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En la segunda parte de la entrevista con El Tribuno, el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, profundiza sobre el impacto de las redes sociales en la construcción de determinados relatos, defiende el rumbo de la investigación por el crimen de Jimena Salas y responde a las críticas de la familia del excomisario Vicente Cordeyro. Además, cuestiona con dureza una resolución del Tribunal de Impugnación, reivindica la incorporación de pruebas que apuntaron a la familia Saavedra y lanza una frase que resume su mirada sobre las movilizaciones que reclaman por Javier Saavedra: "Ni en Springfield habría pasado algo así".
Si bien son válidos los elementos que aportan las ciencias forenses y el derecho tiene sus propios tiempos, ¿no hace también un mea culpa la Justicia? Muchas veces quedan causas que no terminan de responder plenamente a esa necesidad de verdad que tiene la sociedad o procesos que se vuelven demasiado lentos.
El mea culpa que puedo hacer es que quizá estamos viviendo en un tiempo donde la información circula a una velocidad enorme. Por un lado están los medios tradicionales, serios, que se preocupan por la noticia, que no se quedan con un dato sino que chequean la fuente, investigan y verifican. Yo me saco el sombrero frente a un periodista que asistió a un juicio o, por lo menos, se preocupó por leer el expediente y saber de qué está hablando. Pero también existen nuevas formas de información, principalmente las redes sociales, donde todo se concentra en 30 segundos. Muchas veces quienes difunden esos contenidos hablan desde el rumor, sin conocer realmente de qué están hablando, pero igualmente sacan conclusiones. Eso me preocupa seriamente porque termina enfermando a la sociedad. Ahí empiezan a jugar los algoritmos: a quien quiere escuchar determinada noticia le van a seguir mostrando solamente eso; y a quien detesta a una persona o una institución le van a seguir mostrando contenidos que alimenten ese rechazo. Es un camino muy peligroso.
La primera víctima de ese proceso es la verdad. La segunda es la calidad de la información que recibe la sociedad. Y la tercera son las propias instituciones.
Las instituciones tienen mucho que responder y mucho por mejorar. Pero cuando acepté asumir la Procuración General no vine a esconder irregularidades de otras gestiones debajo de la alfombra. Vine a investigar, no a esconder chanchullos. Y sé que muchas veces la verdad molesta, pero, como dije al principio, cuando estoy convencido de que una causa es justa y hay que avanzar sobre ella, aunque vengan degollando, no me corro.
Usted recién hablaba de la construcción de determinados relatos y eso me hace pensar en otro caso. Yo venía pensando justamente en un razonamiento que pinta muy bien esta situación de la que estamos hablando y tiene que ver con otro tema. Creo que lo que está pasando en Salta en este último tiempo ni en Springfield habría ocurrido, ni se le hubiera ocurrido al creador de Los Simpson.
Estamos viendo marchas donde el principal cartel dice "Justicia por Javi", es decir, justicia para quien fue condenado como autor del femicidio más atroz, quizá, de la historia criminal salteña. La ciencia, la tecnología, los testigos, tres jueces del Tribunal de Juicio y dos del Tribunal de Impugnación concluyeron que fue él. Y, sin embargo, hay marchas pidiendo justicia para el femicida.
Además, se utiliza la figura del excomisario Vicente Cordeyro, cuando fue justamente Vicente Cordeyro quien, en 2019, aportó a la investigación el dato vinculado con la familia Saavedra.
¿Eso fue realmente así? Porque la familia Cordeyro emitió un comunicado poniendo en duda la existencia de ese DVD del que usted habló. Incluso plantean que nunca apareció.
Pero termino la idea. Yo no tengo la culpa de que Vicente Cordeyro, en 2019, apenas se logró elaborar el identikit del femicida y recuperar la tercera fotografía de medio cuerpo, convocara a los investigadores de Homicidios y les entregara un DVD con fotografías del perro, de los vehículos y de los Saavedra.
Y estamos hablando del año 2019, cuando yo ni siquiera era procurador. Evidentemente, por la forma en que trabajaba la Policía en ese momento, no existía una obligación formal de incorporar inmediatamente ese material al expediente con un cargo de recepción o una constancia documental. Pero cuando la nueva investigación comenzó a avanzar y cada vez aparecían más elementos que iban cerrando el cerco sobre los Saavedra, algunos de los investigadores recordaron: "Esto coincide con aquel material que en su momento había entregado Cordeyro". Entonces surgió la pregunta: "¿Dónde está ese DVD?".
Tuvimos la suerte de que quien había recibido ese material, el comisario Costello, había conservado una copia de respaldo en la nube. Yo tampoco tengo la culpa de que la gestión anterior de la Procuración se hubiera concentrado exclusivamente en la denominada pista del viudo y descartara cualquier otra línea de investigación, llevando adelante un juicio que terminó siendo uno de los más bochornosos que hemos tenido, porque concluyó con una absolución al no existir prueba suficiente. Y, en definitiva, fue una buena noticia que terminara así, porque de lo contrario hoy podríamos haber tenido al verdadero femicida caminando por la calle.
Usted habla de Javier Saavedra directamente como el femicida. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación modificó la parte resolutiva de la sentencia y quitó la declaración de responsabilidad penal. Si bien se trata de una cuestión muy técnica, ¿qué opinión le merece esa decisión? Entiendo que será apelada.
Lo que hizo el Tribunal de Impugnación fue una frivolidad. Quiso decir algo en la causa que antes no había dicho. Si uno lee ambos fallos, verá que son coincidentes en cuanto a la responsabilidad penal de Javier Saavedra. El Tribunal de Juicio declaró su responsabilidad porque era necesario reconstruir la plataforma fáctica para resolver la situación procesal de los otros dos imputados.
El Tribunal de Impugnación, en uno de sus considerandos, dice expresamente que no le cabe ninguna duda sobre la activa intervención de Javier Saavedra en el crimen de Jimena Salas. Lo único que sostiene es que esa declaración no debía figurar en la parte resolutiva de la sentencia. Es una exquisitez técnica absolutamente innecesaria que, a mi entender, denota una imprudencia importante, porque la única perjudicada termina siendo la opinión pública, que no logra entender qué ocurrió.
No había ninguna necesidad de declarar esa nulidad. El argumento es que, como Saavedra falleció antes del juicio, no podía ser condenado. Pero nadie en el Ministerio Público pretendía llevar un muerto a prisión. Lo que se estaba haciendo era reconstruir los hechos para determinar quién ingresó a la casa de Jimena Salas y quién fue, cuatro días antes, con la historia del perro hasta la testigo que tomó el número de teléfono, que pertenecía justamente a Javier Saavedra.
Obviamente no puede imponerse una pena de prisión a una persona que decidió quitarse la vida la noche anterior al juicio.
Más allá de los planteos de la familia, desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿se presentaron como querellantes o impulsaron alguna actuación dentro de la causa? Porque el Ministerio Público había dejado abierta esa posibilidad para quien quisiera aportar pruebas.
No. Lo que hicieron fue designar un perito de parte, un médico, y ese perito coincidió en que se trató de un suicidio.