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Las investigaciones contra el Gringo Palavecino no solo derivaron en la desarticulación de una de las organizaciones criminales más peligrosas del norte provincial. Según el procurador general Pedro García Castiella, también desencadenaron una serie de hechos que pusieron en riesgo su propia vida. En esta tercera entrega de la entrevista con El Tribuno, relata cómo descubrieron un supuesto plan para asesinarlo, por qué debió abandonar su domicilio durante varios meses y vivir bajo custodia permanente. Además, asegura que Palavecino había logrado ejercer un fuerte control dentro de la Unidad Carcelaria de Villa Las Rosas, donde —afirmó— contaba con un espacio exclusivo para entrenar y ni siquiera las cámaras de seguridad apuntaban hacia su celda. El procurador también analiza el avance de las investigaciones que involucraron al exjuez Claudio Parisi y sostiene que el combate contra el crimen organizado requiere el compromiso de todo el sistema judicial.
Usted recién decía que cuando asumió no quería tapar "chanchullos" de otras gestiones. Recuerdo también que hizo públicas las amenazas que recibió. Tengo entendido que estaban vinculadas con el Gringo Palavecino, hoy detenido en Ezeiza. ¿Qué quedó de aquella situación y cómo la vivió?
Fue una de las situaciones más difíciles que me tocó atravesar en la vida. Cuando apareció toda esta estructura vinculada al Gringo Palavecino advertí la enorme gravedad de lo que estaba ocurriendo. Incluso antes las fiscales de Orán ya me habían transmitido su preocupación por la información que manejaban. En lugares muy inhóspitos se estaba intentando instalar prácticamente un pequeño cuartel, con fuerzas de seguridad propias e irregulares. No eran simples "soldaditos": estaban armados con fusiles y armas largas y tenían una capacidad operativa realmente importante.
Paralelamente, al avanzar con la investigación detectamos que Palavecino tenía vínculos con un personaje de la zona que le señalaba las viviendas para cometer los asaltos: José Dimas Ruiz, quien además era candidato a intendente. Muy probablemente, si no hubiéramos actuado a tiempo, hoy esa persona sería intendente de Orán. Ya teníamos el antecedente del exintendente de Aguas Blancas condenado por narcotráfico y también advertíamos situaciones muy preocupantes respecto de un juez que mostraba una gran permeabilidad frente a este tipo de organizaciones. No había ninguna duda de que había que avanzar.
¿Y cuándo tomó verdadera dimensión del riesgo personal que corría?
Descubrimos algo que era incluso peor que una amenaza de muerte. Personal del Servicio Penitenciario, de buena fe, nos informó sobre conversaciones que se estaban produciendo dentro de la cárcel. Empezamos a corroborar esa información con distintos testigos y todo eso quedó incorporado en actuaciones judiciales. Así supimos que existía un plan y una lista de personas. Quien encabezaba esa lista era el procurador.
Palavecino, después de que se desmoronara toda su organización y mientras estaba detenido en Villa Las Rosas, había logrado ejercer un control muy importante dentro del penal. Mientras el resto de los internos jugaba al fútbol, él tenía un espacio especialmente equipado para entrenar. Incluso las cámaras de seguridad no apuntaban hacia su celda. Había comenzado a manejar el penal de una manera muy evidente.
En esos mismos días apareció muerto uno de sus consortes de causa, vinculado con la banda de Coya Rojas. Toda esa situación era conocida por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Después de ese episodio se dispuso su traslado a un establecimiento de máxima seguridad. Mientras tanto, nosotros seguíamos investigando el plan para atentar contra mi vida. Tuve que abandonar mi domicilio, vivir durante tres o cuatro meses en otro lugar sin que se conociera dónde estaba y contar durante casi un año con custodia permanente de Gendarmería.
Además tuve que soportar que, en un programa de televisión, una persona dijera que, si yo estaba protegido por custodios, entonces había que matar a mis hijos. Fueron momentos muy difíciles. Después, con el avance de la investigación, apareció otra persona muy cercana a Palavecino, Delfor Sandoval, que figuraba en varias causas sensibles y siempre lograba evadir a la Justicia. Finalmente fue detenido. Y hubo un dato muy preocupante: el geoposicionamiento de su teléfono celular lo ubicó, en aquellos días, en la esquina donde funciona la Procuración General de la Provincia.
¿Y cómo atravesó la investigación que terminó involucrando al exjuez Claudio Parisi? Estamos hablando de un juez, una figura de enorme peso institucional, especialmente en el interior de la provincia.
La calidad técnica de los fiscales, de los investigadores y de los equipos permitió reunir una enorme cantidad de pruebas. Nos llevó tiempo, pero conseguimos elementos muy sólidos, entre ellos escuchas telefónicas que mostraban negociaciones de Parisi con redes vinculadas al microtráfico. Eso permitió avanzar con el proceso. Creo que sigue detenido; no recuerdo exactamente en qué instancia se encuentra, pero fue posible gracias al trabajo realizado por los fiscales y los investigadores. También hubo un jury promovido contra el juez Oyarzú, que finalmente no prosperó.
Y justamente por decisiones vinculadas a Oyarzú, la causa contra José Dimas Ruiz sufrió demoras muy importantes. Palavecino aceptó un juicio abreviado y cumple una condena de 28 años de prisión. Dimas Ruiz no aceptó ese acuerdo y hoy está en libertad debido a las demoras que impidieron realizar oportunamente el juicio que debía enfrentar.
Por eso digo que todos debemos comprometernos. No solamente el Ministerio Público.
Ahí es donde hago hincapié: la Justicia también debe dar señales más contundentes a la sociedad. El propio caso de las turistas francesas es un ejemplo. El juez Martín Pérez estuvo a cargo de la investigación inicial y hoy ocupa un cargo superior, pese a las fuertes críticas que recibió aquella instrucción.
Nada nos va a apartar del camino de la verdad. Tenemos que esclarecer absolutamente todo lo que ocurrió, tanto en la investigación del crimen de las turistas francesas como en cualquier otra causa. Pero para lograrlo necesitamos el compromiso de todo el sistema de justicia.