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La audiencia pública convocada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta volvió a poner sobre la mesa uno de los temas que más preocupa a los usuarios: el fuerte impacto de las facturas de energía en un contexto de recesión económica, pérdida de poder adquisitivo y reducción de subsidios nacionales.
Durante el encuentro se analizaron las condiciones actuales del servicio eléctrico, la evolución de las tarifas, la situación de los subsidios, la problemática de las conexiones clandestinas, la generación aislada en zonas rurales y la inclusión de tributos municipales en las boletas.
Mientras el Ente Regulador sostuvo que las actualizaciones autorizadas en la provincia se mantienen dentro de los límites establecidos por la ley provincial y por debajo de la inflación, la empresa Edesa planteó que buena parte del incremento que perciben los usuarios responde a cambios dispuestos por Nación, especialmente por la reducción de subsidios y la modificación de los consumos subsidiados.
Saravia: "La mayor repercusión en las facturas tiene como protagonista a Nación"
En diálogo con El Tribuno, el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, señaló que el objetivo de la audiencia fue ofrecer una radiografía completa de la situación energética provincial. "El Ente ha dejado en claro que la ley que rige en Salta habla de actualizaciones tarifarias vinculadas a la inflación y que hay una gran repercusión económica en las facturas que tiene como protagonista Nación", afirmó.
Saravia recordó que la Ley Provincial 8457 establece límites para las actualizaciones tarifarias en los servicios bajo competencia provincial, una metodología diferente a la aplicada por el Gobierno nacional en materia energética.
En ese sentido, remarcó que el aumento autorizado por la Provincia representa apenas una porción menor del incremento que terminan percibiendo los usuarios.
Según explicó, durante el último período el precio estacional de la energía definido por Nación impactó en las facturas en un 10,66%, mientras que el incremento provincial fue del 1,34%. "El aumento total fue del 12%, pero más de 10 puntos corresponden a decisiones nacionales y menos de 1,5 puntos a la Provincia", sostuvo.
Además, señaló que miles de usuarios han perdido en los últimos meses el acceso a los subsidios nacionales. "Hubo 1.800 usuarios que perdieron la categoría subsidiada el último mes, 1.200 el anterior y 1.500 el anterior. Son padrones que maneja Nación y cuando salen del sistema dejan de tener acceso a los bloques de energía subsidiada", indicó.
El peso de los subsidios y los cambios nacionales
Durante su exposición en la audiencia, el gerente general de Edesa, Jorge Salvano, coincidió en que la principal transformación del sistema energético proviene de las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional.
Explicó que los cambios introducidos a través de distintos decretos y resoluciones reformularon el esquema de subsidios energéticos y avanzaron hacia un modelo de subsidios focalizados que integra electricidad y gas.
Según detalló, el nuevo esquema modificó sustancialmente los consumos base subsidiados y redujo progresivamente la participación del Estado nacional en el financiamiento del sistema.
Salvano mostró que los subsidios energéticos nacionales vienen descendiendo de manera sostenida y aseguró que los usuarios cubren actualmente una proporción mucho mayor del costo real de la energía que en años anteriores. También cuestionó los criterios utilizados para definir los consumos subsidiados en las zonas cálidas del país.
Sostuvo que los límites actuales no reflejan la realidad climática de amplias regiones de Salta, donde las altas temperaturas suelen extenderse durante cuatro o cinco meses al año. "La zona norte y este de la provincia tienen condiciones climáticas que no están adecuadamente contempladas en los criterios nacionales actuales", señaló.
Conexiones clandestinas y pérdidas no técnicas
Uno de los puntos que concentró buena parte de las exposiciones fue el crecimiento de las conexiones irregulares al servicio eléctrico.
Saravia advirtió que el fenómeno del "colgado" o acceso clandestino a la energía se está expandiendo y afecta directamente la calidad del servicio. "El hurto social existe en todos los países donde hay pobreza y Argentina la tiene. Hay barrios y asentamientos completos que hoy acceden a la energía mediante conexiones irregulares y eso termina afectando a todo el sistema", afirmó.
