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Las sanciones que Argentina aplicará a empresas petroleras que operen en las islas Malvinas sin autorización nacional ya están en marcha y ayer se conoció el caso de una que, además, participa de un proyecto logístico para exportar gas de Vaca Muerta y, por este motivo, accedió a los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones. Mientras, trascendieron los nombres de las 45 compañías y personas que están bajo la mira del Gobierno.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que Harbour Energy, una petrolera británica vinculada a operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, forma parte de un proyecto que obtuvo beneficios del Rigi.
Según planteó el legislador, la compañía posee el 15% de Southern Energy, iniciativa aprobada por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades vinculadas a la producción y exportación de gas desde Río Negro.
Ferraro sostuvo que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC, denominación que fue modificada en 2021.
Según su presentación, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 por una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración en la plataforma continental argentina sin autorización, en cercanías de las Islas Malvinas.
Gasoducto para exportar
En paralelo, el proyecto autorizado para Southern Energy prevé un importante operativo logístico en el sur argentino.
El esquema contempla la llegada mensual de buques encargados de trasladar alrededor de 3.500 tubos que serán utilizados para la instalación de cañerías, mientras continúa pendiente una resolución judicial sobre la denuncia presentada.
La denuncia se conoció luego de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Los 45 "señalados"
Mientras tanto, el Gobierno avanza con los procedimientos sancionatorios contra 45 empresas y personas vinculadas directa o indirectamente con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, especialmente en el proyecto Sea Lion.
La lista elaborada por la Cancillería incluye a las dos compañías que impulsan Sea Lion: Navitas Petroleum Development and Production Limited y Navitas Petroleum Atlantic Limited, además de sus principales accionistas, entre ellos Harel Insurance Investments & Financial Services, Migdal Insurance and Financial Holdings, Phoenix Financial y Meitav Investment House.
También quedaron bajo análisis las firmas vinculadas a Rockhopper Exploration, como Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited, junto a inversores relacionados con la compañía británica.
El alcance de las actuaciones se extiende a otras empresas con participación en proyectos hidrocarburíferos en la zona, como Borders & Southern Falkland Islands Limited, JHI Associates y JHI Falklands, además de Eco (Atlantic) Oil & Gas, accionista de esta última.
El listado incluye también proveedores de servicios, infraestructura y asesoramiento, entre ellos Noble Corporation, Netherland, Sewell & Associates (NSAI) y Fugro, junto a fondos e inversores institucionales vinculados a las compañías alcanzadas. Los involucrados tienen sede o vínculos con países como Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá y Países Bajos.
Las sanciones previstas en la ley 26.659
De acuerdo a lo que expresa la ley 26.659, el régimen de sanciones prevé principalmente:
* Multas equivalentes al valor de 15.000 barriles de petróleo como mínimo y hasta 1,5 millones de barriles como máximo.
* Inhabilitación de entre 5 y 20 años para realizar actividades en la Argentina.
* Decomiso de equipos y materiales utilizados en las actividades ilícitas.
* Reversión de concesiones y permisos hidrocarburíferos que la empresa pudiera tener en territorio argentino.
* En caso de reincidencia, las sanciones pueden agravarse.