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Las Naciones Unidas no van a desaparecer. Probablemente seguirán celebrando asambleas generales, produciendo resoluciones, desplegando funcionarios, manteniendo operaciones humanitarias y atendiendo refugiados, hambrunas y catástrofes. Pero eso no significa que la ONU que conocimos desde 1945 vaya a sobrevivir políticamente. Lo que parece aproximarse es algo diferente: el fin de un ciclo histórico en el que todavía era concebible imaginar a las Naciones Unidas como el centro normativo de un orden internacional fundado en reglas.
La paradoja es evidente. Nunca desde el término de la Segunda Guerra Mundial hubo tanta necesidad de una institución internacional capaz de intervenir políticamente, y nunca pareció tan incapaz de hacerlo. Ucrania, Gaza, Sudán, las tensiones en torno a Taiwán, la rivalidad entre Estados Unidos y China, y la progresiva erosión del derecho internacional dibujan un sistema internacional crecientemente dominado por relaciones de fuerza.
El paso del tiempo
El problema no es simplemente que la ONU funcione mal. Es más profundo: la distribución de poder sobre la que fue construida en 1945 dejó de corresponder al mundo actual, pero quienes tienen capacidad para reformarla son precisamente quienes más se benefician de esa estructura.
Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido conservan el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Desde hace décadas se debate su reforma, pero esta sigue dependiendo de los propios Estados miembros y, en última instancia, de quienes detentan el poder privilegiado dentro del sistema. El resultado es una contradicción de fondo: se pretende reformar el multilateralismo mediante una estructura cuya característica esencial consiste precisamente en proteger la posición de las grandes potencias.
La elección del próximo secretario general vuelve a poner de manifiesto el problema. Para ocupar el cargo hay que sobrevivir políticamente ante los cinco miembros permanentes. No basta con tener una visión sobre el futuro de las Naciones Unidas: hay que resultar tolerable para Washington, Pekín, Moscú, París y Londres.
El proceso de selección en curso resulta, por eso, particularmente revelador.
El sábado 19 de septiembre, un día después del tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad, Michelle Bachelet anunció que no continuaría con su candidatura a la Secretaría General. Bachelet representaba un perfil eminentemente político: dos veces presidenta de Chile, ministra de Defensa y de Salud, directora de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Su concepción de las Naciones Unidas estaba directamente asociada a la defensa de la Carta, los derechos humanos, el derecho internacional y la recuperación de la capacidad política de la organización. El desenlace fue inequívoco. En la tercera ronda obtuvo un voto de aliento, once de rechazo y tres sin opinión, y quedó séptima entre ocho candidaturas; en la consulta anterior había reunido dos apoyos y seis rechazos. A medida que el proceso avanzaba y las posiciones se definían, el respaldo no se amplió: se desmoronó. Su propia despedida lo formuló con precisión, al admitir que algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quiso representar.
A ello se agregó una circunstancia poco habitual: la nominación, presentada en su origen por Chile, Brasil y México, había perdido en marzo el patrocinio de su propio país, cuando el gobierno de José Antonio Kast retiró el apoyo oficial. Brasil y México lo mantuvieron hasta el final. No fue derrotada por una candidatura mejor. Fue desplazada por un procedimiento que premia otra cosa.
Otro perfil
Su retiro y la consolidación de Rebeca Grynspan y Carolyn Rodrigues-Birkett a la cabeza de la carrera representan algo más que una disputa entre candidaturas latinoamericanas. Expresan dos concepciones distintas del liderazgo. Grynspan cuenta con una extensa trayectoria internacional PNUD, Secretaría General Iberoamericana, UNCTAD y una reconocida habilidad para negociar y construir consensos. Pero precisamente ahí surge la pregunta de fondo: ¿necesita la ONU de hoy principalmente una administradora eficaz del consenso o una autoridad política capaz de actuar cuando el consenso se ha roto?
El tercer sondeo, realizado el 18 de septiembre, dejó a Grynspan encabezando la competencia con nueve votos favorables, aunque también con cinco en contra, seguida por la embajadora guyanesa ante la ONU, con ocho y seis. Ninguna de las dos ha alcanzado todavía una posición a resguardo del veto, y solo en la ronda siguiente los cinco miembros permanentes votarán con papeletas de distinto color, de modo que sus vetos queden a la vista. Nada está decidido aún. Pero el mecanismo mismo alienta la búsqueda de candidatos suficientemente aceptables para las grandes potencias. (**) Y ese puede convertirse en el problema central de la próxima etapa.
Una fase de austeridad
La ONU enfrenta, además, una severa fase de austeridad. La iniciativa UN80 reconoce duplicaciones, fragmentación institucional y la necesidad de revisar mandatos y estructuras. Los recursos del sistema podrían reducirse alrededor de un 25% durante 2026. La reforma administrativa es indispensable: existen agencias, programas y estructuras superpuestas que deben fusionarse, reducirse o eliminarse.
Pero reformar burocracias no equivale a reformar el poder. Puede construirse una ONU más austera, digitalizada y eficiente, y al mismo tiempo políticamente más irrelevante. Ese es el riesgo.
Mientras el Consejo de Seguridad permanece paralizado ante conflictos en los que están directamente involucrados los intereses de sus miembros permanentes, las Naciones Unidas pueden terminar especializándose en gestionar las consecuencias de decisiones adoptadas fuera de ellas. Alimentarán a refugiados que no pudieron evitar que fueran expulsados. Atenderán hambrunas provocadas por guerras que no pudieron detener. Mantendrán campamentos para desplazados de conflictos sobre los cuales no tuvieron influencia política alguna. Y lo harán con menos recursos.
Nos encontramos así ante una posible transformación histórica: de una organización concebida para construir seguridad colectiva a una organización dedicada cada vez más a administrar humanitariamente el desorden internacional. No sería el fin institucional de las Naciones Unidas. Sería algo más silencioso.
La ONU continuaría funcionando. Tendría secretario general, Asamblea General, funcionarios, informes, programas y agencias. Seguiría siendo indispensable para millones de personas. Pero las decisiones fundamentales sobre guerra, paz y distribución del poder volverían progresivamente a las capitales de las grandes potencias.
Ochenta años después de San Francisco, ese podría ser el verdadero fin de ciclo: no la muerte de las Naciones Unidas, sino el agotamiento de la ambición política que justificó su nacimiento.
(*) Paulo Hidalgo es un académico chileno, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de York, Inglaterra. Realizó estudios de postgrado en la Universidad de Essex, obtuvo el Magíster en Estado y Sociedad en FLACSO sede México y es Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
(**) La nueva votación está prevista para el 16 de octubre