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El proyecto petrolero Sea Lion quedó en el centro de la advertencia formulada por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional. El mandatario aseguró que las empresas responsables del emprendimiento tienen previsto comenzar en los próximos meses la explotación offshore frente a las islas Malvinas.
"Hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene planes de iniciar la explotación petrolera offshore en Malvinas en los próximos meses", afirmó Milei.
El señalamiento explica la decisión del Gobierno de acelerar y ampliar las medidas contra las compañías que intervengan, de manera directa o indirecta, en la exploración y explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino. Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el yacimiento tendría recursos estimados en unos 1.700 millones de barriles de petróleo.
El emprendimiento es impulsado por la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Ambas empresas fueron sancionadas anteriormente por la Argentina debido a sus operaciones no autorizadas en el área: Rockhopper en 2013 y Navitas en 2022.
La posición argentina sostiene que cualquier actividad de exploración o explotación de recursos naturales en las zonas alcanzadas por la disputa de soberanía debe contar con la autorización del Estado nacional.
El eventual comienzo de la producción convertiría al proyecto en un nuevo punto de tensión con el Reino Unido, que ocupa las islas desde 1833. Para el Gobierno argentino, avanzar unilateralmente sobre esos recursos representa una vulneración de sus derechos soberanos.
Además del volumen de petróleo estimado, el Ejecutivo puso el foco en la cercanía del inicio de las operaciones. Ese factor imprime urgencia a la estrategia oficial y diferencia esta etapa de los trabajos previos de exploración desarrollados en la zona.
Durante su mensaje, Milei sostuvo que la proximidad del comienzo de las operaciones obliga al país a actuar con mayor rapidez. "Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", advirtió.
La Cancillería ya había señalado que las empresas y las personas vinculadas directa o indirectamente con estas actividades podrían quedar alcanzadas por medidas administrativas, legales y judiciales.
Las acciones anunciadas no se limitarán a las compañías operadoras, sino que también podrán alcanzar a accionistas, directivos y proveedores relacionados con el proyecto. El objetivo es impedir que puedan desarrollar simultáneamente actividades en las islas y en el territorio continental.