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El Grand Bourg oficializó ayer la toma de un anticipo financiero por $259.000 millones otorgado por el Ministerio de Economía de la Nación, en un contexto de caída de los recursos por coparticipación que impacta de lleno en las cuentas provinciales y municipales.
La medida quedó establecida a través del Decreto Nº 243, publicado en el Boletín Oficial, que aprueba el Convenio Marco firmado entre ambas jurisdicciones. El acuerdo se inscribe en lo dispuesto por el Decreto Nacional Nº 219/2026, mediante el cual la Nación habilitó asistencia a provincias para cubrir necesidades financieras transitorias.
Del convenio se desprende que el monto total del anticipo asciende a $259.000 millones y será desembolsado en tres tramos: $120.000 millones en abril, $60.000 millones en mayo y $79.000 millones en junio de 2026, sujeto a las necesidades financieras que comunique la Provincia y a la disponibilidad del Estado nacional. Se trata de un esquema escalonado que busca cubrir baches de liquidez en el corto plazo, en un escenario de caída sostenida de ingresos automáticos.
El acuerdo fija una tasa fija nominal anual del 15% y establece que la devolución del capital se realizará en cuatro cuotas mensuales y consecutivas a partir de agosto de 2026. Además, los intereses se calcularán mensualmente sobre el saldo de deuda, lo que implica que el costo financiero estará atado al ritmo de cancelación del anticipo.
Como garantía, el convenio prevé que la Nación podrá retener automáticamente los fondos correspondientes a la coparticipación federal de impuestos que le correspondan a Salta, en el marco de la Ley 23.548 y sus modificatorias. Esta cláusula asegura el repago mediante un mecanismo directo sobre los recursos que recibe la Provincia, siempre que no estén afectados a destinos específicos.
Otro punto relevante es que la Provincia se compromete a remitir información periódica sobre su situación fiscal a la Secretaría de Hacienda de la Nación, a través de los canales técnicos correspondientes. Este seguimiento permitirá monitorear la evolución de las cuentas públicas en paralelo al cronograma de asistencia y devolución.
El convenio fue suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 15 de abril de 2026 y forma parte de un esquema más amplio de asistencia financiera a provincias en un contexto de retracción económica. En ese marco, el instrumento aparece como una herramienta para sostener el funcionamiento del Estado en el corto plazo, aunque implica compromisos concretos de devolución en los meses siguientes.
La decisión se produce en un momento delicado para Salta, donde la merma en la coparticipación viene golpeando con fuerza no solo a la administración central sino también a los municipios, que dependen en gran medida de esos recursos para su funcionamiento cotidiano. La caída del consumo, señalada por el propio Gobierno provincial, impacta directamente en la recaudación nacional y, por lo tanto, en la distribución automática hacia las provincias.
En paralelo a la asistencia, el Ejecutivo provincial ya había activado un plan de "austeridad" por 180 días con el objetivo de ordenar las cuentas públicas. La medida incluyó el congelamiento de salarios de funcionarios de alto rango, la suspensión de nuevas contrataciones en la administración pública y restricciones en gastos operativos.
El ajuste también abarca la prohibición de comisiones de servicio al exterior salvo excepciones, la suspensión de gastos de protocolo y cortesía, y la revisión de contratos en moneda extranjera, que deben ser renegociados. A su vez, se dispuso un control más estricto sobre organismos descentralizados, con rendiciones mensuales ante el Ministerio de Economía y seguimiento del uso de recursos, como el parque automotor oficial.