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La Auditoría General de la Provincia de Salta detectó que la Municipalidad de General Ballivián realizó contrataciones durante el ejercicio 2020 sin aplicar la Ley Provincial 8072, que establece las reglas que deben respetar los organismos públicos al adquirir bienes, contratar servicios o ejecutar obras.
Según el organismo de control, al no utilizar el procedimiento obligatorio no quedaron garantizadas condiciones básicas de las compras públicas, como la competencia entre proveedores, la transparencia, la publicidad de las contrataciones y la igualdad de oportunidades para quienes podían ofrecer bienes o servicios al municipio.
Entre los gastos analizados por los auditores aparecen aproximadamente $2,45 millones en combustibles y lubricantes, $1,8 millones en repuestos y accesorios, $731 mil en productos químicos y medicinales y $1,4 millones en honorarios, entre otros conceptos. Los montos corresponden al ejercicio 2020 que coincide con la pandemia de COVID donde los municipio prácticamente dejaron de prestar muchos de los servicios, salvo los más esenciales por la auditoría objeta entre otros puntos, el pago de honorarios a profesionales contratados en la ciudad de Salta.
Para los concejales del pequeño pueblo del departamento San Martín donde residen unos 3.500 habitantes entre criollos y originarios y cuyo cuerpo deliberativo se conforma por 3 ediles, no dejó de llamar la atención el hecho que estos profesionales no sean de Embarcación, Mosconi, Orán o Tartagal ubicado el más alejado a 50 kilómetros de distancia. El problema detectado no significa necesariamente que esos bienes o servicios no hayan existido ni que todo ese dinero haya sido utilizado irregularmente. Lo que cuestiona la Auditoría es la forma en que se realizaron las contrataciones, al determinar que no se aplicaron las reglas provinciales exigidas para garantizar controles y transparencia.
General Ballivián es un pequeño pueblo del departamento San Martín, donde residen unos 3.500 habitantes entre criollos y originarios, y cuyo cuerpo deliberativo se conforma por solo 3 ediles. En ese contexto llamó la atención el descontrol de las cuentas en la gestión de la intendencia de Córdoba en 2020.
El organismo concluyó que tanto el Estado de Situación del Tesoro como el Estado de la Deuda Pública no reflejaban razonablemente la situación municipal en los aspectos analizados. Lo que significa que los auditores encontraron problemas para considerar que esos documentos no permitían mostrar de manera adecuada cuánto tenía disponible el municipio, cuáles eran sus obligaciones y cuál era su situación financiera real. La Municipalidad tampoco presentó el Estado de Situación de los Bienes, uno de los documentos que debía integrar la Cuenta General. La ausencia de esa información impidió a los auditores completar esa parte del control.
Finalmente la Auditoría General aconsejó al Concejo Deliberante de General Ballivián observar la Cuenta General del Ejercicio 2020 y trasladó las conclusiones al cuerpo legislativo local para su tratamiento, una situación muy similar a la que sucede con las cuentas municipales en Tartagal que la AGP objetó y que corresponden al mismo período, el año 2020. En el caso de Tartagal la observación fue unos 350 millones de pesos de ese momento lo que actualizado según índices del IPC superan los 4 mil millones actuales.
Respuesta del concejo
Juan Carlos Córdoba, presidente del deliberativo de General Ballivián, consultado por el tema explicó que el ejecutivo municipal envió al cuerpo una nota que remitió el intendente Gerardo Córdoba pero sin ninguna factura, recibo ni comprobante que justifique la erogación que reclama la A.G.P.
"No cumplió con ninguno de los puntos solicitados. Recibimos el informe del DEM el día 10-09-26, se envió a comisión, y una vez que tengamos el dictamen y la resolución definitiva quedará a cargo de la AGP finalizar con las actuaciones administrativas y legales ya que el el ejecutivo al C.D. no le respondió ninguno de los puntos" precisó el edil.