Desde Edesa, Salvano explicó que las pérdidas no técnicas representan un serio problema para la sostenibilidad del servicio. Indicó que la provincia registra más de 21.000 familias con conexiones irregulares distribuidas en alrededor de 153 sectores.
Según explicó, la problemática tiene múltiples causas y no puede ser abordada únicamente desde una perspectiva sancionatoria. Por ello, la empresa propuso avanzar en programas de regularización que involucren a municipios, organismos provinciales y usuarios.
"Es un problema multidimensional que requiere coordinación institucional, infraestructura y mecanismos de inclusión", sostuvo.
Morosidad y dificultades para sostener el servicio
Otro de los aspectos analizados fue el crecimiento de la morosidad. Saravia reconoció que la situación económica actual genera dificultades crecientes para afrontar el pago de los servicios.
"La gente hoy separa boletas. No solamente deja de pagar por tiempo indeterminado sino por determinados períodos mensuales porque los ingresos no alcanzan", explicó.
La empresa también expuso cifras preocupantes respecto de la cobrabilidad. En el caso de los sistemas de generación aislada que abastecen a usuarios rurales alejados del sistema interconectado, la situación resulta especialmente compleja.
Según datos aportados por Edesa, cerca del 40% de esos usuarios acumulan más de 36 facturas impagas. Salvano señaló que estos sistemas requieren inversiones permanentes en paneles solares, baterías y equipamiento de alto costo, mientras que la recaudación resulta insuficiente para sostener la operación.
Generación aislada: un desafío para 12.000 usuarios
La audiencia también abordó la situación de aproximadamente 12.000 usuarios que reciben energía mediante sistemas aislados en zonas donde no existe conexión a la red eléctrica tradicional.
Saravia recordó que estos sistemas fueron desarrollados en gran parte a través del programa PERMER, financiado por organismos internacionales, pero que actualmente enfrentan serias dificultades para su expansión y mantenimiento. "Una batería para un sistema solar puede costar alrededor de 500.000 pesos y las tarifas promedio rondan los 15.000 pesos. Es un servicio muy costoso de sostener", explicó.
Desde Edesa insistieron en la necesidad de revisar el esquema tarifario de estos sistemas para garantizar recursos que permitan el mantenimiento y la reposición de equipamiento.
Tributos municipales y separación de conceptos en las boletas
Otro de los puntos debatidos fue la inclusión de tributos municipales en las facturas eléctricas.
Saravia recordó que la legislación provincial autoriza actualmente el cobro simultáneo de estos conceptos, aunque reconoció que existe un reclamo creciente de usuarios respecto de la necesidad de una mayor transparencia. "Si el Ente actualiza tarifas en función de la inflación, también es esperable que todos los conceptos que integran la factura respondan a una lógica similar", planteó.
Por su parte, Salvano defendió el sistema vigente y señaló que los usuarios tienen la posibilidad de solicitar la desafectación de determinados conceptos a través de distintos canales de atención.
Según detalló, la separación de servicios constituye actualmente uno de los trámites más solicitados por los usuarios.
Auditoría y sanciones por errores de facturación en General Güemes
Aunque no fue el eje principal de la audiencia pública, Saravia también se refirió a la auditoría iniciada sobre Edesa por irregularidades detectadas en la facturación de usuarios de General Güemes.
Según explicó, el problema se originó durante la migración de datos vinculada a la instalación de medidores inteligentes. La situación provocó que durante varios meses no se registraran correctamente los consumos y que posteriormente se acumularan en una sola factura.
Además, se detectaron errores vinculados a la aplicación de beneficios para zonas cálidas y subsidios nacionales. "Se trata de aproximadamente mil familias afectadas. Hemos ordenado una auditoría, un proceso sancionatorio y la refacturación correspondiente", señaló.
El titular del Ente confirmó que mientras dure el proceso los usuarios involucrados no deberán abonar las facturas cuestionadas ni podrán sufrir cortes del suministro.
También anticipó que las sanciones serán significativas. "Va a haber multas ejemplares y nuestra intención es que tengan un beneficio directo para los usuarios afectados", afirmó.
Según adelantó, el organismo espera concluir las actuaciones en un plazo cercano a los 15 días para avanzar con la refacturación y la resolución definitiva de cada caso.