inicia sesión o regístrate.
Dos llamados al 911, pintadas con mensajes intimidatorios y la activación de protocolos preventivos pusieron en alerta a la comunidad educativa salteña, en el marco de una investigación que encabeza la Fiscalía Penal 3 y que ya contempla una batería de medidas para identificar a los responsables.
El fiscal Horacio Córdoba Mazuranic ordenó la documentación de los lugares donde aparecieron los mensajes, la toma de testimonios a directivos y personal de los establecimientos, y el análisis de cámaras de seguridad. Como medida preventiva central, se dispuso además una consigna policial fija en el Colegio Miguel Aráoz N° 5033 durante sus tres turnos, mientras avanza la investigación.
El caso se originó tras el hallazgo de un escrito en el baño de varones del primer piso de ese establecimiento, ubicado en la zona sur de la ciudad, donde se advertía sobre un supuesto "tiroteo el 17 de abril". La situación fue reportada al Sistema de Emergencias 911 y derivó en la intervención inmediata del Grupo Investigativo del Sector, la División de Ciberseguridad de la Policía y la Asesoría de Menores e Incapaces.
En paralelo, otros episodios similares quedaron bajo análisis judicial. Según confirmaron fuentes del caso, también se detectaron mensajes intimidatorios en el colegio secundario ex Nacional, lo que refuerza la hipótesis de un fenómeno que comienza a replicarse en distintos ámbitos escolares de la provincia.
A partir de estos hechos, la Brigada de Investigaciones trabaja junto a la fiscalía para determinar si se trata de acciones coordinadas o de conductas imitativas entre estudiantes, en un contexto donde circula un supuesto "reto viral" vinculado a amenazas de ataques armados en escuelas.
Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que este tipo de hechos podría encuadrarse en el delito de intimidación pública, una figura penal que prevé penas de entre 2 y 6 años de prisión. En ese marco, se avanza en la identificación de los autores y en la recolección de pruebas que permitan establecer responsabilidades.
Por su parte, el Ministerio de Educación activó los protocolos institucionales de Seguridad y Convivencia Escolar, en línea con la Resolución 115/26, que establece pautas de actuación ante situaciones de violencia, acoso y conflictos entre pares, con participación obligatoria de las familias.
Pese a la preocupación generada, hasta el momento no se detectaron riesgos concretos ni indicios de una amenaza real inminente. Sin embargo, las autoridades mantienen las medidas preventivas y el monitoreo constante de la situación, en un escenario atravesado por la circulación de mensajes similares en distintas provincias del país, lo que refuerza la hipótesis de un fenómeno viral que se replica en entornos escolares y genera alarma social.