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El caso de Loan Danilo Peña no solo toca los sentimientos más profundos de la gente, sino que revela la indefensión de un niño de cinco años desaparecido en medio de una fiesta familiar en un pequeño pueblo rural. Pero no es una excepción.
Según la ONG Missing Children Argentina, actualmente hay 115 niños, niñas y adolescentes desaparecidos en el país, de los cuales 40 ya son mayores de edad. Frente a ese dato dramático, cabe recordar casos que provocaron un impacto similar, como el de Sofía Herrera, que desapareció en 2008, con apenas tres años mientras paseaba con su papá y a otros niños en un cámping de Tierra del Fuego. Guadalupe Lucero tenía cinco años cuando desapareció, en 2021, mientras jugaba en la vereda en un barrio de San Luis. Maxi Sosa, de tres años, desapareció en 2021 en Ceres, Santa Fe, también mientras jugaba en la vereda. Brisa Aylén Pereyra tenía cinco años cuando el 21 de julio de 2015 su papá la dejó en la vereda de la casa de su expareja en la zona de Barracas, en la CABA. Recién 40 días después ambos padres se enteraron de que la nena estaba desaparecida.
Cuando un menor desaparece, la primera hipótesis que se debe considerar es la de un caso de trata de personas, o sea, un robo para dar al niño en adopción, para entregarlo a redes de pornografía o prostitución infantil u otro negocio transnacional. La trata de personas es uno de los rubros del crimen organizado, es decir de organizaciones complejas, que no tienen ninguna duda para asesinar y hacer desaparecer a la víctima en caso de que mantenerla con vida se vuelva peligroso.
Contradicciones y mentiras
El aluvión de datos, opiniones y conjeturas que se han escuchado desde el 13 de junio muestran elementos que comprometen a toda la familia. Hay contradicciones y flagrantes mentiras, y se suman elementos de gravedad, como la imputación y detención del comisario del pueblo, de un capitán de navío retirado y de su mujer, funcionaria municipal, además de un tío político del niño y un matrimonio amigo.
La inverosímil denuncia de la tía del niño, Laudelina Peña, que acusó al ex marino Carlos Pérez y a su pareja, la exfuncionaria María Victoria Caillava, de haberlo atropellado y ocultado no hace más que diversificar las sospechas. En primer lugar, porque llevó el caso a una fiscalía de la Justicia provincial en la ciudad de Corrientes, a 200 kilómetros de Goya, probablemente, para sacar el caso de la Justicia Federal. Además, acusó al matrimonio de haberla amenazado. Y la respuesta de Pérez y Caillava fue: que investiguen a Laudelina y sus vínculos con el gobernador, Gustavo Valdés, que inexplicablemente expuso su autoridad y, quizá ingenuamente, arrojó sombras sobre su transparencia asegurando que el caso estaba aclarado. Y también sugieren que se investigue el vínculo de la pareja de Laudelina, Antonio Benítez, con el comisario Walter Maciel, ambos detenidos.
¿El gobernador no sabe que el crimen organizado también está en el país? ¿O trató de evitar que un caso de trata de niños, tan resonante, empañara su gestión?
Déficit del Estado
Cientos de episodios que tienen como víctima a un menor hablan a las claras del déficit del Estado, que debe ofrecer un sistema de asistencia social preventiva, a cargo de profesionales y adecuada a los diferentes contextos.
Al mismo tiempo, es imprescindible tomar conciencia de que el crimen organizado está instalado en Latinoamérica, no solo se dedica al narcotráfico, tiene despliegue internacional y construye lazos con funcionarios, magistrados y empresarios de pocos escrúpulos.
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