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El 9 de octubre, el Comité Noruego del Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem "Navi" Pillay, jurista sudafricana de 85 años, por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. La noticia la encontró en la Sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg, el mismo recinto donde en 1945 se juzgó por primera vez a los jerarcas de un Estado por crímenes contra la humanidad. En el 125° aniversario del premio, y entre 287 candidaturas, el Comité no eligió al mediador de un acuerdo coyuntural sino a una idea: que la paz requiere justicia. No es un gesto simbólico. Es una toma de posición en la disputa central de las relaciones internacionales contemporáneas: si el orden global se rige por reglas o por la fuerza.
La biografía de Pillay es, en buena medida, la biografía del derecho internacional penal moderno. Nació en Durban en 1941, en una familia de origen tamil descendiente de trabajadores de las plantaciones de caña.
En 1967, con 26 años, fue la primera mujer no blanca en abrir un estudio jurídico en la provincia de Natal, y desde allí litigó para conquistar derechos básicos de los presos políticos de Robben Island, entre ellos Nelson Mandela. En 1988 se doctoró en Harvard.
Una trayectoria notable
En 1995, ya en democracia, fue la primera mujer no blanca en integrar el Tribunal Superior sudafricano. Ese mismo año llegó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, donde trabajó ocho años, cuatro como presidenta, y donde el caso Akayesu estableció por primera vez que la violación puede constituir un acto de genocidio.
Siguieron la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2008, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014, la presidencia de la Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado entre 2021 y 2025 y, hoy, el cargo de jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia en el caso por genocidio contra Myanmar. Seis décadas, cinco instituciones, una misma premisa: nadie está por encima de la ley. Una trayectoria sin manchas profesionales, enarbolando lo mejor de justicia internacional y revindicando al rol de la mujer en este espacio de poder.
El poder por sobre la ley
El premio debe leerse contra su contexto. El realismo clásico sostuvo siempre que el derecho internacional es un subproducto del poder, vigente mientras conviene a los fuertes. El año 2026 parece darle la razón. En agosto, las sanciones de Estados Unidos alcanzaban a nueve de los dieciocho jueces de la Corte Penal Internacional, a sus dos fiscales adjuntos y a un exfiscal. En septiembre sumó la presidenta del tribunal, Tomoko Akane y en octubre sancionó a toda la Corte como institución. Las sanciones congelan activos y desconectan a magistrados del sistema financiero por haber autorizado investigaciones sobre Afganistán o las órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, de Israel.
Es exactamente lo que el Comité Nobel denunció: jueces sancionados e instituciones bajo ataque. La paradoja que señalé en estas páginas a fines de 2025 sigue vigente: quienes erosionan el derecho internacional siguen necesitando su lenguaje para justificarse. Y un sistema que obliga a los poderosos a dar explicaciones es, todavía, un sistema que funciona.
Las razones de un premio
La elección tiene además tres capas que no son accesorias. Pillay es mujer: antes de ella, sólo 20 mujeres habían recibido el Nobel de la Paz frente a 92 hombres, de modo que en 125 años las mujeres apenas superan el 18% de los laureados individuales.
Su aporte jurídico más perdurable, el reconocimiento de la violencia sexual como instrumento de destrucción de un grupo, nació precisamente de incorporar al derecho una experiencia que los tribunales habían ignorado.
Es sudafricana: la quinta de su país en recibir el premio, después de Albert Luthuli, Desmond Tutu, Nelson Mandela y Frederik de Klerk, y proviene del Estado que, habiendo padecido el apartheid, llevó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2023 por violar la Convención contra el Genocidio.
Y presidió la comisión que el 16 de septiembre de 2025 concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza, demostrando que existían fundamentos razonables para afirmar la ejecución de cuatro de los cinco actos que tipifica la Convención de 1948 con la intención específica que exige la figura. Israel rechazó el informe. Según el Ministerio de Salud de Gaza, a mediados de septiembre de 2026 los muertos superaban los 73.700 y los heridos los 174.700, con más de 1.300 víctimas fatales posteriores al alto el fuego de octubre de 2025.
El rigor exige, sin embargo, precisión. La conclusión de una comisión de investigación no es una sentencia, y el propio Comité Nobel aclaró que corresponde a un tribunal internacional determinar si hubo genocidio. Ese tribunal avanza a su ritmo: Israel presentó su contramemoria en marzo de 2026 con objeciones a la jurisdicción de la Corte de Justicia Internacional mientras Netanyahu este prófugo de la Corte Penal Internacional.
Sudáfrica tiene plazo hasta noviembre de 2027 para replicar e Israel hasta mayo de 2029 para su contra replica. Por eso el trabajo de las comisiones importa: preservan prueba, fijan hechos y ordenan la discusión mientras la justicia llega. Las críticas a Pillay existen y deben considerarse. Organizaciones como UN Watch cuestionan su imparcialidad por declaraciones previas a su designación. Pero la respuesta oficial israelí, que comparó al Comité con Joseph Goebbels, eligió la descalificación antes que el argumento. Quien responde a un informe jurídico con insultos revela que no tiene uno mejor para oponer.
La experiencia argentina
Para la Argentina, la discusión no es ajena. El país que juzgó a sus juntas militares en 1985, que reabrió los juicios por crímenes de lesa humanidad y que ratificó el Estatuto de Roma en 2001 construyó buena parte de su prestigio internacional sobre esa tradición.
Una argentina, Silvia Fernández de Gurmendi, fue la primera mujer en presidir la Corte Penal Internacional. Esa herencia convive hoy con una política exterior alineada con el gobierno que sanciona a esa misma Corte.
Pillay advirtió en Núremberg que debilitar la justicia internacional es arriesgarse a volver a un mundo donde el poder, y no la ley, decide qué sufrimiento importa.
El Nobel no detendrá ninguna guerra. Pero recuerda algo que los países de poder medio no pueden olvidar sin pagar un costo: fuera de las reglas, sólo queda la fuerza. Y en ese terreno, la Argentina no tiene nada que ganar, excepto la humillación de ser vasallos de la Estados Unidos de Donald Trump, quien la historia pondrá en su lugar, tal cual, hoy la pone a la jueza Pillay.