transcurrido, el desinterés y la negación de las dirigencias hicieron su trabajo y se generó el terreno fértil para el crecimiento exponencial de esos fenómenos.
Se procuró colonizar uno de los Poderes del Estado, pretendiendo aniquilar un atributo esencial de una Justicia que merezca ese nombre: la imparcialidad.
El intento de avanzar sobre los frenos y contrapesos -que nuestro sistema republicano prevé para evitar que personas o mayorías circunstanciales avancen sobre las libertades, bienes u organización política de una nación- no han tenido otra finalidad que conseguir mayor impunidad. Para lograrlo, la tesis central de quienes lo promueven es considerar que el Poder Judicial no debe ser una instancia que garantiza que los ciudadanos puedan oponer al Poder una verdad, sino entienden que dicho Poder debe manifestar las relaciones de fuerza que se juegan en cada momento de la historia. Ello expresa un modo de pensar las instituciones, esto es: "Quien manda es el que impone su voluntad sobre los otros órganos del Estado" y que "El poder está por encima de la ley".
Una nueva institucionalidad
Los despachos judiciales están abarrotados de causas por hechos de corrupción sistemática que involucran cifras o importes representativos de varios puntos de nuestro producto bruto interno y que constituyen un evidente obstáculo a cualquier posibilidad de crecimiento y desarrollo sustentable y debe ser la Justicia -una Justicia remodelada, seguramente, para cumplir con sus funciones en tiempo y forma- quien se encargue de darle buen curso a los procesos para acabar con la impunidad. Eso, por lo demás, ayudaría a mejorar la imagen tan deteriorada de jueces y fiscales.
Nuestros legisladores deben concentrarse en promover una legislación que garantice, de aquí en más, la total transparencia en el accionar estatal. Un régimen legal que, en principio, evite que se produzcan hechos de corrupción. Y que, en el caso que ocurrieran, los castigue rápida y severamente.
Este modo de actuar va a implicar una nueva institucionalidad que tenga, entre sus principales objetivos, acabar definitivamente con la corrupción estructural en el Estado. Es una tarea imprescindible que debe asumirse con el más absoluto respeto a las leyes y normativas imperantes.
Oficina Anticorrupción, en serio
De igual modo, es anhelo de la mayoría de los argentinos que instituciones como la Oficina Anticorrupción (OA) dependiente del Poder Ejecutivo Nacional -que impulsa los juicios contra funcionarios a quienes se les imputan delitos contra el Estado- vuelva a cumplir con su rol fundamental, esto es intervenir como querellante en todas las investigaciones por hechos de corrupción que comprometen a exfuncionarios y funcionarios actuales. La Oficina Anticorrupción venía interviniendo como querellante en causas de alto voltaje político, como el caso de los cuadernos de la corrupción, los expedientes de Odebrecht, la causa por la tragedia de Once, la megacausa por lavado de dinero contra Lázaro Báez (conocido como la ruta del dinero k), el caso Vialidad -que motivó el primer juicio oral contra Cristina Kirchner- y otras más antiguas, como el caso sobresueldos, contra Carlos Menem, pero por resolución de octubre 2020, firmada por su titular y publicada en Boletín Oficial, esta oficina fue disuelta ordenándose la reasignación de todo su personal.
Piedra libre a la impunidad
En relación a la temática en tratamiento, no podemos dejar de mencionar la ley 27.544 sobre "Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera", que autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar la deuda externa.
En su artículo 4° establece que los contratos que se suscriban en los términos de la presente ley, no estarán alcanzados por las disposiciones del decreto 1023/01, normativa ésta que establece reglas preventivas contra la corrupción para la administración pública:
a) Transparencia de los procedimientos.
b) Publicidad de las actuaciones.
c) Igualdad de tratamiento; resultando más grave aún la exclusión del art. 10 del decreto, en tanto dispone "anticorrupción": se rechazará el contrato donde se haya ofrecido "dinero o cualquier dádiva a fin de que (...) a) funcionarios o empleados públicos (...) hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, b) hagan valer la influencia de su cargo (...), c) cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público (...) a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones".
Como si no fuera suficiente, se excluyó el artículo 14 del decreto, que establece "la responsabilidad de los funcionarios por los daños que su conducta cause al Estado, sea por dolo o culpa". Esta eliminación resultaba de extrema gravedad ya que, al momento de sancionarse la ley (05-02-2020) se estaba discutiendo un contrato por US$100.000 millones. Y si bien es cierto que la ley no declara inaplicables el Código Penal ni las convenciones anticorrupción, podría interpretarse que, siendo una ley, esas normas especiales hubieran tenido influencia o primacía en caso que se llegare a discutir una responsabilidad penal. El Congreso debió tomar parte activa en el asunto para evitar la erradicación de dichos controles, modificando la ley 27.544 en tal sentido.
Éxito, fracaso, corrupción
La lucha contra la corrupción garantiza el éxito del plan económico. Para completar este panorama que apunta a considerar alternativas que tiendan a lograr una mayor transparencia frente al debilitamiento de nuestras instituciones, no se puede dejar de considerar que la reestructuración de la deuda argentina con sus acreedores externos no puede focalizarse solo en metas macroeconómicas dejando de lado los compromisos de respeto a la institucionalidad, al Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, ya que estos son los verdaderos pilares que garantizan el éxito de cualquier plan económico, aspectos éstos que lamentablemente son dejados de lado al momento de negociar obligaciones estatales.