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La trágica muerte de Tomás Sotero, el niño de 5 años que fue atropellado el domingo pasado por la camioneta del intendente de La Merced, Javier Wayar, dio un giro en las últimas horas: el caso ingresó de lleno en una etapa de investigación judicial y política, impulsada por el Senado provincial mediante pedidos formales de informes y requerimientos de documentación administrativa.
Durante la quinta sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el cuerpo aprobó dos extensos pedidos de informe dirigidos a los ministerios de Salud Pública y de Seguridad, con un plazo de cinco días para responder. El objetivo es claro: reconstruir en detalle lo ocurrido en la noche del pasado 5 de abril y evaluar la eficiencia, oportunidad y adecuación de la respuesta estatal ante la emergencia.
Los requerimientos, impulsados por el senador de Cerrillos Gonzalo Caro Dávalos, apuntan a obtener información precisa sobre cada instancia del operativo de emergencia. Desde la hora exacta en que se recibió el llamado solicitando asistencia, pasando por el despacho de ambulancias y móviles policiales, hasta los tiempos de arribo al lugar del hecho.
En el caso del Ministerio de Salud, se exige detallar si los tiempos de respuesta se ajustaron a los protocolos vigentes, identificar al personal interviniente, determinar la disponibilidad operativa de ambulancias y precisar si existieron demoras, junto con sus causas y posibles responsabilidades funcionales.
También se solicita la totalidad de los registros documentales -actas, comunicaciones radiales, grabaciones y reportes internos- que permitan reconstruir la cronología completa del operativo, además de informar si se inició algún sumario administrativo.
La muerte de Tomás Sotero se proyecta más allá del dolor inicial y se instala como un caso testigo sobre la respuesta del Estado ante situaciones críticas con control político y judicial.
En paralelo, el pedido dirigido al Ministerio de Seguridad pone el foco en la intervención policial y las condiciones en que se realizaron las pericias. Se requiere información sobre controles de alcoholemia o toxicológicos al conductor, la preservación del lugar del hecho, la cadena de custodia y los tiempos en que actuó la División Criminalística.
Además, se busca establecer si el vehículo involucrado permaneció en el lugar hasta la realización de las pericias y si hubo demoras o irregularidades en los procedimientos.
El Senado también pidió precisiones sobre la disponibilidad de móviles y personal en la zona al momento del hecho, y si otras emergencias simultáneas pudieron haber condicionado la respuesta.
Otro pedido
En ese mismo contexto, ingresó a la Cámara Alta un proyecto de ley presentado por el senador Roque Cornejo Avellaneda (LLA) que propone la intervención del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de La Merced por el plazo de 30 días, en el marco del artículo 179 inc. 2 de la Constitución Provincial.
La iniciativa fue girada a la Comisión de Legislación General para su análisis, en medio de un clima político creciente que suma tensión institucional al impacto social generado por la tragedia.
Una causa que escala
Con estos movimientos, el caso deja de ser únicamente una investigación judicial para convertirse también en un eje de control político e institucional. Los pedidos de informes no solo buscan esclarecer lo sucedido, sino también establecer eventuales responsabilidades administrativas y evaluar el funcionamiento de los sistemas de emergencia.
Por otro lado, El Tribuno confirmó con fuentes cercanas al caso, que personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas se presentó en la Municipalidad de La Merced para recabar documentación vinculada a la situación laboral de Miguel Plaza, el conductor del siniestro.
No era empleado
El objetivo de esa diligencia fue establecer si Plaza continuaba o no siendo empleado del municipio al momento del hecho. De acuerdo con la información obtenida, los investigadores constataron que ya no prestaba servicios desde febrero.
Fuentes consultadas aclararon que no se trató de un allanamiento, sino de un procedimiento orientado a reunir papeles e informes en el área de Personal, en el marco de la causa que busca reconstruir todas las circunstancias del caso.
La actuación judicial se da en un contexto de fuerte tensión política y social en la localidad, donde crecen los reclamos de justicia por la muerte del niño y también los cuestionamientos al funcionamiento del municipio. En los últimos días, vecinos marcharon en la plaza San Martín y a las puertas de la comuna para exigir respuestas, mientras en la Legislatura avanza el debate sobre un pedido de intervención.
En paralelo, la situación del intendente Javier Wayar continúa bajo observación. Aunque desde la Cámara de Diputados provincial plantearon que no hay objeciones a su continuidad si el municipio funciona con normalidad, el caso sigue generando repercusiones.