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Estamos transitando una época histórica de gran volatilidad, el descrédito de los gobiernos y sistemas políticos, una descomposición social acelerada, una creciente fragilidad económica y financiera, que al potenciarse unos con otros van generando una extrema vulnerabilidad, lo que nos somete a tensiones permanentes.
Nuestro país no está exento de ello; hoy está atravesando una muy grave situación tras tantos años de políticas populistas que desencadenaron el mayor proceso inflacionario de los últimos 32 años, junto a un largo período de estancamiento económico y un significativo incremento de la pobreza. Una Nación desgastada por la grieta y una profunda crisis moral que la traspasa.
En este contexto aparece en nuestra vida institucional el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 con un extenso contenido y un proyecto de ley enviado al Congreso, denominado "ómnibus", por su versatilidad para abarcar diferentes materias, promovidos ambos por el recientemente elegido Presidente de los argentinos para hacerlos valer como una herramienta tendiente a lograr las transformaciones necesarias anunciadas en su pasada campaña electoral, orientadas a erradicar un modelo económico sometido a interferencias y regulaciones estatales que ahogaron durante años al sector privado, a controles de precios, a cepos cambiarios y a restricciones arbitrarias al comercio, a una presión tributaria que se ubica entre las más elevadas del mundo. Al haberse pronunciado mayoritariamente en las urnas la ciudadanía a favor de ese cambio, quedó demostrado que hay una voluntad del pueblo argentino de acompañar una transformación.
El debate sobre la constitucionalidad o no del Decreto de Necesidad y Urgencia, (DNU), que desregula la economía, no es incumbencia ni responsabilidad de los ciudadanos, por cuanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación es quien deberá decidir al respecto.
La Ley Ómnibus
"Ley de Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos". Así se denomina el proyecto de ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso: contiene pocas pero complejas leyes, como la "reforma de las funciones del Estado"; es la iniciativa más densa del listado. Incluye desregulaciones y reformas económicas, pero que no se pueden aprobar mediante DNU, como por ejemplo las modificaciones al régimen impositivo.
Dispone, entre otras cuestiones electorales - de exclusiva competencia del Parlamento- la derogación de las PASO, cambios en la forma de financiamiento de los partidos políticos e inhabilitaciones para ser candidatos a cargos electorales en elecciones generales, entre otros, a quienes desempeñan funciones directivas o fueron apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, la ciudad de Buenos Aires, municipalidades, entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar.
La "ley de impuestos a ingresos personales", es decir, la restitución del impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría de trabajadores y autónomos es otro de los temas que el presidente de la República le pide al Congreso que debata y sancione hasta el 31 de enero. La rebaja de este impuesto había sido impulsada por Sergio Massa durante la campaña electoral, primero por resolución y luego por ley. Con esta reversión, el Gobierno pretende volver a recaudar fondos que le permitirán reforzar sus arcas y también las de las provincias.
Implicancias y beneficios
El primer mandatario incluyó en el paquete de leyes el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), que ya tiene media sanción en Diputados desde junio de 2022. Ahora, la iniciativa va a ser tratada en estos días por el Senado.
Es una reforma que la Cámara Nacional Electoral viene reclamando desde 2007.
Hace ya bastante tiempo que numerosas entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y legisladores de distintos espacios políticos vienen reclamando la sustitución del actual y perimido sistema de votación electoral de nuestro país por el de la Boleta Única de Papel.
Este sistema electoral se viene utilizando en Santa Fe, Córdoba, San Luis. También la usan los argentinos que residen en el exterior y quienes votan en las cárceles.
Es un sistema de fácil lectura para el elector y por el uso de urnas separadas para cada categoría el recuento de votos en mucho más rápido.
El éxito de la BUP se evidencia también en la innumerable cantidad de países que la han incorporado (sólo 16 no tienen este sistema de elección).
No sólo se trata de un instrumento electoral sino también de otorgarle al pueblo una mejor posibilidad de elegir y ser elegido, generando equidad entre las fuerzas políticas porque no va a depender de las boletas que tenga.
Seguir contemplando la inclusión de sellos partidarios que tienen por único objetivo recibir recursos de todos los ciudadanos va en detrimento de los limitados fondos de un Estado de por sí quebrado que no puede darse el lujo de malgastar. No hay ya motivos valederos para que sigamos votando con el sistema actual de boleta partidaria.
Convergencia
En una democracia constitucional el pluralismo se mantiene intacto y el normal desacuerdo continúa existiendo, aunque su expresión deba estar condicionada a facilitar el objetivo prioritario, en el caso concreto: defender la calidad institucional, lo que implica manifestar en la práctica la voluntad de dotar de transparencia el proceso electoral, garantizando el derecho a ser elegido y permitir que las minorías se expresen, favoreciendo la eficacia de los comicios frente a arraigadas prácticas corruptas, y los legisladores, parte interesada en estas delicadas cuestiones, tienen hoy la responsabilidad de velar por ella.
Aprobar este cambio tan fundamental también contribuye a erradicar nefastas prácticas como las del llamado "voto cadena" o el robo de boletas.
Los legisladores tienen la posibilidad de comprometerse en favor de la democracia, terminando con el dispendio económico y las trampas electorales.
Impulsar la aprobación del proyecto para que su uso rija desde los próximos comicios electorales resulta imprescindible.
En un país con un altísimo nivel de confrontación, que legisladores de diferentes partidos políticos puedan dialogar, trabajar en forma conjunta y arribar a acuerdos como el citado ofrecería un excelente ejemplo al conjunto de la ciudadanía y significaría un claro compromiso por incrementar los niveles de transparencia y por fortalecer nuestro sistema democrático.
Como quedara expuesto, las consecuencias de no alcanzar acuerdos son enormes. Más que nunca, hoy no nos podemos permitir la paralización porque los costos de retrasar las decisiones oportunas son muy elevados.
El ministro del Interior Guillermo Francos comunicó al pueblo que "Estamos en una situación de emergencia como nunca antes enfrentó Argentina. El Estado está destruido, no tiene capacidad para afrontar los problemas más esenciales que tiene que cubrir"
La situación que vive nuestra Nación no da para planteos estériles. No se construyen políticas públicas a largo plazo si no hay acuerdos para llevarlas adelante y una compresión clara de todos los estamentos de cuál es el punto de partida. Pareciera que hay sectores de la política que saben que estamos en un contexto difícil, pero no entienden la profundidad de la crisis.
La reconstrucción del País es una de las grandes tareas de nuestra época, ello dependerá del trabajo de cada uno de los legisladores y de la colectividad por recuperar los valores constitutivos de la democracia.