Muchas veces una ley o un decreto, adoptados según el procedimiento establecido por las normas vigentes, encuentra resistencia pública por razón de su contenido o de su oportunidad. Esa resistencia puede hacerla inadmisible para la voluntad popular y quitarle así legitimidad a pesar de haber sido legalmente establecida. Hoy nos encontramos con la situación inversa: un gobierno consagrado por un voto popular que podríamos definir como "plebiscitario", con un claro sentido político: expresión de hartazgo y de deseo de cambio popular.
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Muchas veces una ley o un decreto, adoptados según el procedimiento establecido por las normas vigentes, encuentra resistencia pública por razón de su contenido o de su oportunidad. Esa resistencia puede hacerla inadmisible para la voluntad popular y quitarle así legitimidad a pesar de haber sido legalmente establecida. Hoy nos encontramos con la situación inversa: un gobierno consagrado por un voto popular que podríamos definir como "plebiscitario", con un claro sentido político: expresión de hartazgo y de deseo de cambio popular.
Es un gobierno con una legitimidad como pocos han tenido en Argentina, pero que carece de la base de representación política en el Parlamento como para poder, a pesar de su legitimidad, obtener la legalidad de las medidas que promoverá para asegurar su gobernabilidad. Y esta dependerá del éxito de las medidas que tendrá que adoptar para sacar al país de la difícil situación heredada. Medidas que tendrán consecuencias y generarán resistencias de diversos sectores hasta el punto de poner en duda la legitimidad de algunas de ellas.
Ya lo hemos escuchado: "el pueblo los votó para gobernar, pero no para privatizar las empresas públicas y nos opondremos hasta el límite de nuestra resistencia".
Desde el Congreso
Desde esta perspectiva debe juzgarse el rol de las fuerzas políticas con presencia en el Parlamento y de aquellos que tienen responsabilidades ejecutivas a nivel de las provincias o de las intendencias.
Sus opciones son limitadas:
1) acompañar las propuestas del Gobierno, reconocer su legitimidad y aportarles la legalidad necesaria para asegurarle la gobernabilidad, incluso más allá de consideraciones sobre aspectos ideológicos, técnicos o de oportunidad;
2) oponerse a ellas ya sea por la convicción de que, a pesar de la voluntad popular, se iría contra el interés de sus representados, o por especulación política, pensando que el voto popular no ha sido más que una expresión pasajera que cambiará con el tiempo. En el primer caso, se estaría poniendo el interés o la opinión de un grupo específico sobre el interés general, sería un caso típico de sectarismo. En el segundo, la mera especulación de quien se guía no por el interés popular (que constitucionalmente solo se expresa por el voto) sino por su interés partidista o institucional.
3) ejercer una actitud "pragmática", "casuística": esta norma la apoyo, aquella no, en esta me abstengo. Las razones de esa actitud pueden variar desde la existencia de criterios políticamente válidos acerca de la conveniencia o no de la adopción de ciertas normas, en función de sus consecuencias u oportunidad, ejercidos con sentido positivo y procurando hacer un aporte constructivo a la acción de gobierno, hasta el mero ejercicio del oportunismo en busca de ventajas específicas a cambio de apoyos medidos en función de los intereses propios y no de los de la comunidad.
Obviamente los representantes del partido oficialista adoptarán la primera de estas opciones. El "kirchnerismo", la izquierda ideológica e institucional y los sectores o grupos que perderán privilegios ante las reformas anunciadas, optarán por la segunda y llevarán su oposición hasta donde sus fuerzas se lo permitan y hasta donde la capacidad de contención del gobierno los detenga.
La emergente oposición
Resulta interesante, en cambio, observar la actitud adoptada por diversos sectores de la emergente "oposición", buena parte de la cual podría estar conformando una coalición de apoyo, con mayor o menor participación en el gobierno. Aquí hay que analizar, por un lado, la actitud del nuevo partido gobernante poseído de fuerte legitimidad pero corroído por las contradicciones entre un discurso electoral que ha demostrado ser altamente eficiente, porque supo interpretar el sentimiento más profundo de un pueblo harto de la mentira, la corrupción y el fracaso, y las limitadas posibilidades de transformación de una realidad caracterizada por el deterioro social, la inestabilidad, la recesión y la falta de confianza en la acción de gobierno.
