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La Justicia laboral suspendió ayer la aplicación de la reforma laboral en el ámbito de la docencia, lo que representó un nuevo revés para la ley que impulsó el Gobierno. El juzgado laboral N° 74 puso en pausa la declaración de esencialidad para la educación, que limitaba el ejercicio del derecho de huelga.
El artículo 101 de la Ley Nº 27.802 declaraba a la educación como servicio esencial y por ello, los sindicatos del sector quedaban obligados a mantener un 75 pro ciento de prestación normal de la actividad en caso de realizar una huelga, lo que claramente le restaba fuerza a un reclamo gremial.
La presentación en la Justicia fue realizada por la Unión Docentes Argentinos (UDA) que conduce Sergio Romero, dirigente de la CGT.
Desde la conducción de UDA, señalaron que el espíritu de la reforma laboral colisionaba directamente con garantías constitucionales del sector docente.
Romero se mostró conforme tras conocerse la decisión judicial y subrayó que el foco de la gestión pública debería estar en la inversión y no en el recorte de libertades.
"Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones", sostuvo Romero.
Estrategia libertaria
En tanto, el Gobierno sigue enfocado, bajo reuniones presenciales y telefónicas, en cómo apelar el primer fallo que alteró los ánimos: es el que emitió el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que resolvió el último lunes suspender de manera provisoria la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización laboral. La determinación del tribunal surgió a raíz de una acción impulsada por la CGT contra el Estado Nacional.
Detrás del tema están la Procuración del Tesoro, que comanda Sebastián Amerio, y Julio Cordero, el secretario de Trabajo, con el total respaldo del Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques no aparece en conversación para revertir el escenario judicial por el momento.
Hasta ayer no había definición sobre en qué fuero apelar la suspensión de gran parte de la reforma laboral. Podría ser el fuero laboral, pero también se hablaba en Casa Rosada del avance de una presentación en el fuero contencioso administrativo. "Todavía no está definido, lo estamos hablando", le dijo una voz al tanto del armado de la estrategia libertaria.
El martes fue un día de reuniones en Balcarce 50 en torno a la problemática y desde el asesor Santiago Caputo hasta Amerio estuvieron analizando las posibilidades. Ayer continuaron los contactos.