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El juicio por el crimen de María José “Majo” Cabrera, ocurrido en Campo Quijano, ingresará hoy en una de sus etapas más decisivas con el inicio de los alegatos de las partes. El debate oral tiene como juez unipersonal a Marcelo Rubio, magistrado de la Sala V del Tribunal de Juicio del distrito Centro, quien desde su llegada al cargo en 2014 intervino en algunos de los expedientes penales más resonantes de la última década en Salta.
En la causa actual están imputados Federico Javier López, acusado como autor de homicidio y abuso sexual con acceso carnal en dos hechos, y Ramiro Nicolás López, señalado como partícipe secundario del crimen.
Según consta en el expediente, durante la madrugada del 3 de diciembre de 2023, el automóvil conducido por uno de los acusados atropelló intencionalmente a María José Cabrera y luego se dio a la fuga con colaboración de su hermano. La mujer murió el 20 de diciembre en el hospital San Bernardo por un shock séptico secundario a politraumatismos.
El caso tuvo un giro clave durante el juicio cuando la fiscal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, solicitó modificar la calificación legal y ampliar la acusación de homicidio simple a homicidio agravado por alevosía.
Rubio hizo lugar al planteo y otorgó un cuarto intermedio para garantizar que las defensas pudieran reorganizar sus estrategias procesales ante la nueva imputación.
La decisión volvió a colocar a Rubio en el centro de un expediente de alta sensibilidad pública, algo habitual desde que asumió como juez de la Sala V del Tribunal de Juicio.
Marcelo Javier Rubio Liberón llegó a la magistratura en noviembre de 2014, luego de desempeñarse como fiscal correccional. Desde entonces encabezó juicios atravesados por homicidios, violencia de género, abusos sexuales, narcotráfico, mala praxis médica y delitos económicos.
Uno de los primeros casos de repercusión pública en los que actuó ocurrió en 2015, cuando condenó a siete años de prisión efectiva a un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina de siete años y producir imágenes pornográficas de la menor. La investigación se había iniciado luego de que la madre descubriera fotografías almacenadas en el celular del acusado.
En abril de 2016 quedó al frente de uno de los procesos más sensibles vinculados a responsabilidad médica en Salta: la muerte de María Silvia Nazar, una estudiante de abogacía de 20 años fallecida tras no ser diagnosticada a tiempo con un herpes cerebral.
Rubio condenó al neurocirujano Pantaleón Saladino y al médico Luis Folco por homicidio culposo. Ambos recibieron penas condicionales e inhabilitación profesional. Años después, la Sala II del Tribunal de Impugnación confirmó la responsabilidad penal de los médicos, aunque redujo la inhabilitación para ejercer la medicina de cinco a dos años.
Los jueces de Impugnación remarcaron que la sentencia de Rubio había realizado una correcta valoración de la prueba y concluyeron que existió negligencia médica por no advertir la gravedad del cuadro clínico de la víctima.
En octubre de 2017, Rubio condenó a Roberto Vicente Serrano a 23 años de prisión efectiva por asesinar a mazazos a su hermana Angelita Serrano en Villa Rebeca. El acusado había permanecido prófugo algunos días antes de ser detenido cerca de la terminal de ómnibus.
Otro expediente de relevancia llegó en noviembre de 2022, cuando condenó a Ramón Oscar López por homicidio con exceso en la legítima defensa. El acusado había matado con un arma blanca a un joven durante un intento de robo en Villa Asunción. Rubio homologó un juicio abreviado y le impuso una pena de dos años de prisión condicional.
Ese mismo año presidió uno de los juicios más importantes vinculados al narcotráfico dentro del sistema penitenciario provincial. La causa se originó a partir de una denuncia radial que advertía sobre venta de drogas dentro de Villa Las Rosas y amenazas a familiares de detenidos para exigir pagos.
Rubio encabezó el tribunal que condenó a seis personas a prisión efectiva, una a prisión condicional y absolvió a dos acusados. La investigación de la UFINAR sostuvo que existía una estructura organizada para ingresar droga al penal y comercializarla entre internos mediante transferencias y coordinación externa.
En mayo de 2023 condenó al relacionista público Federico Ariel Sánchez a seis años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal. La denunciante aseguró haber sido drogada y abusada luego de salir de un local bailable. Sánchez es primo del productor de moda Pablo Rangeón.
Rubio ordenó además la extracción de ADN y la incorporación del condenado al Banco de Datos Genéticos.
En abril de 2024 integró junto a Gabriela Romero Nayar y Mónica Faber el tribunal que condenó a prisión perpetua a Kalil Ezequiel Chejolán y Julián Bautista Bubroski por el doble homicidio de Jonatan Pablo Tolaba y Romina Isabel Zerda, conocido como el crimen de la Circunvalación Oeste.
La investigación concluyó que el doble asesinato había sido planificado y luego simulado como un accidente vial. El expediente estuvo atravesado por testimonios reservados, análisis telefónicos y una trama ligada a drogas sintéticas y narcotráfico.
Meses después, en noviembre de 2024, Rubio participó de otro fallo de alto impacto institucional: la condena al abogado Sergio Guillermo Chiericotti por alterar documentación judicial en un expediente de desalojo. El tribunal lo condenó a tres años de prisión condicional y tres años de inhabilitación para ejercer la abogacía.
Ya en 2025, Rubio condenó a 14 años de prisión a un hombre acusado de tentativa de femicidio en barrio San Benito. El imputado había interceptado a su expareja en la vía pública y le disparó desde un automóvil. El magistrado rechazó el planteo defensivo que pretendía reducir el hecho a lesiones graves y lo encuadró como tentativa de femicidio.
Ahora se espera el fallo de Rubio tras los alegatos en el juicio por el crimen de María José “Majo” Cabrera, un caso que también generó fuerte conmoción en Campo Quijano y en toda la provincia por la gravedad de la acusación y el planteo fiscal que sostiene que la mujer fue atropellada de manera intencional antes de que los acusados escaparan del lugar.