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El "homesteading" es la doctrina según la cual un recurso sin propietario pasa a ser legítimamente adquirido por quien lo ocupa y mejora con su trabajo. Formulada por John Locke en su Segundo Tratado sobre el Gobierno (1689), descansa en una premisa esencial: cada individuo es dueño de sí y de su esfuerzo; al "mezclar" ese esfuerzo con un recurso natural (cultivar, construir, recolectar) lo convierte en propiedad privada.
Un ensayo reciente de académicos reavivó el debate al calificar a los habitantes británicos de las Islas Malvinas como "usurpadores con 190 años" (squatters). Basado en Locke y en Rothbard, busca desmontar la posición de Londres y otorgar a la Argentina una justificación moral y jurídica reforzada. El planteo resulta seductor y su conclusión históricamente correcta: en 1833. Gran Bretaña perpetró un despojo territorial inadmisible. Sin embargo, el argumento naufraga al trasladar mecánicamente categorías del derecho privado (la adquisición de bienes por ocupación y trabajo) al ámbito de la soberanía estatal. Esa extrapolación, sumada a diagnósticos militares apresurados, genera contradicciones teóricas, jurídicas e históricas que exigen rectificación.
El eje central de esta postura libertaria sostiene que la soberanía se define solo por la apropiación original: quien "mezcla su trabajo con la tierra" (peones, gauchos y colonos bajo Vernet entre 1820 y 1833) adquiere un título indivisible. Según este esquema, el desembarco de la corbeta británica HMS Clio en 1833 fue un robo a mano armada que invalida cualquier pretensión posterior de los isleños.
Aquí surge la primera gran falla doctrinal: la confusión entre dominium (propiedad privada) e imperium (soberanía estatal). Un Estado no es propietario en sentido lockeano; no "mezcla su trabajo" con el suelo, sino que ejerce jurisdicción, regulación e integridad territorial bajo Derecho Internacional Público.
Si la soberanía dependiera exclusivamente de la propiedad individual por trabajo directo, se llegaría a una paradoja: la compra de tierras por un extranjero anularía la soberanía nacional (véase el debate sobre la ley de tierras). El título imprescriptible de la Argentina sobre las Malvinas no descansa en la peonada de Vernet, sino en la sucesión de Estados (uti possidetis iuris de 1810) y en la jurisdicción de la Comandancia Político-Militar creada por Buenos Aires sobre dominios heredados de la Corona Española.
El dilema de Bougainville y la sucesión ininterrumpida de títulos Conviene recordar que el primer asentamiento permanente en las islas fue la colonia francesa fundada por Bougainville en Puerto Luis (1764). El esquema libertario tropieza con su propia lógica al analizar la compra de este asentamiento por España en 1766 y el reconocimiento británico en las Convenciones de Nootka Sound (1790).
Para la teoría anarcocapitalista ortodoxa, las transacciones entre Estados o "concesiones feudales" carecen de legitimidad ética si no hay apropiación física directa por el trabajo. Pero bajo esa vara lockeana, la compra española tampoco habría sido válida.
La realidad histórico-jurídica, demostrada por el derecho público, indica que España ejerció soberanía efectiva e ininterrumpida con 32 gobernadores dependientes del Virreinato del Río de la Plata hasta 1811. Al emanciparse en 1816, las Provincias Unidas heredaron de pleno derecho la titularidad territorial. La empresa de Vernet en 1829 no fue un experimento privado en tierra de nadie (res nullius), sino ejercicio de facultades regulatorias y de policía de un Estado soberano.
La dimensión bioceánica y la proyección antártica es la verdadera clave estratégica. Donde el análisis anglosajón revela un punto ciego determinante es en su incapacidad para comprender el valor estratégico contemporáneo del enclave británico. Las Malvinas no son una simple extensión insular dedicada al pastoreo; constituyen la llave pivote del Corredor Bioceánico del Atlántico Sur y la puerta de entrada a la Proyección Antártica.
El eventual control del pasaje interoceánico (por el Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes) otorga a la ocupación británica una posición dominante sobre las rutas marítimas globales del comercio y de la seguridad energética del siglo XXI.
Asimismo, la reclamación territorial británica sobre la Antártida (British Antarctic Territory) se superpone casi en su totalidad con el sector antártico argentino, valiéndose de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como plataformas de apoyo logístico y de proyección de soberanía sobre el continente blanco.
Tratar el conflicto como una disputa sobre la legitimidad de títulos de propiedad decimonónicos ignora la verdadera naturaleza del problema: el control sobre el paso estratégico del Atlántico al Pacífico y sobre la mayor reserva biológica, mineral e hídrica del planeta.