Esa tensión lo ha llevado a cerrarse en sí mismo, a mantener una relación complicada y contradictoria con diversos sectores políticos; a no ser capaz, hasta aquí al menos, de armar una coalición social y política suficientemente amplia coma para asegurar la gobernabilidad necesaria para llevar adelante el programa de profundas transformaciones que la sociedad espera.
De algunos sectores de esa "oposición" en cambio, podemos observar una posición un tanto mezquina y alejada de las esperanzas del grueso de la población que votó por los comentados cambios profundos.
Unos, perdidos en sus propias contradicciones, como una parte importante del radicalismo, que nada tiene en común con el "kirchnerismo" y su espíritu esencialmente anti-democrático, pero que no se siente cómodo con las políticas de apertura y liberalización de la economía que propugna este gobierno y que, en definitiva, son las que tácitamente voto el grueso de la ciudadanía. Es el radicalismo que abandonó en su momento a Juan Sourrouille y después a Ricardo López Murphy, cuando intentaron aportar racionalidad en el manejo de la economía.
El otro, es un radicalismo oportunista, especulativo, con poder territorial en el ámbito universitario, con poco o nada en común con el gobierno entrante. Y dispuesto a ser oposición firme en la medida en que amenace sus privilegios. Queda otra parte del radicalismo, eficiente en el manejo territorial y por ello con fuerte apoyo popular en las provincias o intendencias que gobierna que seguramente sabrá negociar y encontrar las vías de diálogo y apoyo al proyecto del gobierno nacional. Esto nos anuncia un futuro cargado de luchas intestinas e incertidumbres en el radicalismo.
Algo semejante sucede en el PRO. Fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, pero con un cambio de guardia y transferencias de poder político que aún están por verse. Recién entronizado en Entre Ríos, de donde podrá surgir un futuro liderazgo nacional, que no ahorrará esfuerzos por conquistar nuevos espacios y que posiblemente supeditará su apoyo al gobierno nacional a ese objetivo. Otra parte de esta fuerza se divide entre aquellos que se han integrado al gobierno nacional y aquellos que, bajo la figura del expresidente Macri, intentan influenciar, ocupar espacios y condicionar ideológicamente el futuro de aquel.
Quedan las fuerzas provinciales, de futuro también incierto, unas condicionadas por su necesidad de recursos y apoyo del gobierno nacional. Otras, todavía ligadas a un pasado en vías de extinción y dispuestas a negociar su futuro con el gobierno nacional a cambio de los recursos que les permitan subsistir en un marco de transformación que, algunas podrán acompañar y ser grandes beneficiarias, mientras que otras que seguramente se estrellarán en su falta de perspectiva histórica e incapacidad de acoplarse al proceso de transformación y a las oportunidades que tienen por delante.
La gobernabilidad
Finalmente, hay un conjunto de fuerzas, o más bien de dirigentes, que están uniendo sus recursos parlamentarios para presentarse como árbitros, facilitadores o intermediarios, entre unos y otros En algunos casos por no haber podido integrarse al gobierno nacional, en otros, por consideraciones ideológicas o de oportunidad. Probablemente el gobierno nacional los tendrá en cuenta o recurrirá a ellos (o no) según sea la situación que tenga por delante.
En definitiva, buena parte de esta "oposición" está poniendo por delante sus intereses específicos o, en el mejor de los casos, su compromiso ideológico, frente a un gobierno nacional fuerte en su legitimidad, débil en su capacidad para obtener la legalidad que requieren sus proyectos, necesarios para asegurar la gobernabilidad. En este contexto, sería conveniente que el gobierno nacional que tuviese una mirada más amplia hacia aquellos sectores que ha dejado al margen de la construcción de una coalición con capacidad de alcanzar esos objetivos y que la oposición comprendiera que su responsabilidad ineludible es apoyar a un gobierno rebosante de legitimidad, que aún está a la búsqueda del camino justo para asegurar las transformaciones para las que fue votado.
Si la situación se complicara ¿comprenderá "la política" que, si no le aporta legalidad al fruto de la legitimidad, afectará a la gobernabilidad y que la alternativa sigue siendo el retorno a la oscuridad y al atraso?