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Cuando la realidad desmiente el relato oficial.

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Toda política necesita construir un proyecto. Gobernar exige seleccionar prioridades, interpretar datos, ordenar problemas y ofrecer una explicación de la realidad. Hasta allí, nada extraordinario. Ningún gobierno puede describir simultáneamente todo lo que ocurre. El problema nunca fue esa selección; comienza cuando esa selección deja de ser una herramienta para comprender la realidad y empieza a utilizarse para invalidar cualquier experiencia que la contradiga. A partir de ese momento ya no discutimos sólo políticas públicas. Empezamos a discutir quién tiene derecho a decir que la realidad que vive es efectivamente parte de la realidad colectiva.

En los últimos días, el presidente Javier Milei volvió sobre una idea que es una constante de su discurso. Si las estadísticas oficiales muestran crecimiento, quienes hablan de crisis están equivocados. Si los indicadores mejoran, las dificultades que millones de personas dicen experimentar no son más que operaciones políticas, manipulaciones mediáticas o campañas organizadas por "economistas precarios", "periodistas ensobrados" o, directamente, "excrementos opositores".

Pero esa compulsión escatológica encierra un problema mucho más profundo que los exabruptos verbales. Porque, si el archivo sirve para descalificar a los "excrementos opositores", también debería servir para hablar de "excrementos oficialistas". La simetría es perfecta. Y, por eso, revela el absurdo. Una democracia no puede dividir a sus ciudadanos entre personas moralmente buenas y personas moralmente malas según el sentido de su voto. Mucho menos sostener que sólo quienes acompañan al oficialismo son "personas de bien". Si sólo votar al Gobierno convierte a alguien en una persona de bien, toda oposición deja automáticamente de ser legítima. Ya no representa otra mirada; representa el mal. Y cuando la política deja de debatir proyectos para empezar a clasificar moralmente a los ciudadanos, deja de haber adversarios. Sólo quedan virtuosos y pecadores. Esa nunca fue una buena noticia para ninguna democracia.

Algo parecido ocurre con otra frase repetida por el presidente: "La foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor de la historia". La imagen busca transmitir esperanza. El problema no es político, es lógico. Una película está hecha de fotografías. Puede terminar siendo extraordinaria. Pero todavía no terminó. Transformar una expectativa a futuro en una evidencia presente no es una evaluación correcta de la realidad. Nadie puede saber cómo terminará la película. Lo único que puede observar es la fotografía que tiene delante. Y esa fotografía, en sus propias palabras, "sigue siendo horrible".

Lo mismo sucede con el uso de promedios; herramientas estadísticas indispensables. Pero tienen una característica incómoda: describen agregados, no personas. Peor, son ponderaciones. Y las ponderaciones pueden mejorar mientras millones de personas empeoran y una minoría mejora mucho más. El promedio no miente; pero no experimenta frío, desempleo, endeudamiento o incertidumbre. Si en una habitación la temperatura promedio es de veinte grados, ese dato puede ser correcto. Aun así, alguien puede estar congelándose a cero grados mientras otro transpira a cuarenta. El promedio describe el conjunto. No reemplaza la experiencia individual. Ningún promedio registra la angustia de quien perdió su empleo, la incertidumbre del comerciante que ya no sabe si abrirá el mes siguiente o la frustración de quien trabaja exactamente igual que hace dos años y descubre que su esfuerzo no alcanza. Las estadísticas describen una economía. Los gobiernos administran una sociedad. Y una sociedad está hecha de personas concretas, no de medias aritméticas.

El debate sobre la morosidad muestra la misma lógica. Discutir si representa o no un problema macroeconómico puede ser una discusión legítima. Lo que no es legítimo es deslegitimar la experiencia de millones de familias que no llegan a fin de mes. Cinco millones de personas no viven un promedio estadístico. Viven su economía cotidiana. Y lo mismo vale para el cierre de empresas, para la pérdida de empleo, para el consumo o para cualquier otro indicador social. La estadística ayuda a comprender una economía; no para negar la realidad de quienes viven dentro de ella. Y cuando la experiencia cotidiana de millones de personas deja de ser considerada una fuente legítima de información para convertirse en una prueba de ignorancia, manipulación o mala fe, el gobierno muestra que - frente a la contradicción entre indicadores y experiencias -, elige cuestionar la experiencia individual antes que preguntarse si los indicadores describen toda la realidad.

Tal vez el mayor riesgo de cualquier gobierno no sea equivocarse; todos se equivocan. El peligro aparece cuando deja de existir un mecanismo capaz de corregirlo. Porque la realidad cumple una función profundamente democrática: contradice, corrige, desmiente y obliga a revisar diagnósticos. Pero un poder que sólo reconoce como verdaderos los datos que confirman su relato termina perdiendo ese mecanismo. Y cuando eso ocurre, no aprende de la realidad y sólo buscará disciplinarla. Los gobiernos pueden discutir las causas de un problema. Lo que no deberían hacer es discutir la legitimidad de quienes dicen estar padeciéndolo. La realidad no necesita ganar una elección para existir. Y, tarde o temprano, siempre encontrará la manera de desmentir al poder.

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