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El Gobierno nacional oficializó este jueves una modificación de la Ley de Migraciones mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país, cancelar residencias y expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos por su nacionalidad, o que participen en actos considerados ofensivos contra los símbolos patrios.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y representa un nuevo endurecimiento de la política migratoria impulsada por la administración de Javier Milei. Según el texto del decreto, las autoridades podrán actuar tanto frente a personas que intenten ingresar al país como respecto de extranjeros que ya residan en territorio argentino.
Entre los principales cambios, el DNU incorpora como causal de prohibición de ingreso y expulsión la difusión de expresiones que promuevan el odio, la discriminación o la violencia contra ciudadanos argentinos, así como la participación en actos de ultraje a la bandera, el escudo, el himno u otros emblemas nacionales. El Gobierno sostiene que estas conductas atentan contra la convivencia democrática y justifican una respuesta migratoria más estricta.
Libertad de expresión
La norma aclara que no quedarán alcanzadas las críticas políticas, ideológicas, académicas o de interés público, las cuales continúan protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, uno de los aspectos que más cuestionamientos despertó es la amplitud de conceptos como “mensaje de odio” o “ultraje”, cuya interpretación quedará en manos de las autoridades administrativas.
Especialistas en derecho constitucional y migratorio advirtieron que la redacción del decreto podría abrir la puerta a aplicaciones discrecionales y a conflictos judiciales sobre los límites entre una opinión protegida y una conducta sancionable. También señalaron que el uso de un DNU para modificar aspectos sensibles de la legislación migratoria podría ser objeto de impugnaciones.
Otro punto que genera interrogantes es el procedimiento para ejecutar una expulsión. Aunque el decreto habilita nuevas causales, los extranjeros conservan el derecho a presentar recursos administrativos y judiciales antes de que una medida de expulsión quede firme, por lo que la aplicación práctica dependerá de cada caso concreto.
Campaña internacional contra la Argentina
La reforma se produce en un contexto de creciente tensión diplomática con algunos países de la región y de un discurso oficial que denuncia una supuesta campaña internacional contra la Argentina. El Gobierno defendió la medida como una herramienta para proteger a los ciudadanos argentinos y preservar el respeto por los símbolos nacionales, mientras que sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos cuestionaron su alcance y la posibilidad de que afecte garantías fundamentales.
Como todo decreto de necesidad y urgencia, la norma ya se encuentra vigente, aunque deberá ser analizada por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y posteriormente por ambas cámaras legislativas, que podrán aprobarla o rechazarla.