El rol de Chile y Uruguay
Esta dimensión estratégica se vincula directamente con la sustentabilidad operativa del enclave. El argumento de que el paso del tiempo convierte a la ocupación en una mera "cuestión entre privados" ignora cómo el Reino Unido sostiene la viabilidad de su presencia mediante la articulación logística y comercial con países continentales vecinos.
Acontecimientos como la facilitación de rutas comerciales y de cabotaje desde la Patagonia chilena (Punta Arenas) o el uso sistemático del puerto de Montevideo como nodo de abastecimiento, reparación de flota pesquera y puente aéreo, fisuran la cohesión defensiva de la región.
Cuando actores sudamericanos proveen apoyo logístico o conectividad operacional a las islas, están garantizando la viabilidad económica de la usurpación y debilitando la proyección bioceánica y antártica de toda la América del Sur.
Autodeterminación
Es una falacia el argumento de la «autodeterminación» para poblaciones implantadas. El análisis alcanza su punto más sólido en el desmontaje del principio de "autodeterminación" invocado por el Reino Unido y ratificado en el referéndum de 2013. Si una potencia expulsa por la fuerza a la autoridad legítima e implanta a su propia población bajo el amparo de su marina, pretender que esos colonos voten décadas más tarde para confirmar su pertenencia al ocupante constituye un razonamiento circular y perverso.
Aceptar semejante doctrina degradaría la autodeterminación a un simple mecanismo de ingeniería demográfica, capaz de legitimar cualquier despojo territorial o limpieza étnica.
Ahora bien, tras dos siglos de presencia, la cuestión exige soluciones realistas: ofrecer la nacionalidad argentina, incluso en régimen de doble ciudadanía, podría ser una vía de integración con beneficios concretos en el mundo actual.
Alternativas como la propuesta de "tres banderas" o la tesis de Alejandro Diego en "Manchester 44" merecen consideración en un marco de soberanía compartida y reconciliación histórica.
Precisiones históricas
Las narrativas simplificadas suelen incurrir en imprecisiones al sintetizar los hechos de 1831-1833. En 1831, la corbeta estadounidense USS Lexington destruyó las instalaciones de Puerto Soledad en una incursión ilegítima, en represalia por la incautación de pesqueros que violaban las leyes argentinas de caza de focas.
Cuando los británicos usurparon el archipiélago en enero de 1833, la guarnición militar fue obligada a embarcarse, pero parte de la población civil y la peonada criolla (incluido el gaucho Antonio Rivero) permaneció. La rebelión de Rivero en agosto de 1833 refleja sometimiento, despojo y explotación laboral bajo dominio británico. La ilegitimidad de la ocupación no deriva solo de la expulsión física, sino del quebrantamiento violento de la integridad territorial y de la jurisdicción nacional argentina.
Geopolítica real vs. Voluntarismo militar
Es un error frecuente vincular el reclamo de soberanía con especulaciones geopolíticas apresuradas: insinuar que un saneamiento macroeconómico permitiría a la Argentina disputar o imponerse militarmente contra Gran Bretaña.
Ese razonamiento confunde recuperación económica con capacidad real de proyección aeronaval y disuasión estratégica. El Reino Unido es potencia militar de primer orden, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y dotado de disuasión nuclear, mientras que la Argentina atraviesa un reequipamiento gradual tras décadas de desinversión.
El reclamo argentino no requiere especulaciones bélicas ni voluntarismo militar; se sostiene en la geografía, la historia, las fuentes consolidadas del Derecho Internacional y en orientar intereses geopolíticos, industriales y estratégicos hacia el sur.
Conclusión
Este tipo de desarrollos teóricos tiene el mérito de exponer ante los públicos anglosajones y liberales la naturaleza usurpadora de la presencia británica en las Islas Malvinas desde 1833. Sin embargo, para defender la verdad histórica no hace falta forzar la filosofía política ni reducir los derechos soberanos de un país a la simple cerca de un pastizal.
Argentina no reclama las Malvinas porque sus peones hayan arreado ganado en el siglo XIX, sino porque el archipiélago constituye una pieza inalienable de su integridad territorial y la llave de su proyección bioceánica y antártica. En la densidad del derecho público y en la comprensión de la geopolítica real, y no en las consignas simplistas, radica la verdadera fuerza de nuestra causa.
* Mariano Castelli es Oficial Superior del Ejército Argentino (RE), abogado y Magíster en Defensa Nacional (estrategia y gestión de crisis).