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La Cámara de Diputados de Salta aprobó con los dos tercios de los miembros presentes los dos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo provincial que autorizan nuevas operaciones financieras por hasta US$ 250 millones. Uno contempla la emisión de un título de deuda pública por hasta US$ 150 millones para cancelar compromisos pendientes del Plan Bicentenario, heredado de la gestión de Juan Manuel Urtubey; mientras que el otro habilita un financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$ 100 millones destinado a infraestructura productiva, conectividad y desarrollo regional.
La aprobación estuvo atravesada por una fuerte polémica política. Los bloques opositores cuestionaron que dos iniciativas de esta magnitud, vinculadas a toma de deuda, fueran tratadas sobre tablas, sin el paso previo por las comisiones legislativas y con un tratamiento que consideraron acelerado. Los nueve diputados de La Libertad Avanza y José Gauffín, del bloque Independencia, votaron en contra de ambas iniciativas.
La diputada Patricia Hucena, miembro informante y representante del oficialismo saencista, defendió los proyectos y cuestionó que el debate quedara reducido únicamente al concepto de endeudamiento. "Los dos proyectos tienen que ver con el desarrollo de nuestra provincia. Muchos querrán reducir el debate a la palabra deuda, pero hay que tener verdad y seriedad en la mano. Venimos a ordenar y explicar", sostuvo durante la sesión.
Sobre la emisión de bonos por hasta US$ 150 millones, Hucena explicó que el objetivo es afrontar los vencimientos pendientes del Plan Bicentenario, una deuda tomada durante la gestión del exgobernador Juan Manuel Urtubey. "Vamos a discutir la emisión de un título de deuda pública en el mercado local por hasta 150 millones de dólares con destino exclusivo a refinanciar el Bicentenario", afirmó.
Según explicó, el compromiso pendiente asciende a US$ 145 millones durante los próximos meses y corresponde a vencimientos del título emitido en 2016. El proyecto enviado por el Ejecutivo establece que los fondos obtenidos tendrán como destino exclusivo el pago de los servicios pendientes de amortización e intereses del Plan Bicentenario. El expediente recuerda que el título original fue emitido en 2016 por hasta US$ 350 millones, destinado al financiamiento de obras públicas y adquisición de bienes para municipios y comisiones departamentales.
La legisladora oficialista sostuvo que la actual administración viene reduciendo el stock de deuda provincial y que la operación busca modificar el perfil de vencimientos. En ese sentido, destacó que la deuda habría pasado de unos US$ 640 millones en diciembre de 2019 a US$ 346 millones en 2025, con una proyección de US$ 255 millones para 2027. "Fue un esfuerzo grande, no se pudo hacer obras porque hubo que pagar endeudamiento tomado en 2016", sostuvo Hucena, y agregó que el objetivo ahora es "refinanciar de forma inteligente una deuda heredada".
El debate legislativo también estuvo atravesado por la situación financiera de la Provincia y el acuerdo alcanzado recientemente con Nación por compromisos que alcanzan los $265 mil millones. Desde la oposición plantearon que ese acuerdo implicó transformar anticipos de coparticipación en una obligación financiera a cancelar en los próximos años. Según cuestionaron, una parte de esos compromisos impactará en los vencimientos de 2026 y 2027, sumando presión sobre las cuentas provinciales.
José Gauffín sostuvo que "el endeudamiento del anticipo que le pidieron a Nación se consolidó como deuda" y afirmó que la Provincia reconoce una obligación equivalente a unos US$ 190 millones. "En ocho meses destruimos el desendeudamiento. Le patea la deuda al próximo gobierno. Es un cheque en blanco al Ejecutivo", cuestionó.
El segundo proyecto aprobado habilita a la Provincia a tomar un financiamiento de hasta US$ 100 millones con BIRF para ejecutar el programa "Infraestructura para el desarrollo económico regional y la creación de empleo - Salta".
El proyecto contempla intervenciones sobre el Corredor Bioceánico, desde la frontera con Chile hasta Campo Quijano, con una extensión aproximada de 265 kilómetros.
Violencia de género
La Cámara de Diputados de Salta aprobó anoche, de manera unánime, la prórroga por dos años de la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, establecida por la Ley 7.857. Con esta decisión, la provincia mantendrá vigente una herramienta que rige desde 2014 y que busca garantizar la continuidad de políticas de prevención, asistencia y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. El proyecto había sido aprobado previamente por el Senado provincial durante la 22° sesión ordinaria y llegó a Diputados para su tratamiento en revisión.