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El Senado postergó este jueves el tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras, uno de los puntos centrales del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional. Aunque el oficialismo logró reunir el quórum mínimo para iniciar la sesión, las negociaciones no alcanzaron para garantizar los votos necesarios y el debate quedó aplazado hasta el próximo 6 de agosto. La decisión dejó en suspenso una iniciativa que también propone cambios en los regímenes de expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Hubo quórum, pero el proyecto no llegó a debatirse
La sesión comenzó minutos antes de las 12.30, cuando 37 senadores ocuparon sus bancas y permitieron alcanzar el número indispensable para abrir el recinto. La presencia de representantes de Salta, Neuquén y Misiones resultó decisiva para que La Libertad Avanza pudiera poner en marcha la jornada legislativa. Sin embargo, conseguir quórum no significó que el Gobierno tuviera asegurada la mayoría necesaria para darle media sanción al proyecto.
Después de aprobar una serie de pliegos judiciales y ascensos diplomáticos, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pidió que la sesión pasara a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. La moción recibió un amplio respaldo, pero tuvo como consecuencia directa que la reforma de la Ley de Tierras no fuera discutida ni sometida a votación. Técnicamente, el proyecto no fue rechazado ni perdió estado parlamentario: su tratamiento quedó pendiente para cuando se reanude la misma sesión.
La falta de acuerdos volvió a frenar la reforma
La postergación respondió a la imposibilidad del oficialismo de cerrar un texto que conformara a los bloques dialoguistas. El proyecto atravesó numerosas modificaciones desde que obtuvo dictamen y, durante las últimas negociaciones, los senadores trabajaron sobre una decimoquinta versión posterior al despacho de comisión. Las diferencias se concentraron especialmente en las condiciones para la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros y en la posibilidad de que las provincias establezcan límites propios.
La iniciativa ya había sufrido una demora en junio, cuando el oficialismo tampoco consiguió los consensos necesarios para aprobarla. Las nuevas modificaciones no lograron superar las objeciones planteadas por sectores de la UCR, bloques provinciales y parte de la oposición dialoguista, que reclamaron mayores controles sobre las operaciones inmobiliarias en áreas rurales, zonas de frontera y territorios considerados estratégicos.
Qué establece actualmente la Ley de Tierras
La Ley 26.737, sancionada en 2011, limita al 15% la cantidad de tierras rurales que pueden estar bajo dominio o posesión de personas físicas o jurídicas extranjeras. Ese porcentaje se calcula tanto sobre el territorio nacional como sobre cada provincia, municipio o división administrativa equivalente. Además, establece que los titulares de una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de ese cupo y fija restricciones específicas para inmuebles ubicados junto a cuerpos de agua o en zonas de seguridad fronteriza.
La normativa vigente también dispone que un mismo titular extranjero no puede poseer más de mil hectáreas en la denominada zona núcleo o su superficie equivalente en otras regiones del país. Según los últimos datos oficiales publicados por el Registro Nacional de Tierras Rurales, ninguna provincia superaba hasta agosto de 2025 el límite general del 15% de extranjerización fijado por la ley.
Qué cambios impulsa el Gobierno
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada busca modificar el régimen vigente y flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa también incorpora reformas a los procedimientos de expropiación, propone mecanismos más ágiles para los desalojos y plantea cambios en la legislación sobre manejo del fuego.
El capítulo referido a las tierras rurales fue uno de los que generó mayores controversias dentro y fuera del Congreso. Durante el tratamiento en comisiones, especialistas, investigadores y representantes de organizaciones sociales plantearon objeciones por el posible impacto de la reforma sobre la soberanía territorial, los recursos naturales y las zonas de frontera. En mayo, el proyecto obtuvo un dictamen de mayoría con modificaciones y dos dictámenes de minoría.
La iniciativa también busca prohibir la adquisición de tierras rurales por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten. No obstante, contempla una excepción cuando exista autorización de la provincia en la que se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
El texto establece, además, que cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En el caso de inmuebles ubicados en zonas de frontera, la operación deberá contar con la autorización de los gobiernos nacional y provincial.
En la versión número 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que empresas privadas con participación estatal extranjera puedan adquirir tierras rurales. También se conservó el requisito de contar con el aval de la provincia correspondiente, del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso para las operaciones realizadas en zonas fronterizas.
El debate continuará el 6 de agosto
El pase a cuarto intermedio le otorga al oficialismo aproximadamente tres semanas adicionales para renegociar el articulado y buscar los votos que no consiguió este jueves. Hasta entonces, la Ley 26.737 continuará vigente sin modificaciones y se mantendrán los límites actuales para la adquisición y posesión de tierras rurales por extranjeros.
Cuando la sesión se reanude el 6 de agosto, el Gobierno deberá decidir si sostiene la última versión del proyecto, acepta nuevas modificaciones reclamadas por sus aliados o vuelve a postergar la discusión. Incluso si consigue la aprobación del Senado, la iniciativa todavía deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.