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Bolivia ingresó ayer en la cuarta semana de protestas de campesinos y otros sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, pese a los intentos fallidos para dialogar del Gobierno de solo seis meses.
Las organizaciones que lideran las protestas, como los campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), volvieron a marchar ayer desde la ciudad vecina de El Alto hacia el centro de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo.
También hubo otras marchas que llegaron desde el sur y el norte de la ciudad, que pasaron por las calles aledañas a la plaza Murillo, el centro del poder político boliviano que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada.
Grupos de manifestantes intentaron forzar su ingreso a la plaza Murillo, por lo que la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos.
El dirigente minero Nelson Álvarez cuestionó que en el Parlamento esté en análisis un proyecto de ley que elimina restricciones legales vigentes desde 2020 para que el Gobierno declare un estado de excepción que le permita ampliar el despliegue de fuerzas de seguridad ante las protestas.
Los líderes ciudadanos de Santa Cruz (este), la región más poblada del país, agrupados en el Comité Cívico de ese departamento, llamaron a la población a concentrarse hoy para tomar acciones ante los bloqueos de carreteras.
La cuarta semana del conflicto se inició con más de 50 bloqueos en carreteras de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, alertó que está en marcha un "golpe de Estado" e instó a la población a proveerse de víveres y a defender el derecho al "libre tránsito" en esa región, considerada el motor económico de Bolivia.
En paralelo, en La Paz también hubo bloqueos callejeros de algunos sindicatos de transportistas por la escasez de combustibles, consecuencia de los bloqueos de las rutas, mientras que un grupo de manifestantes impide el ingreso y salida de pasajeros y encomiendas en las puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto, que sirve a La Paz.
Las protestas que exigen la renuncia de Paz, quien lleva poco más de seis meses en la Presidencia, mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y, desde la semana pasada, los bloqueos de carreteras se extendieron a otras regiones de Bolivia.
Ante el desabastecimiento en La Paz y El Alto, las más afectadas por las protestas, el Gobierno estableció unos "puentes aéreos" para llevar alimentos a ambas ciudades, a lo que se suma el apoyo logístico y las donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.
El Gobierno llamó el domingo a dialogar a los sindicatos campesinos de La Paz y a otros sectores, pero finalmente no hubo reunión, ya que en la víspera fracasó un nuevo intento de habilitar un "corredor humanitario", que derivó en enfrentamientos entre policías y militares con los manifestantes, además de disturbios.
Paz apela a la Constitución
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó ayer que hará respetar la Constitución frente a los sectores que piden su renuncia con bloqueos de carreteras iniciados hace 20 días. "Bolivia tiene una Constitución y la haremos respetar (...) Una minoría no nos puede gobernar, una minoría no nos puede abusar y haremos cumplir esa Constitución", afirmó Paz desde Sucre.
Paz dijo que Bolivia "no necesita el conflicto" y que hay que dialogar, "pero no bajo la presión del hambre de los ciudadanos como escudo o la falta de combustible y medicina", problemas que están afectando sobre todo a la ciudad de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, y la vecina El Alto.
"No voy a dialogar con los que no dialogan, porque esos no entienden de la libertad. Hemos apostado por el diálogo por más de 11 días y estamos apostando por los resultados", añadió.