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El episodio protagonizado por el secretario administrativo del Concejo Deliberante de Orán, Pablo Cobos, quien agravió en el recinto de deliberaciones a El Tribuno y, de hecho, a todos sus integrantes, derivó en una retractación pública, a través de una mediación judicial, en las que pidió disculpas y manifestó su arrepentimiento.
Las disculpas fueron aceptadas, pero es importante tomar en cuenta la verdadera dimensión de lo ocurrido el 15 de marzo pasado. En primer lugar, cabe destacar que no se trató de un exabrupto aislado. Fue parte de una extensa exposición en la que abundaron los agravios a los periodistas en general, que fueron acusados de estar "ensobrados", una muletilla muy generalizada en los últimos tiempos. Un síntoma del Estado autoritario e irresponsable.
La impunidad que otorga el anonimato de las redes, convertidas en un nuevo instrumento político, muy bien capitalizado por funcionarios y legisladores, que recurren a legiones de trolls como factor multiplicador degrada el discurso y el debate, mientras el lenguaje chabacano desplaza al pensamiento político. Pero no son las redes, que representan un avance comunicacional sin precedentes: es la construcción sistemática de un sistema maniqueo, binario, que reniega de la pluralidad, columna vertebral de la democracia, y que divide al mundo o a la sociedad entre el bien y el mal. Dos polos inconciliables. Y este fenómeno crece junto con liderazgos "iluminados", relatos mitológicos y con la política convertida en una guerra.
De derecha o de izquierda, los autoritarios y los ineficientes atacan al ejercicio profesional del periodismo. Sin democracia partidaria, ni código de ética y, ni siquiera, valores ideológicos sustentables, la mediocridad se multiplica.
Los ataques al periodismo profesional aumentan en proporción directa con los escándalos de corrupción; cuando los problemas desbordan a las autoridades o cuando, como venía sucediendo con el Deliberante de Orán, la diletancia se instala como cultura política.
Y asoma, constantemente, la idea perversa de la censura previa.
Frente a la injuria, está la Justicia. La libertad de expresión tiene límites: la mentira, la calumnia o la irresponsabilidad no están contempladas este derecho inherente a la democracia. Y quien se considera agraviado, tiene derecho a exigir una reparación, como lo hizo ahora El Tribuno. Y como lo puede hacer cualquier ciudadano frente a quien lo agravie.
El agravio y la calumnia tampoco entran en los códigos del periodismo profesional. Con más énfasis o más sobriamente, según el estilo, la información debe arrojar certezas suficientes sobre la credibilidad de las fuentes; estén identificadas, o no. Pero tampoco puede callarse aquello que es verdad. Construir la noticia no es dejar librado el texto a la imaginación; eso sería mitología o ficción. Se trata de una búsqueda cuidadosa, equilibrada y sostenible, que es la razón de ser del periodismo. Y una búsqueda necesaria porque la verdad de la política debe mostrar las dos caras. Y los actores de la política solo muestran la que les conviene.
La división de poderes del Estado, los sistemas de auditoría y el periodismo profesional molestan al poder cuando funcionan con independencia. "El poder corrompe; el poder absoluto, corrompe absolutamente", advertía en el siglo XIX Lord John Emerich Acton. Una definición que remite a la esencia de la República.
La libertad de prensa, de opinión y de expresión son la médula de la democracia. ¿Cómo va a opinar y decidir el pueblo si la única información de que dispone es el parte de prensa?
Ningún medio periodístico debe tolerar una injuria, sea contra él, contra otro medio o contra cualquier periodista. Y la respuesta debe ser clara, contundente y sin ambigüedades, apelando al imperio de la Ley y de la Justicia.